El Gobierno vasco aprovecha la debilidad presupuestaria de Rajoy para acelerar el autogobierno

Los periodos en que el Gobierno central ha estado en minoría, necesitado de apoyos en las Cortes para sacar adelante proyectos de gestión clave, han sido los más provechosos para el avance del autogobierno vasco. El Ejecutivo de Urkullu quiere aprovechar ahora la debilidad presupuestaria del presidente Rajoy para acelerar el traspaso a Euskadi de las competencias pendientes, una reclamación histórica para lograr la ejecución íntegra del Estatuto de Gernika de 1979. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha exigido este viernes al poder central que cumpla con lo que predica: "Si tanto invoca el cumplimiento de las leyes en Cataluña, tiene que dar salida de una vez" a las 37 transferencias que siguen pendientes.

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La secuencia comienza este jueves con el anuncio del PNV de que no tiene en este momento "ninguna razón" para apoyar los Presupuestos Generales de 2018. La tensión generada en Cataluña ha enfriado las relaciones que el PP mantenía con los nacionalistas vascos, imprescindibles para superar el trámite presupuestario. En este "panorama general complicado", ha reconocido Erkoreka, el Gobierno vasco ha enviado a la vicepresidenta el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, un informe que recoge el listado con las 37 competencias no traspasadas, entre las que figuran dos consideradas prioritarias: las prisiones vascas y el régimen económico de la Seguridad Social.

El PP necesitó los votos de los seis diputados del PNV para aprobar en junio pasado las cuentas de este ejercicio. Ahora no se dan las condiciones, dice Egibar, para repetir la jugada, lo que sitúa a Rajoy en minoría. Erkoreka ha querido precisar que el Gobierno vasco no quiere entrometerse en la negociación de los Presupuestos del Estado, algo que corresponde al Grupo Vasco en el Congreso. Pero ha reconocido que el impulso de las transferencias al País Vasco "ha coincidido con los años en que el Gobierno central ha estado necesitado". La estrategia del "a río revuelto, ganancia de pescadores" le ha ido históricamente muy bien al Gobierno vasco en sus relaciones con el central. El pacto entre Arzalluz y Aznar para la investidura de este como presidente en 1996, por ejemplo, hizo posible la creación de Euskaltel en el marco de un desbloqueo de competencias. Otro tanto ocurrió tras el apoyo que el PNV dio en 2010 a las cuentas de Zapatero.

Tras el último acuerdo presupuestario entre el PNV y el PP, los Gobiernos de Rajoy y Urkullu pactaron renovar la liquidación del Cupo y la actualización del Concierto Económica después de muchos años bloqueadas. Erkoreka ha manifestado que el cumplimiento de una ley orgánica, en alusión al Estatuto vasco, "no debería estar supeditado a negociaciones presupuestarias coyunturales", pero la realidad ha demostrado que así ha sucedido casi siempre.

Erkoreka también ha aludido a la crisis catalana para insistir en la necesidad de que el Ejecutivo central dé pasos en la ampliación del autogobierno vasco. "El cumplimiento de la ley que se está invocando en Cataluña no debería ser una excepción en Euskadi", ha manifestado en una comparecencia para detallar las transferencias que Euskadi reclama al Estado.

"El Gobierno de España no cumple el Estatuto de Gernika. Tiene una deuda histórica con Euskadi y ningunea la singularidad histórico-política vasca", ha señalado Erkoreka. Ha añadido que el Gobierno central hace "tabla rasa y considera Euskadi como una comunidad autónoma más. Trata a las instituciones vascas como meros agentes auxiliares del poder central".

El Ejecutivo vasco mantiene la demanda de la gestión económica de la Seguridad Social entre las 37 materias pendientes de traspaso, pero Erkoreka ha precisado que defiende un modelo de "unidad de caja" con gestión propia, pero sin romper la "caja única". También solicita transferir los centros penitenciarios porque, con ETA desarmada, "han desaparecido los pretextos esgrimidos hasta ahora para bloquear" esta competencia que "ya ha sido concedida a otra comunidad autónoma", en referencia a Cataluña.

El catálogo de reclamaciones incluye recibir la gestión de las políticas de inmigración, los seguros escolares, la Inspección de Trabajo o la regulación sobre productos farmacéuticos, entre otras, como los puertos y aeropuertos.