Bélgica admitió a trámite el asilo del etarra tras las presiones del embajador español

Las presiones del Gobierno español para que el etarra Juan Cruz Maiztegui fuera expulsado de Bélgica y reenviado a México han sido el factor decisivo para que ahora se tramite a favor de éste su petición de asilo político. Así se desprende de las declaraciones realizadas ayer a este periódico por el embajador español, Manuel Benavides, y del comisario real belga para los refugiados, Luc de Smet. El primero admitió las presiones de Madrid a Bruselas, siempre negadas por el Gobierno español. El segundo reconoció que no habría apoyado la petición de asilo si Maiztegui hubiera podido entrar en Bélgica.

Oficialmente, el Gobierno español ha permanecido al margen del caso Maiztegui con el argumento de que se trata de un asunto de competencia exclusiva entre Bélgica y México, ya que el presunto etarra no está reclamado actualmente por la Justicia española. Pero el embajador de España en Bélgica, Manuel Benavides, ha dejado en cuarentena esta tesis al admitir a este diario que sí mantuvo contactos con el Ministerio de Exteriores belga y con el ministro del Interior, Louis Tobback, para conseguir "que se cumpla le ley y sean expulsados quienes llegan con documentación falsa". Benavides admite haber hablado en dos ocasiones con el ministro Tobback sobre este asunto. Sus presiones, de hecho, habrían dado un resultado opuesto al deseado. España quería el reenvío a México de Maizetgui, país del que procedía cuando el 29 de junio intentó entrar en Bélgica con un pasaporte "falsificado burdamente", en palabras de Benavides, y un documento de identidad español caducado. Pero lo que ha obtenido Madrid es que el comisario real para los refugiados haya acabado por considerar "admisible" su petición de asilo político. Entre tanto se resuelve su situación, Maiztegui tiene derecho a percibir del Estado belga una ayuda económica mensual de 20.500 francos (unas 82.000 pesetas), cantidad mínima que se otorga en Bélgica a los refugiados políticos o a quienes se encuentran en trámite para conseguirlo.

De Smet reconoció ayer en declaraciones a este diario que no habría admitido la petición de asilo de Maiztegui si el Gobierno belga hubiera autorizado su entrada, tal y como había recomendado el comisario en su primer dictamen sobre el caso y como había ratificado el Consejo de Estado -que tiene funciones de Tribunal Supremo administrativo- el 6 de agosto al suspender la orden de expulsión decretada por el ministro del Interior. El Gobierno belga, en desacuerdo con esta postura, anunció ayer que está dispuesto a recurrir la decisión adoptada por el comisario real, pero esta iniciativa tardaría meses en resolverse.

El problema jurídico es que Maiztegui no está reclamado por la Justicia española porque los delitos que cometió en los años ochenta como miembro de ETA ya están purgados o han prescrito, como admite Benavides. Pero el embajador fue incapaz de explicar por qué el Gobierno se opone a la entrada en la UE de un ciudadano español que, aunque etarra, no está reclamado por la justicia española. "España no quiere que en los países de la UE haya asilados políticos", respondió de forma machacona.

La entrada de Maiztegui en la UE era el único objetivo defendido en principio tanto por el comisario para los refugiados como por el Consejo de Estado. "Yo quería una solución como la que se dio a Enrique Pagoaga ", declaró De Smet. "Pero el ministro del Interior ha mantenido sus tesis de expulsarle a pesar de mi dictamen y de la decisión del Consejo de Estado de suspender la expulsión", razona el comisario.

Estudiarlo "con detalle"

"Los abogados de Maiztegui volvieron a recurrir la decisión de expulsión y yo consideré admisible la petición de asilo porque, entre tanto, un dictamen que yo había pedido al Alto Comisariado para los Refugiados de Naciones Unidas recomendaba que el caso se estudiara con detalle", prosigue De Smet. "Me he limitado a seguir esa recomendación.Si Maiztegui hubiera obtenido el derecho a entrar en Bélgica no hubiera sido necesario admitir su petición de asilo", remacha. El embajador Benavides, por su parte, admitió las dificultades políticas que afronta ahora España al reconocer que "el comisario, aunque es nombrado por el Gobierno, actúa con gran independencia, como ya se ha comprobado". "Estos señores hacen de su capa un sayo y así se ha llegado a esta decisión", concluyó.

En España, mientras, ni el Ministerio del Interior ni el de Justicia quieren hablar del caso. Un portavoz de Interior argumentó que es un asunto entre Bélgica y México, y la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, recordó que "no existe ninguna petición de extradición y por tanto no se puede hacer nada desde el punto de vista jurídico frente a Bélgica".

Sólo la Oficina de Información Diplomática (OID), dependiente de Asuntos Exteriores, mostró la "sorpresa y contrariedad" del Gobierno de José María Aznar por el hecho de que Maiztegui pueda quedarse en Bélgica y su "estupor e indignación" porque se considere la posibilidad de concederle el asilo político.