El Estado alerta a sus resortes económicos y jurídicos frente al separatismo

El pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto en menos de dos horas en la tarde de este lunes, de nuevo por unanimidad de sus 11 miembros presentes —uno de ellos, de vacaciones, no logró llegar—, actuar de urgencia contra un proyecto de los partidos nacionalistas al frente de la Generalitat. En este caso tras ser requeridos, el viernes pasado, por el presidente del Gobierno después de lograr, en menos de 24 horas, un aval también unánime del Consejo de Estado, su órgano consultivo. Dado que Rajoy había invocado el artículo 161.2 de la Constitución, la mera admisión a trámite conlleva la suspensión temporal, por un plazo de cinco meses, de los preceptos impugnados.

El Constitucional ha suspendido e invalidado hasta el momento todos los pasos dados por la Generalitat y el Parlamento catalán en su avance hacia el referéndum soberanista. En su acuerdo de este lunes se apercibe directamente de sus responsabilidades penales a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los dos vicepresidentes, los cuatro secretarios de la Mesa, al secretario general y al letrado mayor, de que su deber es abstenerse de "iniciar, calificar o introducir en el orden del día" de cualquier órgano de la Cámara ningún acuerdo relacionado con el nuevo artículo 135.2 del Reglamento, que pretende poder tramitar proyectos de ley para la ruptura con lectura única por un solo grupo parlamentario y sin la unanimidad actual.

El procedimiento está muy engrasado y se prevé que no sea la última vez que se realice. La comunicación entre los diferentes organismos clave del Estado ante esta ofensiva es fluida. Durante las dos próximas semanas habrá vacaciones, al menos en apariencia, para recuperar fuerzas y dar una sensación de normalidad pero con el aviso de estar movilizables para regresar a Madrid, si es necesario, en menos de dos horas en avión. La salvaguarda sirve para los ministros del Ejecutivo, los miembros del Constitucional, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, los puestos clave del Congreso y el Senado y las direcciones políticas de los partidos.

Rajoy mantuvo en la mañana de este lunes una reunión de trabajo en La Moncloa con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para repasar la situación. El presidente se marchará esta semana a descansar a Galicia y la vicepresidenta a Tarragona. No se esperan nuevos movimientos de los soberanistas hasta el 16 de agosto, cuando podrían registrar realmente la anunciada ley del referéndum separatista. En cuanto esa norma sea admitida a trámite, el Gobierno pedirá de nuevo la actuación del Constitucional contra los firmantes o responsables en la mesa de esa admisión, en virtud de lo ya sentenciado en febrero de 2017 sobre que son ilegales los actos preparatorios de una actuación así y donde se advierte a los que suscriban esas acciones de sus repercursiones legales.

La vicepresidenta ha concertado con sus interlocutores del PSOE y Ciudadanos que les mantendrá informados de cualquier actuación, también en este periodo. El Gobierno, en cualquier caso, defiende que el Ejecutivo catalán no hará nada realmente efectivo y por lo tanto recurrible en estas semanas y se dedicará solo a denunciar lo que considera actitudes coercitivas del aparato del Estado, desde el aspecto judicial al de los cuerpos de seguridad, que también están prevenidos.

Gobierno, el PP, Ciudadanos y en este caso también el PSOE, contemplan que tras el posible fracaso de esta deriva separatista el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se verá abocado a anticipar la convocatoria de unas elecciones autonómicas que se antojan decisivas.

El acoso de Hacienda

Al acoso judicial se acompaña, desde la semana pasada, una vigilancia económica extrema. El Ministerio de Hacienda sigue pendiente al detalle de las cuentas de la Generalitat para evitar fugas o desvíos hacia partidas relacionadas con el presunto referéndum ilegal del 1 de octubre. La semana pasada, el secretario de Estado envió un requerimiento a la interventora general en Cataluña por un movimiento sospechoso de apenas 6.150 euros. Se reclamó un informe semanal y los nombres de todos los interventores en cada consejería y entidades públicas.

El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, ofreció unas explicaciones vagas sobre el destino de ese dinero para un programa informático y rechazó facilitar los nombres pormenorizados de todos los interventores. El Ejecutivo central había dado una semana de plazo bajo la amenaza, teórica, de llegar a paralizar el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) con el que se pagan las facturas de proveedores, como el caso de las farmacias. El plazo acabó holgadamente este pasado fin de semana y no se ha hecho nada. Hacienda y el Gobierno quieren ser flexibles en los tiempos. El Ministerio y la Consejería tienen un sistema de comunicación diario e interno que la parte catalana desconectó el pasado jueves. Luego se retomó y se dieron algunos datos sobre la partida investigada, que solo convencieron en parte.