La lista de espera de la ley de dependencia baja un 16% en un año

La lista de espera de personas que están desatendidas cuando tienen reconocido un grado de dependencia que les daría derecho a recibir una ayuda ha bajado un 16,2% entre julio de 2016 y el mismo mes de este año, según los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Pero este recorte se ha conseguido por la vía más fácil y más barata, indica la asociación en su último informe sobre  el cumplimiento de la ley: concentrarse en las personas con un grado menor de necesidad, que son las que salen más baratas al Estado. 

Más información

Cómo se evalúa la dependencia

Solo el PP no firma el acuerdo para revertir los recortes en Dependencia

El 94% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes no cotiza

Cuando se desglosa el número de desatendidos en función de su gravedad, este cambio se ve claro. En julio de 2016 había 375.600 personas en la lista de espera. De ellas, el 66,5% (249.700) tenía un grado I (los más leves), y el 33,5% restantes (125.900) lo forman las de mayor gravedad (los grados II y III). Un año después, el total ha bajado ese 16,2%, hasta las 314.700 personas aguardando una ayuda, pero de ellas 193.800 tenían un grado I (un descenso del 22,4%), mientras que las que están en situaciones más graves habían bajado apenas un 4%, hasta las 120.900.

Esta diferente progresión se ve claramente en otros aspectos. Por ejemplo, en el último año, el número total de personas en lista de espera con un grado I de dependencia ha descendido de manera continua. En cambio, el número total de quienes tenían un grado mayor bajó de manera constante entre julio de 2016 y enero de 2017, pero desde entonces incluso ha aumentado. Han pasado de 120.200 en enero a 120.900 en julio.

"Además de lo injusto de esta situación, que deja abandonadas a las personas con mayores y más urgentes necesidades de atención, existen importantes repercusiones en clave de financiación", destaca la asociación en la nota que acompaña a los datos. La primera parte es clara: son quienes tienen mayor grado de dependencia quienes menos se benefician de una mejoría de la que "las Administraciones alardean". De hecho, ellas fueon las primeras a las que se les aplicó la ley de dependencia, precisamente en atención de sus mayores requerimientos.

La segunda parte apunta al principal problema que ha tenido el desarrollo de esta ley. La atención de las personas dependientes depende de la Administración cantral y de las autonómicas. Al principio, la idea era que iban a compartir el gasto al 50%. Pero la realidad es que eso no es así y las comunidades corren con el grueso del gasto. El Estado central solo aporta 44,33 euros al mes por dependiente de grado I, 82,84 euros por el de grado II y 177,86 euros por el de grado III. El resto del coste del servicio (salario de cuidador, centro de día, otras ayudas) las debe cubrir la comunidad. "Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente, su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas", indica la asociación. Por ello opinan que "la razón del estancamiento en la reducción de la lista de espera para estos grados bien podría estar en la incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a los grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste".

El ejemplo extremo del impacto de esta situación es el de las personas que fallecen esperando la ayuda: 40.000 en 2016 según los datos oficiales. Por ello, la asociación calcula que, con esta situación, este año serán otras 34.000. Algo que solo se revertirá si se abordan las "urgentes necesidades financieras" para tratar a las 300.000 personas en lista de espera.