Jueces y fiscales dejan de confiar en los Mossos por su pasividad ante el referéndum

El ambiente en la Ciudad de la Justicia está enrarecido. Ayer a mediodía, algunos funcionarios abandonaron unos minutos sus puestos de trabajo para concentrarse, a las puertas de la sede de los juzgados de Barcelona, en protesta por la actuación policial del domingo en Cataluña. “Han ido incluso los que estaban de guardia”, lamenta un juez de instrucción que defiende la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional para requisar las urnas del referéndum pese a las evidentes escenas de violencia. “Cumplieron su obligación. Y si tuvieron que actuar, fue porque otros no hicieron su trabajo”, lamenta en alusión a los Mossos, que cerraron colegios pero evitaron entrar en los que estaban protegidos por ciudadanos.

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Algunos de los jueces y fiscales consultados por este diario trabajan de forma habitual con la policía autonómica desde 2005, cuando los Mossos se desplegaron en Barcelona. Los inicios no fueron fáciles: hubo roces —los jueces estaban acostumbrados a otro tipo de atestados— y fue necesario nombrar a un mando policial para hacer “relaciones públicas”. Con el paso del tiempo y el contacto diario, los Mossos pasaron a actuar, con naturalidad, como policía judicial en toda clase de investigaciones.

El equívoco papel de la policía catalana en las últimas semanas del procés varió esa percepción. Pero lo que ha quebrado ahora la confianza —algunos creen que de forma irreparable— es la actuación del domingo. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas había ordenado a los Mossos cerrar los colegios e impedir la votación. Consideran que esa orden no se cumplió. “Es muy fácil ser leal con un juez para investigar el robo de un chalé, pero lo cierto es que ayer [por el domingo] los Mossos no han dado la talla y han dejado vendida a la magistrada” del TSJC, que investiga el referéndum, se queja un magistrado. “Hemos visto algo más que pasividad”, añade.

Media docena de jueces de Cataluña, entre ellos uno de Barcelona, investigan ya denuncias de particulares por la “inacción” de los Mossos. El TSJC, por ahora, no se ha pronunciado. Los cuerpos policiales deberán remitir informe de su actuación a la magistrada Armas. “Es ella la que tiene que decidir si la han desobedecido o no. Puede haber consecuencias graves para los mandos políticos, pero también para los jefes del cuerpo”, agrega una juez en alusión al major Josep Lluís Trapero.

Una posible condena por desobediencia puede suponer la inhabilitación de los agentes para el ejercicio de policía, advierten los jueces, escandalizados ante las imágenes de mossos encarándose con guardias civiles y policías que intentaban dar curso, mediante la fuerza, a la orden del cierre de los colegios. Una juez comparaba ayer la pasividad de los Mossos el domingo con la contundencia con la que cargaron para desalojar a los indignados del 15-M en la plaza de Catalunya de Barcelona en 2011.

Los Mossos alegan que cerraron escuelas y retiraron urnas. Según los datos que facilitó el Govern, en total se clausuraron 319 colegios: 227 a manos de Mossos y 92 por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y todo ello, insisten fuentes policiales de la policía catalana, sin usar la violencia contra ciudadanos que desobedecían de forma pacífica. Los Mossos consideran que de esa forma cumplían el mandato del TSJC, que pedía impedir el referéndum, pero “sin afectar la normal convivencia ciudadana”.

Los Mossos d’Esquadra están configurados legalmente como “policía integral”, es decir, con competencias tanto de orden público como de policía judicial a las órdenes de jueces y fiscales. Estos últimos creen que, el domingo, se pusieron más al servicio de los intereses de la Generalitat que de la justicia. “¿Cómo me voy a fiar de ellos ahora? Siento cargarles de trabajo, pero a partir de ahora ordenaré las investigaciones a Guardia Civil y Policía”, apunta un fiscal de Barcelona. “Los jueces”, coincide un magistrado, “van a buscar auxilio de los otros cuerpos en sus investigaciones sensibles”. “Los magistrados pueden encomendar las causas que quieran a Policía y Guardia Civil y que los Mossos queden como policía de proximidad y para regular el tráfico y hacer controles de alcoholemia”, añade.

“Policía política”

Fuentes del ministerio público insisten en que, con su “pasividad” en el 1-O, ha quedado “absolutamente quebrada” la confianza. “No son una verdadera policía judicial, sino política al servicio de los intereses del secesionismo”, considera un fiscal de la Audiencia Nacional, que ha trabajado con la policía catalana en causas de terrorismo, bajo condición de anonimato. “Esto va a dañar, quizá de por vida, la relación de los Mossos con sus homólogos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y habría que replantearse su presencia en órganos de coordinación y cegar su presencia en organismos internacionales: que pasen por la ventanilla de Madrid. Han demostrado que no son una policía fiable”.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de signo conservador y mayoritario en la carrera judicial, optó este lunes por la prudencia verbal. “Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto las estatales como las autonómicas y locales, deben obedecer y cumplir taxativamente, y sin ninguna otra obediencia prioritaria ni preferente, las órdenes que les imparten los juzgados y tribunales. Lo contrario sería tanto como negar la condición de policía judicial”, afirma el portavoz de la asociación, Celso Rodríguez Padrón.

La Asociación de Fiscales, conservadora y mayoritaria en la carrera, y la moderada Asociación Profesional Independiente de Fiscales fueron ayer más lejos. En un comunicado acusaron a los Mossos de hacer “peligrar el Estado de derecho” con la “inobservancia de las leyes y las resoluciones judiciales” mostrada el domingo.