El Gobierno recurre la ley de ruptura catalana por “autocrática” y “totalitaria”

El Tribunal Constitucional suspenderá el martes la Ley de Transitoriedad Jurídica

Fachada del edificio del Tribunal Constitucional.
Fachada del edificio del Tribunal Constitucional.EFE

La Ley de Transitoriedad Jurídica, aprobada el jueves por el Parlament de Cataluña y que contiene las bases de la ruptura de esa comunidad con España, supone, para el Gobierno, “destruir y aniquilar la Constitución”. En su recurso ante el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo considera que la norma es “propia de un régimen autocrático” y su tramitación exprés tuvo un carácter “netamente totalitario”.

La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y la Ley del Referéndum constituyen el artefacto legislativo con el que la Generalitat pretende derogar la Constitución española en Cataluña. La Ley de Transitoriedad, aprobada el jueves con los votos de la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP, se autoproclama como “norma suprema” de Cataluña en caso de que triunfe el sí a la independencia en el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre y hasta que el hipotético nuevo Estado tenga una constitución propia.

La Abogacía del Estado, que representa al Gobierno central, no ha escatimado dureza en su recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de ruptura. Para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, la norma es una “aberración jurídica” que tiene la “finalidad declarada” de destruir y aniquilar la Constitución” y que supone “un ataque frontal a los pilares esenciales del sistema democrático occidental”.

El Gobierno registró a primera hora de la tarde del lunes el recurso ante el Tribunal Constitucional. El Pleno de este organismo se reunirá mañana martes a partir de las 10 de la mañana y, salvo sorpresa mayúscula, admitirá a trámite la impugnación, lo que supondrá su suspensión inmediata de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.2 de la Constitución. La semana pasada, el Constitucional, por unanimidad, admitió las impugnaciones del Gobierno contra la Ley del Referéndum, aprobada el miércoles por el Parlament y contra los decretos de la Generalitat que los desarrollan, firmados por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras. También admitió el recurso contra el decreto de convocatoria de la consulta ilegal de autodeterminación del 1 de octubre, rubricado en este caso por Puigdemont y todos los consejeros de su Govern.

El escrito de la Abogacía estatal sostiene que la Ley de Transitoriedad es “inexistente” al ser su contenido “imposible”. No obstante, el Gobierno reclama a los magistrados del Constitucional su anulación formal aunque solo sea para “destruir su apariencia de ley”.

La Ley de Transitoriedad —una suerte de constitución provisional— contiene un preámbulo y 89 artículos divididos en siete títulos. Sus primeros artículos proclaman a Cataluña como una república de derecho, democrática y social y atribuyen la soberanía nacional “al pueblo de Cataluña, del que emanan todos los poderes del Estado”. Aunque el recurso considera que el texto es de una inconstitucionalidad tan radical que no es necesario analizarlo de manera pormenorizada, los abogados estatales esbozan las impugnaciones más relevantes.

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Al otorgar la soberanía al pueblo catalán, la norma suprema “confisca” competencias estatales “al margen de todo cauce legal”. El recurso juzga “irreal y delirante” que, según la ley de transitoriedad, la hipotética república catalana pueda seguir formando parte de la Unión Europea y en los tratados internacionales de los que España forma parte.

El Título V de la norma catalana contempla que los jueces del Tribunal Supremo del nuevo país sean nombrados por la mayoría absoluta del Parlamento. Este sistema, afirma el recurso “nada tiene que envidiar a los regímenes autocráticos, toda vez que acaba con el sistema de separación de poderes, vetando así cualquier independencia del Poder Judicial”.

Además de las cuestiones sobre el fondo de la Ley, el escrito del Gobierno rechaza la tramitación “prácticamente totalitaria” que han tenido las leyes del Referéndum y de Transitoriedad en el Parlament. Estas normas se han aprobado a través de un simulacro de procedimiento legislativo: se ha retorcido el reglamento y los usos parlamentarios con el objeto de obtener la aprobación y la publicación del texto de forma exprés”.

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