El Parlament aprueba la ley de la futura Hacienda catalana

El Parlament de Cataluña ha aprobado este viernes por 71 votos a favor (Junts pel Sí y la CUP) y 62 en contra (el resto de grupos) el Código Tributario de Cataluña, una de las llamadas "estructuras de Estado" pensada para construir la Hacienda catalana en caso de que se consume la independencia. La norma se ajusta a la legalidad para evitar ser anulada por el Tribunal Constitucional pero está pensada para ampliarla en el futuro, incorporar nuevos organismos y un sistema fiscal que permita a la Generalitat recaudar todos los impuestos en Cataluña.

El pleno de la Cámara catalana también ha aprobado en la misma reunión los tres primeros libros del Código Tributario, que incluyen la Agencia Tributaria de Cataluña ya creada por el Tripartito, así como el Consejo Fiscal de Cataluña y el Instituto de Estudios Tributarios de Cataluña, que son las grandes novedades de la ley.

En la recta final de la estrategia independentista para celebrar el referéndum del 1 de octubre, la aprobación del Código Tributario tiene un simbolismo especial por ser una de las tres llamadas "leyes de desconexión" que prometió el secesionismo. La otra es la Ley de la Agencia Catalana de la Seguridad Social, ya redactada y pendiente de aprobación después del verano. Esta norma, como la del Código Tributario, se ha elaborado por el trámite habitual de creación de una ponencia, lo que no ha ocurrido con la otra ley de desconexión, la de transitoriedad jurídica, cuyo contenido se desconoce por completo.

Maria Senserrich, diputada de Junts pel Sí y relatora de la ley del Código Tributario, ha sido muy clara en su defensa de la norma: "Sí, estamos poniendo los fundamentos de una estructura de Estado". En el otro lado del arco parlamentario, Santi Rodríguez (PP) ha asegurado que el redactado de la ley se corresponde a lo que ya recogió el Libro Blanco para la Transición Nacional, la hoja de ruta que empezó a guiar la estrategia del independentismo y que coordinó Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional. Por ese motivo, el PP y Ciudadanos no han participado en la ponencia.

El PSC y Catalunya sí que es Pot estuvieron en los trabajos, pero llevaron al Consejo de Garantías Estatutarias el redactado. El dictamen jurídico les dio la razón y censuró que el texto de la ley no se refiriera en ningún momento ni a la Constitución ni al Estatut.