La juez Lamela destaca el papel “esencial” de los líderes de la ANC y Òmnium en la sedición

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga por sedición los preparativos para la independencia de Cataluña, ha destacado este miércoles el papel “esencial” de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en la movilización de las masas a favor de la secesión. En un auto –resolución razonada- por el que insiste en declararse competente para llevar a cabo la investigación, Lamela afirma que la actividad de ambos líderes soberanistas “resultaba esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista”.

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La magistrada explica que los altercados en las protestas del 20 y 21 de septiembre, que supuestamente trataron de impedir la actuación policial contra los preparativos del referéndum ilegal de autodeterminación del pasado 1 de octubre, no constituyen un hecho aislado. Estos incidentes, considera Lamela “se enmarcan dentro de una estrategia compleja con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña, y donde ambos forma parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar”.

Sànchez y Cuixart, que declararon como imputados el pasado viernes ante la juez Lamela, rechazaron la competencia de Lamela para investigar delitos de sedición, ya que, en su opinión, estos delitos corresponden a los juzgados territoriales y no a la Audiencia Nacional. Para ello, los líderes soberanistas aportaban una serie de sentencias dictadas por tribunales de toda España por delitos de sedición. La magistrada, en su auto, responde a esta cuestión e insiste en que no todos los delitos de sedición son competencia de la Audiencia Nacional, sino únicamente aquellos que puedan suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno que persigue cambiar ilegalmente la organización del Estado, como según la magistrada ocurre en este caso.

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