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Hacienda se hará con la gestión de todos los tributos autonómicos

El Gobierno asegura que la independencia llevaría a Cataluña a "una coyuntura económica insostenible"

Montoro y Junqueras, el año pasado en Madrid. / Vídeo: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, enumera las dificultades económicas que sufriría una Cataluña independiente. Vídeo: Quality

El Gobierno ya había tomado el pasado 16 de septiembre el control de todos los fondos de financiación autonómica que recibía la Generalitat de Cataluña. Al ponerse en marcha este sábado el procedimiento que activará la intervención de la Comunidad Autónoma, el Ministerio de Hacienda dará un paso más: acabará tomando también la gestión de todos los impuestos propios que son competencia de la autonomía y que hasta ahora seguían en manos del Govern.

Hasta el momento, Hacienda ya había retenido y gestionaba la transferencia de unos 1.400 millones de euros al mes que ingresaba la Generalitat de Cataluña por el sistema de financiación. Eso supone aproximadamente el 80% de sus recursos. El 20% restante consiste en ingresos propios procedentes de tributos como Sucesiones, Donaciones, Patrimonio, tasas al juego o Actividades Jurídicas Documentadas y Transmisiones Patrimoniales, entre otros. El Gobierno de Mariano Rajoy ya había impuesto la congelación de todas las partidas no esenciales, controlaba los desembolsos a través del banco y exigía que los certificase un interventor. De esta forma, tenía bajo control los gastos. Pero ahora con la aplicación del artículo 155 de la Constitución se tomarán las riendas por completo. La Generalitat ni siquiera tendrá a su cargo la gestión de los impuestos estrictamente autonómicos.

El acuerdo del Consejo de Ministros aprobado este sábado establece que se adoptarán medidas para "garantizar que los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier título a la Comunidad Autónoma, a sus organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y a su sector público empresarial, no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista que motiva el presente acuerdo o que contravengan las medidas contenidas en el mismo", reza el documento legal que activa el Artículo 155. En principio, Hacienda no tiene previsto enviar a miembros de la Intervención General a Barcelona, el equivalente a sus hombres de negro. Por el momento, espera poder tutelar las cuentas desde Madrid y confía en la cooperación de la interventora de la Generalitat, como ha hecho hasta ahora. Con esta intervención de las finanzas catalanas, la Agencia Tributaria busca además asegurarse la recaudación, evitando actos de insumisión fiscal.

Efectos económicos gravísimos

Por otra parte, en su exposición de motivos, el Ejecutivo insiste en que "la pretendida independencia generaría una serie de efectos económicos de impacto y magnitudes gravísimas". El texto advierte de que una Cataluña secesionada quedaría fuera de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Comercio. Y ello supondría la aplicación de aranceles y controles aduaneros para una economía "cuyo comercio exterior representa el 70% del PIB", subraya. 

En el ámbito financiero, el Gobierno alerta de que la independencia dejaría Cataluña fuera del amparo del Banco Central Europeo. "Este hecho llevaría a que, como ya está sucediendo en la actualidad, las entidades de crédito se reubicasen fuera de Cataluña. La salida de capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Cataluña, resultaría en un flujo de salida de euros hacia el resto de España y del mundo que impediría la utilización de facto del euro como moneda en Cataluña. Incluso la creación de una moneda y un Banco central propios resultaría inviable, por el elevado nivel de déficit público. Se harían irremediables la expansión monetaria, la inflación desproporcionada y la contracción del crédito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión", recalca el acuerdo del Consejo de Ministros.

En cuanto a las finanzas del nuevo Estado catalán, el Ejecutivo sostiene que "las tensiones presupuestarias serían evidentes". La capacidad para tener ingresos quedaría muy mermada "en un contexto de contracción económica, previsible desplazamiento de personas y domicilios sociales, y falta de transferencias de España y de la Unión Europea", explica. "Implicaría aislar una economía que hoy está plenamente integrada en España, en la UE y en el mundo. Supondría su aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales. Esto llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña de entre el 25% y el 30%, resultando una coyuntura económica insostenible", concluye.