La Hacienda catalana planea recaudar el IRPF a través de las empresas

La Generalitat se ha fijado el 1 de septiembre como la fecha tope en la que asumirá toda la gestión de los impuestos y cobros de su competencia. Para ello, el Ejecutivo catalán dispone de una base de datos fiscales que sostiene que es “totalmente legal”. El secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, admitió ayer que ese listado no es suficiente para ir más allá y recaudar otros tributos como el IRPF. En el caso de que el Parlamento catalán, dijo Salvadó, los faculte para gestionar esos impuestos, Hacienda requerirá el concurso de las empresas.

 El vicepresidente de la Generalitat y titular de Hacienda, Oriol Junqueras, ha pisado el acelerador para que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asuma toda la gestión de los impuestos propios y cedidos, así como el cobro de multas de tráfico y otras deudas de los ciudadanos. Hasta ahora, buena parte de esa tarea estaba encomendada a los registradores de la propiedad y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). “La agencia murciana está más desarrollada que la nuestra”, dijo Junqueras al llegar al Gobierno. Si los planes del vicepresidente no se tuercen, eso va a cambiar el 1 de septiembre, cuando la Generalitat prevé asumir todo el proceso de gestión de sus tributos.

Ese aumento de musculatura de la agencia, sin embargo, es también clave para ir más allá y convertirla en lo que los soberanistas llaman Hacienda propia, es decir, un organismo que gestione todos los impuestos que se generan en Cataluña, también los que ahora son competencia exclusiva del Estado. Salvadó ayer insistió en que la ATC no ha dado ni un paso fuera de la legalidad vigente, pero que su sistema informático estará preparado para gestionar impuestos masivos. La entrada en vigor este año de tributos como el que grava las emisiones de CO2 de los vehículos, para el que manejará un censo de 4,5 millones de sujetos, pondrá a prueba las costuras de la nueva plataforma informática, que entrará en funcionamiento en julio.

La Generalitat, además, tiene una base de datos que ha ido construyendo en los últimos 30 años. Esta se ha elaborado con la información de los impuestos propios y cedidos (Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y con fuentes de información externas como los datos catastrales y cartográficos, los índices notariales, las actas de defunciones o los censos de máquinas recreativas, por ejemplo.

Depuración de datos

Todos esos datos, según Salvadó, estaban desordenados, por lo que en los últimos meses se han ido “estructurando y puliendo”. Por ejemplo, en ese listado constaban 13,5 millones de contribuyentes —ciudadanos y empresas— y 35,2 millones de domicilios. Tras la limpieza, han quedado 7,4 millones de contribuyentes y 16,4 millones de domicilios fiscales.

Pero esas “decenas de fuentes” cruzadas, explicó Salvadó, no son suficientes para poder recaudar impuestos que ahora están en manos del Estado, como el IRPF, el IVA, Sociedades o impuestos especiales. “La Generalitat no construirá una base de datos para recaudar el IRPF, porque no podemos, no tenemos competencias”, afirmó Salvadó. Aun así, y en vista de que el Gobierno de Carles Puigdemont quiere celebrar un referéndum sobre la independencia este año, Salvadó dijo que el sistema que entrará en julio, llamado e-Spriu, puede “aguantar cualquier impuesto” y aseguró que para los grandes tributos no necesita ninguna base de datos.

“La Agencia Estatal tiene el histórico, pero los datos de presente, los actuales, los tienen las empresas en las que trabajan cada uno de los contribuyentes de nuestro país”, recordó. “Si llega el día, que espero que sí, en el que podamos gestionar todos nuestros impuestos, son las empresas las que tienen esta información y las que facilitarán el pago de los impuestos”, añadió en TV3. En un encuentro posterior con los medios, Salvadó insistió en que la Generalitat no está elaborando ninguna base de datos para impuestos que son competencia del Estado, pero abundó en la misma tesis y recordó que, en caso de tener que asumir esa tarea, las empresas disponen de toda la información de los contribuyentes al efectuar las retenciones fiscales cada mes. Y, además, añadió que también las necesitaría para el IVA o el Impuesto de Sociedades.

El secretario de Hacienda aseguró que el hecho de que la ATC asuma o no esa competencia dependerá de la “coyuntura política”, en concreto, de si lo aprueba el Parlamento catalán. Sin embargo, Salvadó no supo aclarar qué pasará si no hay acuerdo político con el Gobierno central para la gestión de esos impuestos, es decir, si una empresa en un momento dado tiene que decidir si se dirige a la administración catalana o a la estatal ante dos legislaciones contradictorias. “¿Cómo la empresa decide si paga a una administración o a otra? Eso ya se sale de nuestro negociado. Nosotros tenemos que tener la herramienta para recaudar los impuestos que el Parlament decida que debemos recaudar”, remachó.

Salvadó tampoco aclaró cómo la ATC podría romper la barrera de los bancos, que son quienes finalmente hacen el ingreso en el Tesoro. Sobre eso, se limitó a decir que “en el siglo XXI se usan ya pagos alternativos, como Paypal, que son comunes en el consumo y que pueden llegar a las Administraciones Públicas”.