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La Hacienda catalana prescinde de los registradores para liquidar impuestos

El cuerpo de funcionarios amenaza a la Generalitat con una demanda por incumplir con el convenio que tienen firmado

El vicepresidente Oriol Junqueras.
El vicepresidente Oriol Junqueras.

La Junta de Gobierno de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha decidido hoy poner fin a los dos convenios que mantiene con el Colegio de Registradores. Con la denuncia de esos acuerdos y el fin de la subcontratación de los servicios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) la Generalitat espera ahorrar alrededor de 17 millones de euros. Ello supondrá que la ATC asumirá toda la liquidación de los tributos propios y cedidos. La Generalitat, que ha comunicado este lunes la decisión al decano del cuerpo de funcionarios en Cataluña, prevé asumir todas sus funciones el 1 de septiembre del año que viene. Los registradores han advertido a la Generalitat de que ello supone "un incumplimiento" del convenio y de que tendrán que "actuar en consecuencia" y aseguró que la incorporación de la plantilla sigue "abierta" y sin concretarse.

La denuncia del convenio se debe a la intención del actual equipo de Oriol Junqueras de asumir todas las competencias que les da el Estatut, incluida la liquidación de impuestos –hasta ahora la de los tributos de Patrimonio y Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones estaban parcialmente encargados a los registradores— y la recaudación ejecutiva, es decir, el cobro de deudas. El secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, explicó que ahora se pondrá en marcha un “proceso de transición” que comprende “el traspaso de los expedientes en curso, los procedimientos de facturación pendientes o los expedientes históricos”, por ejemplo.

Los registradores han denunciado que la decisión provocará un colapso la Administración tributaria catalana, que dicen que recibirá 200.000 expedientes que se quedarán en el limbo, y mermará sus ingresos en al menos 100 millones de euros (que podrían llegar a 400 millones en el peor de los casos). En la reunión, advirtieron de nuevo que en nueve meses no puede realizarse el traspaso de funciones, según fuentes del decanato. "Ahora la consejería propone crear unas mesas de trabajo para estudiar los aspectos técnicos. Los registradores colaboraremos en lo posible para que la transición, si finalmente se hace efectiva, sea lo menos perjudicial posible para los contribuyentes", aseguraron estas fuentes.

Sin embargo, los responsables de la ATC sostienen que las oficinas de los registradores copan solo el 36% de todas las autoliquidaciones de estos tributos. El 33% se tramitan de forma telemática, y otro 31%, a través de las delegaciones de la agencia. Los registradores alegan sobre todo que esa bajada de los ingresos se producirá porque la Generalitat no podrá comprobar el 100% de las declaraciones. Sin embargo, los responsables de la ATC consideran válido su sistema de revisiones y ponen sobre la mesa que las oficinas liquidadoras recuperan tras las revisiones 61 millones sobre un volumen total de 970 millones de euros, mientras que la ATC logra 69 millones de un total de 794 millones. Pero de nuevo, los registradores aseguran que la "eficacia" de esas revisiones se debe a sus oficinas.

La Generalitat espera ahorrar 29,5 millones de euros tras denunciar el convenio con los registradores y otros nueve millones al asumir la recaudación ejecutiva de la AEAT. El ahorro real, una vez descontados el coste de personal y de las nuevas oficinas, es no obstante de unos 17 millones de euros. El Ejecutivo catalán quiere absorber mediante concurso la plantilla que emplean ahora los registradores para realizar las tareas de liquidación de tributos de la Administración. En total, estos emplean a 277 trabajadores y otros 16 para las labores de escanear documentos en un centro de Valldoreix. Sin embargo, Salvadó advirtió de que hay contratos a jornada parcial y que no todos se dedicarán a la liquidación de impuestos, por lo que la plantilla final puede variar.

El despliegue de la ATC, además de la asunción de esas tareas y personal, también pasa por nuevas oficinas. Se pasará de las cuatro delegaciones actuales a 19 en julio del año que viene. De momento, se abrirá una a principios de 2017 en la calle de Joan d’Àustria de Barcelona de unos 800 metros cuadrados que vendrá a compensar el traslado de la sede de la ATC a la Zona Franca de Barcelona. Los registradores critican que con esa decisión se perderán puntos de atención, puesto que tienen 55 oficinas liquidadoras repartidas por el territorio y se pasará a 19. "Esta decisión deja sin servicio directo a más del 50% de la población de Cataluña", afirmaron. Pero la Generalitat quiere poner 10 puntos de atención tributaria más compartidos con las diputaciones y, además, recuerda que las autoliquidaciones podrán presentarse igualmente en la red de Tributs de Catalunya.