Policías y guardias ven justificada su actuación por el auto de la juez

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El auto del pasado miércoles de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas seguía la estela marcada hasta entonces por la Fiscalía para evitar que se produzca la votación de un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional. El ministerio público había ordenado a los Mossos d'Esquadra el precinto de los colegios electorales antes del sábado y ella amplió la orden a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, con más de 7.000 efectivos de refuerzo enviados a Cataluña desde todos los rincones de España. A todos ellos, les ordenaba que impidieran la apertura de los centros de votación —o los cerrasen, en su caso— el mismo domingo, día elegido por la Generalitat para realizar la consulta y, en su caso, proclamar la independencia. Esa orden contemplaba también que, el mismo domingo, se prohibiera cualquier tipo de votación en un radio inferior a 100 metros de distancia de los colegios.

A última hora de ayer, a fin de mantener los colegios abiertos hasta la fecha prevista, según Interior, había 163 centros escolares catalanes ocupados por familias con “fiestas del otoño” y una variedad de actividades previstas hasta el mismo 1 de octubre. Según la organización Escola Oberta el número de escuelas ocupadas ascendía a 527. Los Mossos, siguiendo la orden de su mayor, Josep Lluís Trapero, habían revisado 1.300, según los datos de la Delegación de Gobierno de Cataluña.

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Levantando acta en cada caso, les comunicaban a padres, profesores y alumnos que debían abandonar los centros antes de las 6.00 de la mañana del este domingo, aunque con ciertas salvedades: las actas que deben rellenar permiten señalar causas por las que no se haya podido llevar a cabo el desalojo, como “la negativa reiterada y manifiesta de desocupar el local” o “la presencia de personas vulnerables como niños o ancianos”. “Se está utilizando a menores y ancianos para impedir una posible actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, rezaba la nota del Ministerio del Interior, que calificaba la situación de “irresponsable” y apelaba a que los Mossos cumplieran con el mandato de la jueza del TSJC.

Pero ante una situación tan laxa, miembros del resto de cuerpos desplazados, policías y guardias civiles, sin tener todavía ninguna instrucción concreta, no descartaban ayer tener que actuar para desocupar los centros escolares, independientemente de lo que hicieran los mossos. Consideraban, de hecho, que su acción estaba legitimada por la orden emitida por la jueza.

Con todas las fuerzas ya desplegadas y en sus puestos, faltaba conocer el plan para el día de autos, abierto a múltiples escenarios posibles, barajados en la última junta de seguridad forzada por los independentistas el pasado miércoles. Durante el día de ayer varias unidades de la Guardia Civil permanecieron “en alerta” y los agentes desplazados mantenían la directriz de “auxiliar a los mossos”. Los miles de antidisturbios alojados en los cruceros en los puertos de Barcelona y Tarragona esperaban órdenes para realizar “tareas concretas por grupos en las próximas horas”.

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