El Tribunal Superior monta un gabinete de crisis para atender a jueces en apuros

El Superior lo ha bautizado como “grupo de seguimiento” y permanecerá operativo todo el domingo en su sede: el Palacio de Justicia. El presidente de la institución, Jesús Barrientos, y otros miembros del tribunal desarrollarán allí dos funciones: la primera, “abrir canales de comunicación directa” con los jueces de guardia de los 49 partidos judiciales de la comunidad autónoma (uno por partido, salvo en el caso de Barcelona, donde hay otros tres más); la segunda, “atender y dar respuesta” a los “escenarios” que supongan alguna “dificultad o impedimento” para que desarrollen su tarea.

El órgano funcionará como un servicio de atención al cliente. Si un juez tiene problemas para acceder a los programas de las bases de datos, que gestiona la consejería de Justicia, y no obtiene una solución rápida, el tribunal se pondrá en marcha. “Los contactos y las gestiones que podamos hacer serán más fáciles de ejecutar desde aquí. El presidente puede llamar al conseller si es necesario, y buscar una solución”, subrayan fuentes de la institución. El dispositivo está pensado, sobre todo, para localidades pequeñas, donde además puede resultar más difícil obtener ayuda logística.

“Debemos valernos por nosotros mismos”, dicen fuentes judiciales por los crecientes recelos con el Departamento de Justicia. Su consejero, el republicano Carles Mundó, está siendo investigado por desobediencia, prevaricación y malversación por firmar el decreto de convocatoria del referéndum. Ayer mismo, Mundó cargó contra el tribunal y contra la Fiscalía por “abuso de ley” en la investigación del referéndum. El escenario no parece el más propicio para que haya colaboración.

“La relación con el departamento había sido magnífica. Pero desde hace tiempo ya no hay comunicación directa”, señalan las mismas fuentes. Algunos jueces sospechan, incluso, que el departamento podría intentar boicotear las aplicaciones informáticas durante las primeras horas.

Aunque lo cierto es que no tienen indicios de que vaya a ocurrir, es una impresión compartida. “Sería inconcebible que no nos diesen medios. No tenemos elementos para pensarlo, pero sí hay una duda razonable sobre cómo actuarán”, afirman las mismas fuentes. “Por eso”, agregan, “hemos de trabajar teniendo en cuenta que no podemos contar con ellos”.

Refuerzo

La semana pasada, se produjo ya un incidente en la Ciudad de la Justicia, donde estarán los magistrados de guardia de Barcelona. La juez decana y el gerente (que depende de Justicia) mantuvieron una discusión por la presencia de políticos en los juzgados tras la detención de altos cargos de la Generalitat ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

El gabinete también decidirá la puesta en marcha del refuerzo previsto para la jornada. Cada uno de los 52 magistrados tendrá un magistrado “coadyuvante” que le prestará ayuda si se ve desbordado. Podrá estar en su casa o, en todo caso, a menos de una hora del juzgado. Pero deberá movilizarse si, por ejemplo, el número de detenidos es excesivo. En el caso de Barcelona, el plan trazado es preciso. La juez decana, Mercedes Caso, ha estimado que cada uno de los tres jueces de guardia del domingo puede asumir 30 detenidos. Por tanto, el primer juez de refuerzo se pondrá en marcha —en caso de que se produzca— con el 91º detenido. La instrucción verbal es que los detenidos por hechos de escasa entidad pasen por comisaría pero no sean puestos, de inmediato, a disposición judicial, lo que ayudaría a evitar, en el peor escenario, situaciones de colapso.

Barcelona cuenta, además, con un juez de incidencias. Debe decidir, entre otras cosas, sobre los habeas corpus, la figura legal que supone poner a un detenido a disposición inmediata del juez para que decida si su detención ha sido ilegal. Cuando se superen las 20 peticiones de habeas corpus, intervendrá el magistrado de refuerzo. El refuerzo puede activarse por otras causas; por ejemplo, si se produce algún accidente o catástrofe que obligue al primer magistrado a desplazarse.

El magistrado de incidencias también debe decidir, por ejemplo, si ordena, a petición de alguna parte, una actuación concreta a la policía, como el desalojo de un colegio. La idea que tienen presente es no actuar de oficio y hacerlo con la cabeza fría, aunque lo cierto es que cada magistrado es libre y soberano para decidir en cada circunstancia. La juez del Superior Mercedes Armas, que investiga la organización del referéndum ilegal, ya ha emitido un auto en el que ordena el cierre de los colegios mañana.

La Fiscalía también refuerza su presencia. Una decena de fiscales estarán en la Ciudad de la Justicia, incluida la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi. Habrá, además, una conexión permanente con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.