Nave de locos

La tensión política se ha disparado en Cataluña a partir del momento en que una decisión judicial llevó a la intervención inmediata de las fuerzas del orden en edificios de la Generalitat, con requisas y detenciones, contrarrestadas con manifestaciones de masas. Desde casi todos los ángulos tal intervención se ha visto como un abuso intolerable, la supresión del autogobierno, etcétera. Por lo que toca a esto último, tal estimación resulta del todo exagerada, ya que Puigdemont y su Gobierno ahí están, más empeñados que nunca en su misión rompedora. La cuestión es cómo podía el Estado hacer algo práctico para impedir un referéndum antidemocrático cuya documentación era guardada en edificios públicos, una vez que la mayoría independentista había cumplido con su golpe de Estado en el Parlament. Con o sin detenciones, hubiera sido atendida la consigna del Govern de ocupar la calle, y no con propósitos pacíficos, pues impedir por la fuerza que abandonen dichos edificios quienes cumplen la ley, nada tiene que ver con el ejercicio de la libertad. Los coches destrozados de la Guardia Civil dan fe de ello.

Hubiera en la actuación gubernativa un margen mayor o menor de error, lo esencial es que durante cinco años la pasividad de Rajoy ha permitido que el espacio público fuera ocupado en régimen de monopolio por el independentismo en el poder. Un totalitarismo horizontal invadió la sociedad catalana, imponiendo su homogeneización, y el Gobierno democrático —aunque sea del PP— tiene medios directos e indirectos para que ello no hubiera sucedido. Ahora hasta los mayores excesos independentistas son vistos como naturales, caso de las resoluciones del Parlament, preparando un referéndum con oposición silenciada, y todo acto del Estado como ingerencia inadmisible.

El más grave efecto es que el constitucionalismo ante ello se ha cuarteado, según pudo verse en la votación del Congreso, y sin que se recomponga por lo menos una articulación de las tres fuerzas nada hay que hacer a medio plazo. Pedro Sánchez había definido una posición sólida, pronto erosionada por el sectarismo de Margarita Robles, y ahora el viraje parece consumarse con el secretario de Organización del PSOE, cargando ante todo contra el PP y hablando de una solución pactada. La labor permanente de zapa a cargo de Pablo Iglesias, con la preciosa colaboración de Ada Colau, rinde sus frutos, con la sugerencia de un Gobierno votado por el arco soberanista y Sánchez figurando como mascarón de proa (e Iglesias tocando poder).

Con mayor incidencia que en tiempos de ETA, la estrategia de fractura descansa sobre una serie de palabras-trampa que evitan el debate sobre los contenidos que esconden a efectos de propaganda, a fin de conformar con éxito un efecto-mayoría. Serían casi palabras-víbora convertidas en mantras, como esa desconexión entre entes supuestamente iguales que borra los problemas de la independencia. O el derecho a decidir, inexistente en Constitución alguna, una especie de caramelo ideológico que permite ignorar toda ley, y evitar el uso del término autodeterminación, con contenidos jurídico-políticos aplicables a este caso, y no con balance positivo para el Govern. Pero es que no se trata de analizar ni de discutir en el plano político, sino de captar adhesiones de masas. Y qué decir del diálogo, el bálsamo de Fierabrás que lo resuelve todo, como si tuviera sentido alguno apelar al intercambio de opiniones entre dos sujetos, uno de los cuales todo lo tiene ya decidido con carácter irreversible. Diálogo es una engañifa aquí y ahora al servicio del golpe de Estado ya decidido por el Parlament. Otra cosa es negociación, que implica la presentación de ofertas concretas, por ejemplo de contenidos de reforma constitucional si el 1-O da lugar a ello.

Llegamos al mantra del momento, el referéndum pactado, hallazgo de Iglesias, en trance de conseguir una amplia adhesión. De forma complementaria pero más concreta que el diálogo, el referéndum pactado, de nuevo con un Govern que lo tiene todo ya decidido, implica la aceptación tardía por Rajoy de un procedimiento que da por buenas las relaciones de poder vigentes hoy en Cataluña. El Govern ha constituido ya su propia legitimidad, nada ni nadie le hará, salvo una derrota, renunciar a sus objetivos previstos para después del 1-O, votación tan ilegal como ajena a la libertad política. Las masas en la calle no son de por sí democracia, sobre todo si las acompaña el odio y la persecución contra quien no es independentista, puro totalitarismo horizontal. Y en fin los referendos pactados, con el PNV a la puerta, serían el fin de un “Estado español fracasado y roto” (Urkullu), una vez anulada mediante ellos la Constitución. Un destino como el de la URSS poco apetecible.