Urkullu pide más competencias a Rajoy para apoyar otro presupuesto
El presidente vasco reclama el régimen económico de la Seguridad Social y Prisiones
Mariano Rajoy e Iñigo Urkullu han constatado que el mejor modo de avanzar en la mejora de sus relaciones es a través de la discreción. De los siete encuentros mantenidos por ambos desde que el primero es presidente del Gobierno, cinco han sido en secreto. El último, la pasada semana. El lehendakari puso sobre la mesa la lista de transferencias pendientes al Gobierno vasco como condición para que sea posible negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Iñigo Urkullu está interesado en mantener viva la recuperada relación con Mariano Rajoy. El lehendakari solicitó hace un mes por carta una nueva reunión con Rajoy, tras el encuentro que habían mantenido ambos en marzo. La cita se produjo finalmente el pasado jueves en La Moncloa, al día siguiente de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el consejero vasco, Pedro Azpiazu, firmaran en Madrid el acuerdo para la ratificación de la Ley Quinquenal del Cupo, que determina una aportación anual de 1.300 millones de euros como contribución del ejecutivo vasco a los gastos estatales hasta 2021. Ese día, Urkullu se entrevistó también con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el objetivo de aclarar conceptos sobre el futuro del cupo vasco.
Urkullu planteó a Rajoy, según fuentes de la Lehendakaritza, la lista de transferencias pendientes a su comunidad como condición para comenzar a abordar el hipotético apoyo de los cinco diputados del PNV a los presupuestos de 2018.
El presidente vasco reclama en primer lugar la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, pero dejó claro a Rajoy que no pretendía romper de este modo la caja única, condición que tanto el PP como el PSOE consideran innegociable. El Gobierno vasco reclama exclusivamente las competencias de gestión, como por ejemplo las ventanillas para el pago de las pensiones.
En una segunda exigencia, el lehendakari planteó a Rajoy que se cumpla ya la transferencia de la competencia en Prisiones. En el entorno de Urkullu aclaran que ahí se pide solo la gestión de los centros penitenciarios. Todo lo referente a un posible acercamiento o mejora de las condiciones de los presos de ETA seguiría dependiendo bien del Gobierno central bien de los jueces encargados de vigilancia penitenciaria.
Urkullu sí pidió a Rajoy, en previsión de que en los próximos meses se materialice la disolución de la organización terrorista ETA, que facilite cuanto antes el acercamiento al País Vasco de los presos de esa organización y la normalización de su situación penitenciaria. Es decir, que se les aplique la legislación común como al resto de la población reclusa.
El desafío catalán
El desafío independentista catalán ocupó parte del guion de la reunión. El lehendakari demandó a Rajoy que impulsara cuanto antes la apertura de un diálogo sobre el modelo territorial de España, aunque no especificó el método para llevar a cabo este propósito. Urkullu recela de la propuesta de reforma constitucional impulsada desde el PSOE, por el temor a que, una vez abierto ese camino, se corra el riesgo de cuestionar el Concierto Económico del País Vasco. Ciudadanos ha sido desde sus comienzos una de las formaciones más beligerantes contra este modelo económico, al considerar que rompe el principio de igualdad financiera de todas las comunidades autónomas.
Ante todas estas peticiones, según las mismas fuentes del Gobierno vasco, Rajoy no ofreció ninguna respuesta y se habría limitado a escucharlas. En La Moncloa, de hecho, no quisieron ayer ni confirmar ni desmentir que el encuentro había tenido lugar ni el contenido del mismo. Fuentes gubernamentales sí precisaron que la charla sobre las competencias pendientes debía desligarse de la futura negociación para los presupuestos. Rajoy y Urkullu han conseguido retomar un diálogo fluido y cordial tras años de desencuentros.
La Ley de Víctimas de Abusos Policiales
Iñigo Urkullu transmitió a Mariano Rajoy, según fuentes cercanas al lehendakari, su malestar por la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Víctimas de Abusos Policiales, una medida aprobada por el Parlamento vasco que contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas, a excepción del Partido Popular.
La ley, que no se refiere las víctimas de la llamada
guerra sucia contra el terrorismo sino a aquellos casos en los que ciudadanos vascos sufrieron los excesos de las fuerzas de seguridad —por ejemplo, el caso Lasa-Zabala, o el de Mikel Zabalza—, pretende equiparar en materia de reparación e indemnizaciones a estas víctimas con las del terrorismo. Urkullu puso el asunto sobre la mesa para que Rajoy considerara la posibilidad de que el Gobierno retire su recurso ante el alto tribunal.
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