Las insistentes mentiras de Puigdemont

El presidente catalán, Carles Puigdemont, no ha aclarado en una carta enviada al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, si proclamó o no la independencia de Cataluña. La misiva, hecha pública este lunes y en la que plantea “una oferta sincera de diálogo” para alcanzar una solución a la “relación entre el Estado español y Cataluña”, está salpicada de afirmaciones falsas e inexactas que el president insiste en repetir:

“Más de dos millones de catalanes encomendaron al Parlament el mandato democrático de declarar la independencia”

Los resultados del referéndum independentista catalán del 1 de octubre no pueden ser considerados como un “mandato democrático” puesto que la consulta había sido suspendida previamente por el Tribunal Constitucional, y por tanto era ilegal celebrarla. Asimismo, es imposible tomar como válidos los resultados ofrecidos por la Generalitat puesto que no usó un censo fiable. La Guardia Civil desactivó el sistema informático que lo soportaba y los miembros de las mesas electorales anotaron con papel y bolígrafo el nombre y DNI de los votantes.

En estas circunstancias, los votos fueron contados sin los protocolos y las cautelas que exige cualquier elección democrática para validar los resultados obtenidos. De hecho, en los resultados difundidos por el Gobierno catalán —2.044.038 síes, 177.547 noes y 44.913 votos en blanco— la propia Generalitat señala anomalías y asegura que “dada la configuración del censo universal y la movilización de votantes desde colegios electorales cerrados hacia otros puntos de votación, algunos municipios presentan más votantes que personas en el censo”. No obstante, miembros de la Sociedad Civil Catalana publicaron imágenes de ciudadanos votando varias veces en colegios distintos.

“En las últimas elecciones al Parlament de Cataluña, una mayoría clara, un 47,7%, votó fuerzas independentistas”

En las últimas elecciones autonómicas de Cataluña, celebradas el 27 de septiembre de 2015, las dos fuerzas independentistas, Junts pel Sí y la CUP, obtuvieron un 47,7% de los votos, lo que supuso una mayoría absoluta en escaños pero no en porcentaje de votos.

“La mayoría del pueblo catalán quiere emprender su camino como país independiente en el marco europeo”

Con los resultados del referéndum independentista del 1 de octubre, en los que según la Generalitat el 90,18% de electores votó sí a la independencia de Cataluña, es imposible afirmar que la “mayoría del pueblo catalán” desea formar parte de un Estado independiente. Más allá de que el referéndum había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y de que los votos no fueron contados con las cautelas que exigen unos comicios democráticos, de acuerdo con los propios datos del Gobierno catalán, votó el 42,34% del censo. Sin embargo, este dato no implica que el resto, un 57,66%, se abstuviera. Como se ha señalado, el Tribunal Constitucional había suspendido la votación por lo que es imposible calcular cuántas personas decidieron abstenerse y cuántas decidieron no participar en una consulta ilegal.

“Están citados en la Audiencia Nacional dos de los líderes de la sociedad civil catalana que han impulsado las manifestaciones pacíficas de millones de personas (…) y el mayor de los Mossos d’Esquadra”

Puigdemont parece sugerir que los líderes de las dos grandes organizaciones movilizadoras del independentismo Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y Jordi Cuixart, de Òmnium, son investigados por liderar marchas pacíficas. En realidad, están imputados por sedición. La juez Carmen Lamela investiga su papel en las concentraciones masivas organizadas para forzar que se celebrara el referéndum de autodeterminación. También está imputado por sedición el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la pasividad de los Mossos en los altercados ocurridos en Barcelona entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre.

“Represión en Cataluña”: “Sufrimos la intervención y congelación de cuentas bancarias, la censura de Internet y de medios de comunicación”

El Ministerio de Hacienda notificó el pasado 20 de septiembre a la Generalitat de Cataluña que procedía a la intervención oficial de sus cuentas públicas con el fin de garantizar que no se destinara ningún euro público a organizar el referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo tampoco censura Internet o a los medios de comunicación en Cataluña. Lo que ocurrió el pasado 30 de septiembre es que agentes de la Guardia Civil entraron en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) catalán para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de bloquear las páginas webs con las que la Generalitat quería facilitar el voto telemático y realizar el recuento el 1 de octubre.