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Los extremeños alertan del efecto bumerán de boicotear los productos catalanes

La región proporciona productos agroalimentarios a las empresas de Cataluña

Campo de cultivo en Extremadura.
Campo de cultivo en Extremadura.

Boicotear productos catalanes no solo perjudica a Cataluña. Los empresarios extremeños han alzado la voz de alerta sobre el efecto bumerán de no comprar una determinada marca por el simple hecho de que sea catalana. En una economía interconectada y globalizada, la sede social de una empresa no implica que el producto que comercializa haya sido producido al 100% en el mismo lugar. Ni que todos los trabajadores sean catalanes ni muchos menos independentistas.

“Cada vez que boicoteamos un producto catalán, nos pegamos un tiro en el pie”, advierte Francisco Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura (Creex). Según explica Peinado en conversación telefónica con EL PAÍS, “el boicot a los productos catalanes afecta a las empresas proveedoras, por ejemplo de Extremadura, que es fuerte en el sector agroalimentario”.

Es el caso de Conesa, una empresa extremeña dedicada a la transformación del tomate y que proporciona, por ejemplo, la salsa de las pizzas de Casa Tarradellas. “Seguramente el atún proceda de Galicia y la harina de Andalucía”, se ha quejado Manuel Vázquez Calleja, consejero delegado de la empresa, según cuenta el diario extremeño Hoy.

Pero la campaña contra los productos catalanes —ya circulan listas por las redes sociales que animan a no adquirir ciertos artículos— no solo afecta a los proveedores de materias primas. “Hay empresas catalanas que tienen fábricas o centros de producción en Extremadura”, advierte Peinado. Por ejemplo, la fábrica de caldo de Gallina Blanca se encuentra en Miajadas (Cáceres). “Boicotear a los productos catalanes supone, por tanto, boicotear a fábricas que están en Extremadura y a trabajadores extremeños”.

Aunque todavía es pronto para determinar la repercusión económica de una posible campaña que llama a no comprar productos catalanes, Peinado está convencido de que “cualquier negociación de contrato que se esté haciendo en estos momentos para la próxima campaña se está demorando” a la espera de los acontecimientos políticos vinculados al desafío independentista de Cataluña. “El capital es miedoso y requiere una seguridad política y jurídica y ahora en España no la tenemos”, lamenta el secretario general de Creex. Según ha afirmado el presidente de la CEOE, Juan Rosell, a raíz de la crisis catalana recibe muchas llamadas de inversores internacionales preocupados, algo que “no había pasado antes”.

Dentro de la libertad de cada consumidor para elegir el producto que considere oportuno, Peinado defiende a los empresarios catalanes —más de 1.300 empresas catalanas han trasladado su sede social fuera de Cataluña— e insiste en que el rechazo a sus marcas no es la vía para resolver la crisis institucional que atraviesa España. “Estropear las empresas de Cataluña no va a servir para nada, pero es que además no se puede asumir que cualquier empresa que está en Cataluña está a favor de la independencia”, concluye.

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