Montoro asume el control de toda el área económica de la Generalitat

Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, uno de los miembros del gabinete en los que más confía Rajoy, asume el control de toda el área económica de la Generalitat de Cataluña. Es una de las medidas previstas por el Consejo de Ministros para la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la aprobación ilegal por parte del Parlament de la declaración unilateral de independencia.

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El ministro controlará las tres secretarías técnicas, las 14 direcciones generales y las siete delegaciones territoriales que dependen de la consellería de Economía y Hacienda, que dirigía hasta ayer Oriol Junqueras. También asumirá la gestión de la Intervención General de Cataluña y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), el cerebro digital de la Generalitat con el que los independentistas pretendían montar una administración paralela. Junto a este órgano, Montoro también asumirá la tutela del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT), que se encarga de la ciberseguridad.

Al hacerse cargo de estas funciones, Montoro se convertirá en uno de los ministros clave en la intervención de la Generalitat. Asumirá el timón de mando de toda la estructura económica y financiera de la Generalitat para cortar la financiación con dinero público de actividades relacionadas con la secesión. Otra de sus labores consistirá en desmontar toda la estructura que había levantado el Govern de Puigdemont para crear una administración paralela que sirviera para la constitución del nuevo Estado.

En ese sentido, Hacienda se hará cargo de la Agencia Tributaria catalana. Desmantelará los módulos informáticos con los que el anterior equipo pretendía facilitar la insumisión fiscal y recaudar los tributos estatales. Además, depurará las bases de datos de esta Agencia catalana para comprobar que solo cuentan con la información indispensable y no han incorporado de forma irregular otros ficheros con los datos fiscales de todos los catalanes que se pudieran usar con otros fines. También participará junto con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el control del CTTI, el corazón electrónico de la Generalitat, que controla todas las aplicaciones informáticas de la Generalitat y por la que pasan todas sus comunicaciones, bases de datos y servicios informáticos

Una de las primeras tareas que deberá abordar el equipo de Montoro es la prórroga del actual Presupuesto autonómico para 2018 al objeto de no interferir en la política económica. De esta forma, se centrará en la gestión ordinaria de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y de los 170.000 funcionarios de la Generalitat.

Muchas de estas gestiones no son nuevas para Hacienda, que ya había intervenido buena parte de las finanzas catalanas desde el pasado 15 de septiembre, cuando Junqueras amenazó con cortar relaciones. Entonces, asumió el pago de los servicios esenciales a costa de las inyecciones mensuales del sistema de financiación. Esto suponía el control del 80% de todos los recursos de la Generalitat, unos 1.400 millones al mes que se destinaban a pagar la sanidad, educación y las prestaciones sociales. El 20% restante procedía de la recaudación que el Govern obtenía por los tributos propios y cedidos, como el impuesto de sucesiones y donaciones, patrimonio, tasas de juego, actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales y las tasas autonómicas. A partir de ahora, Hacienda también administrará estos tributos. El Ejecutivo cuenta con la complicidad de las entidades financieras, algo que le garantiza que todos los impuestos se ingresan en las cuentas corrientes oficiales para evitar así los casos de insumisión fiscal.

En paralelo, Hacienda mantiene el control de todos los gastos públicos del Govern y de los más de 350 entes y empresas públicas dependientes para evitar el desvío de fondos a actividades independentistas. En este caso es esencial la colaboración de la interventora general de Cataluña, Rosa Vidal. Además, cuenta con el aval adicional de la fiscalización que hacen los bancos. En Hacienda admiten que puede haber alguna fuga, algún funcionario disidente que consiga esquivar estos controles. Pero explican que el sistema permite seguir el rastro de todas y cada una de las facturas para exigir responsabilidades civiles y penales, en su caso.

Hacienda no tiene previsto un gran desembarco en la Generalitat. Supervisará todas las medidas bajo el principio de confianza mutua. Y en virtud de los controles financieros que ya viene realizando. Sí planea enviar algunos pocos miembros de la intervención para tareas de inspección de servicios, pero en casos excepcionales.

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