El soberanismo catalán planea burlar el bloqueo del Constitucional

El recurso del Gobierno contra la reforma del Reglamento del Parlament acordado el viernes en el Consejo de Ministros y la suspensión que ordenará hoy el Tribunal Constitucional no alterará los planes de Junts pel Sí y la CUP para explorar otra vía con la que aprobar la ley del referéndum, probablemente el 6 de septiembre. Los grupos independentistas barajan otra fórmula para sortear la suspensión y van un paso por delante: horas antes de que se reúna el Constitucional registrarán en el Parlament la norma con la que quieren amparar la consulta.

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El amparo podría estar en el artículo 81.3 del Reglamento vigente, que no ha sido reformado ni impugnado, en el que se establece que se puede alterar el orden del día de un pleno si lo deciden los diputados. Para que eso pase, el tema a debatir “tiene que haber cumplido los trámites reglamentarios que le permitan ser incluido”, un requisito que no ha ocurrido con la ley del referéndum, elaborada en secreto por los dos grupos independentistas precisamente para evitar que acabe suspendida en el Tribunal Constitucional antes de que apruebe.

Sin embargo, ese artículo del Reglamento del Parlament que pretende emplear el secesionismo acaba con la frase “salvo un acuerdo explícito en sentido contrario por mayoría absoluta”. Es decir, que si los 72 diputados que suman Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó se ponen de acuerdo, podría votarse y aprobarse la ley del referéndum por la vía exprés y esquivando cualquier control por parte de la oposición, como por ejemplo, el informe del Consejo de Garantías Estatutarias. El dictamen de este órgano no es vinculante pero advirtió de que aprobar por lectura única una norma de relevancia vulnera derechos y también el Estatuto y la Constitución.

Algunos grupos de la oposición ya han advertido que sería “un escándalo” que se utilizase esa treta legal, pero tampoco la descartan a la vista del aumento de la confrontación institucional que se está produciendo en Cataluña a medida que se acerca el 1 de octubre. Esa fecha debe celebrarse el referéndum prometido por Carles Puigdemont, que se convocará precisamente al amparo de esta ley del referéndum que, en caso de aprobarse, quedará suspendida en el plazo de 24 o 48 horas por el Tribunal Constitucional, lo mismo que sucederá con el decreto de convocatoria del referéndum.

El independentismo ha lanzado duras críticas contra la postura de la oposición de criticar el procedimiento de la lectura única y recuerda que esa fue la vía que utilizaron el PP y el PSOE para reformar el artículo 135 de la Constitución que priorizó el cumplimiento del objetivo del déficit. Carme Forcadell, presidenta del Parlament, recordó el sábado, en una entrevista en El Periódico de Catalunya, que el Congreso y los Parlamentos de 14 comunidades autónomas disponen en su reglamento de un artículo que permite la lectura única. Y recuerda que, por ejemplo, se aplicó para proceder al cambio del jefe del Estado o para reformar vía exprés la ley del Constitucional. “Tenemos que hacer todos un ejercicio de rigurosidad. ¿Son iguales todas las comunidades o no? Los mismos derechos se laminan aquí más que en otros lugares” afirmó.

Recursos preventivos

Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada popular en el Parlament, y Lorena Roldán, de Ciudadanos, presentarán hoy en Madrid sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Reglamento.

Los grupos independentistas lamentan que los dos grupos actúen de forma preventiva juzgando supuestas intenciones. El Partit dels Socialistes (PSC), de momento, no recurrirá al Alto Tribunal al entender que la reforma del reglamento acota de forma “explícita” el uso del procedimiento especial de lectura única a aquellos proyectos o proposiciones de ley que lo permitan. Por ello, el grupo liderado por Miquel Iceta entiende que la reforma no ampara de ningún modo la tramitación de la ley del referéndum o de las leyes de desconexión y, por tanto, avisa de que, en el caso de que utilice para ello, presentará de forma inmediata un recurso ante el Tribunal Constitucional.