La Ley, la palabra

Este año nuestro despacho celebra su centenario. Su historia ha corrido paralela a la de nuestro país. Nacido en Barcelona en un año convulso marcado por una fuerte confrontación social, atravesó los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Como tantas otras empresas, no es hasta el advenimiento de la Transición y la consolidación de un verdadero Estado de Derecho cuando lo que había sido hasta entonces una pequeña firma familiar crece, se moderniza y se internacionaliza. Hoy es una firma global, que presta sus servicios a los ciudadanos y sus empresas en cuatro continentes.

En esta última etapa de nuestra historia hemos tenido el privilegio —compartido con muchos otros abogados— de ser colaboradores activos en la creación de un gran espacio jurídico de libertades y derechos, así como de una conciencia democrática, que desembocaron en la Transición y se plasmó en 1978 en la Constitución. En este marco hemos podido participar en la conformación de las normas que ordenan nuestra convivencia, en torno a ellas hemos sido capaces de arbolar negocios jurídicos que han traído una prosperidad sin precedentes a nuestra ciudadanía y a su amparo hemos ejercido lealmente la defensa de los derechos de nuestros clientes colaborando en un sistema de justicia independiente.

También hemos sido testigos de cómo el consenso en torno a la primacía de la Ley se ha ido extendiendo por el mundo y de cómo ello ha propiciado que pudiéramos ir transfiriendo progresivamente la capacidad de promulgar normas a instancias supranacionales, ampliando de esta forma nuestra capacidad de relacionarnos con otros pueblos y culturas en un entorno de seguridad jurídica, extendiendo la huella de la paz y la prosperidad en el planeta.

Es perentorio recuperar la plena seguridad jurídica en el marco del estado de Derecho del que nos hemos dotado

Quiere el destino que la celebración de nuestro centenario coincida con un momento de agitación política en el que se esgrimen los principios de legitimidad y de legalidad como principios contrapuestos, olvidando que todo sistema democrático se funda en la armónica aplicación de ambos. Ello me lleva a reflexionar acerca del inmenso salto histórico vivido desde aquella Barcelona de 1917 a la España y al mundo de 2017. De cómo nuestra sociedad ha sido capaz de adaptar sus normas a la realidad social de cada momento histórico, logrando consensos cada vez más amplios. Nos enseña que la resolución de conflictos políticos o de otra naturaleza no es posible al margen de las pautas del Derecho, de la seguridad jurídica y el acatamiento a las resoluciones de los Tribunales.

Los abogados sabemos bien que el acuerdo, la transacción y la composición de posiciones enfrentadas son herramientas de gran valor para la resolución de conflictos. Pero ninguno de estos procedimientos es posible al margen de las leyes, sino a su amparo. Cambiándolas conforme a sus propias previsiones, las leyes también se cumplen. En cambio, cualquier vía de hecho socava el legado que nos ha proporcionado el período histórico más largo de libertades públicas, de democracia y de verdadera desconcentración territorial del poder político.

No se olvide que este marco político y jurídico es el que ha hecho posible una convivencia en paz y un crecimiento económico y desarrollo social sin parangón. Esta convivencia, crecimiento y desarrollo sólo pueden darse en el marco de un ecosistema vertebrado por la seguridad jurídica, que asegure la observancia de las normas, y favorezca los intercambios garantizando el cumplimiento de las obligaciones.

Recuperar la plena seguridad jurídica en el marco del estado de Derecho del que nos hemos dotado es, por tanto, una necesidad perentoria. Ello requiere atenerse al cumplimiento de la Constitución de 1978, del Estatuto de Cataluña y del sistema legal vigente —que nos entronca con el ordenamiento de la Unión Europea y los organismos internacionales a los que nuestro país pertenece—, sin concesiones ni a su inobservancia ni a su uso desviado. Exige también recuperar un espacio para la concordia y alcanzar el acuerdo que dé legitimidad al poder de los gobernantes. En ellos descansa el deber de afrontar políticamente el problema, evitando las divisiones y la quiebra de la convivencia, buscando espacios cada vez más amplios de consenso.

Las normas jurídicas no son inamovibles pero su modificación es incompatible con su infracción. Nadie lo ha expresado mejor que quien dijo que en estos momentos la pauta de conducta debería ser esta: la ley como marco, la política como tarea y la palabra como instrumento.

Rafael Fontana es Presidente Ejecutivo de Cuatrecasas