El juez imputa a los ultras que reventaron la marcha de Valencia delitos de odio, lesiones y desórdenes públicos

El juez ha imputado a 13 ultras por reventar la manifestación del 9 d'Octubre convocada en Valencia bajo el lema Sí al valencià. Los investigados por supuestos delitos de odio, lesiones, robo con violencia, daños y desórdenes públicos están "relacionadas con el entorno activo de ideologías próximas a la derecha más radical de esta comunidad y provincia, particularmente como integrantes o simpatizantes del grupo Yomus", los hooligans del Valencia CF, señala el atestado policial incorporado a la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 15 de la ciudad.

Más información

Miles de personas condenan en Valencia las agresiones del 9 d‘Octubre

La policía detiene a otros tres ultras por las agresiones en la manifestación de Valencia

El 9 de octubre, la manifestación que habitualmente se celebra por la tarde el Día de la Comunidad Valenciana, en que se conmemora la entrada del rey Jaume I a la ciudad en el año 1238, fue escenario de graves agresiones contra personas que asistían a la marcha.

En las semanas siguientes, los agresores, que actuaron a cara descubierta, golpeando y apaleando a manifestantes, fueron identificados y detenidos por la policía gracias a las numerosas imágenes disponibles de lo sucedido.

Los agresores eran conocidos por la Brigada Provincial de Información, que también sabía de su ideología extrema. Uno de atacantes, Vicent Estruch, llamado El Alfarrasí, dirigente de los Yomus, a quien puede verse en algunas imágenes blandiendo el palo de una bandera, lleva un retrato de Hitler y una esvástica de grandes dimensiones tatuados en el muslo de la pierna derecha.

De los 13 investigados, nueve pertenecen a los Yomus, según el atestado policial citado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el comunicado en el que ha informado de la decisión judicial. Otro sospechoso ha estado vinculado a los Gandiblues, los seguidores radicales del CF Gandia.

Fuentes de la investigación han indicado a EL PAÍS que el procedimiento se encuentra en una fase muy incipiente. La sección especial de Delitos de Odio de la Fiscalía de Valencia tuvo que suspender sus pesquisas, que había abierto de oficio, e inhibirse a favor del juzgado cuando este abrió sus propias diligencias. Sobre la mesa está la posibilidad de que a los sospechosos se les atribuya también pertenencia a asociación ilícita u organización criminal. Como indicios de ese posible delito, se investigan los mensajes que algunos imputados enviaron a través de las redes sociales los días anteriores a los incidentes, en los que llamaban a impedir la manifestación convocada por la Comissió 9 d'Octubre, integrada por diversas entidades.

El delito de odio que se les imputa se denomina técnicamente delito contra los derechos fundamentales con motivación discriminatoria por razones ideológicas

Varias denuncias

El magistrado ha incorporado a la causa, además del atestado policial, las diligencias abiertas por la fiscalía, las denuncias presentadas por la Red Española de Inmigración y el Movimiento contra la Intolerancia, así como diversa documentación gráfica aportada por otras entidades. El instructor ha reclamado la denuncia de una agredida que recayó en otro juzgado.

El procedimiento incluye el delito de robo por violencia en grado de tentativa por el intento de un agresor de apoderarse de la cámara fotográfica de un reportero gráfico de EL PAÍS que cubría la manifestación, que también fue golpeado por los ultras.

El juez acuerda en el auto citar a declarar a los investigados y a los agredidos, que serán examinados por un médico forense. El instructor ofrece al Ayuntamiento de Valencia la posibilidad de personarse para reclamar los daños en el mobiliario urbano que causaron presuntamente los imputados.