Puigdemont y sus exconsejeros entran en la rueda judicial belga

El procesamiento de Carles Puigdemont entra en la fase belga. La Fiscalía federal ha recibido las órdenes de detención y entrega de Puigdemont y el resto de exconsellers, dictadas ayer por la juez Carmen Lamela, y ya se encuentra estudiándolas. Una vez concluyan ese examen, remitirán el dossier a un juez cuya designación está prevista para este domingo o el lunes. "Estamos dispuestos a colaborar plenamente con la justicia belga con respecto a la orden de arresto europea emitida por España", ha afirmado este sábado Puigdemont a través de un mensaje publicado en neerlandés en su cuenta de Twitter, señal inequívoca de que acudirá voluntariamente a que le tomen declaración.

La entrada de Puigdemont en la rueda judicial belga está llena de hipótesis. Cuando el magistrado reciba la euroorden, este convocará a Puigdemont y los cuatro exconsejeros, cuyo paradero actual no ha trascendido públicamente. Están acusados de rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación. Desde el momento en que comparezcan a petición del juez, se abrirá un plazo de 24 horas para que el magistrado decida entre dos opciones: mantener a Puigdemont y sus compañeros del Govern en prisión preventiva mientras se gestiona su entrega, o dejarles libres bajo determinadas condiciones. Una tercera, la posibilidad de que Bélgica rechace la euroorden, también aparece entre las alternativas tal como recordó ayer el ministro de Justicia, Koen Geens, en un comunicado. Pero resulta del todo improbable que suceda, y de ser así abriría una crisis diplomática entre Bélgica y España.

Si Puigdemont aceptara la euroorden, el proceso se aceleraría y sería entregado a las autoridades españolas en un breve lapso de tiempo. Pero esa opción es inexistente hoy por hoy. Como expresó en la entrevista emitida anoche por la televisión pública belga RTBF, el expresidente no cree en la imparcialidad de la justicia española. “Está politizada. No hay garantías de un juicio justo e independiente", aseguró. En el estudio de la televisión francófona, Puigdemont dijo querer ser juzgado por "la justicia verdadera", una categoría en la que no incluye a la española. Cuando el expresidente rechace la euroorden, la Cámara del Consejo, la primera instancia judicial, tendrá 15 días para pronunciarse sobre su entrega, pero la decisión podrá ser recurrida.

El experto en extradiciones Paul Bekaert, antiguo defensor de presos etarras ha mostrado en público la misma desconfianza hacia la justicia española que su cliente. El letrado planea utilizar como argumentos para paralizar su entrega el riesgo de que en España no se respeten los derechos fundamentales y la imposibilidad de un juicio justo. Si el abogado agotara todas las vías de recurso, podría retrasar la ejecución del mandato de arresto más de dos meses, lo cual permitiría a Puigdemont seguir en Bélgica hasta enero o febrero. Incluso después de las elecciones del 21-D para las que se ha propuesto como candidato y ha pedido una lista unitaria independentista a favor de la cual quiere hacer campaña desde Bélgica.

El titular de Justicia belga ha querido alejar cualquier sospecha de interferencia del Gobierno de su país en el proceso. "El poder ejecutivo no juega ningún papel en el procedimiento. Todo se desarrolla mediante contactos directos entre autoridades judiciales", afirmó en un comunicado publicado en la noche del viernes.

La diplomacia española en Bélgica asegura que hasta ahora no ha habido ningún problema con las autoridades belgas, y espera una colaboración total en el pleno judicial y policial. En el pasado, Bélgica y España mantuvieron importantes desencuentros en torno a la concesión de asilo a etarras detenidos. Un roce que desde Madrid esperan no ver repetido con el caso Puigdemont.