Rajoy y Montoro desprecian la sentencia del Constitucional que anuló la amnistía fiscal

“¿Con qué fuerza moral va a hacer caso a otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional? ¿Con qué fuerza moral va a pedir a los ciudadanos que contribuyan en un momento como en el que estamos a las cargas tributarias?”, preguntó Margarita Robles a Rajoy en su estreno como portavoz del Grupo Socialista en una sesión del control.

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Robles encabezó la ofensiva parlamentaria, especialmente del PSOE, contra el Gobierno a cuenta de la anulación de la amnistía fiscal. Incluía una pregunta a Rajoy, tres preguntas y una interpelación a Montoro y la comparecencia de éste ante la Comisión de Hacienda. Y concluirá el próximo martes con la previsible aprobación de la reprobación de Montoro, que pasará a ser el segundo ministro reprobado de la historia y del actual Gobierno, tras Rafael Catalá, titular de Justicia.

“El Tribunal Constitucional declara contrario a la Constitución el procedimiento utilizado para la regularización fiscal. Esto es, que se haya usado el real decreto-ley y no el proyecto de ley. Además, conviene recordar también que el propio Tribunal Constitucional dice que la sentencia no producirá efectos y, por tanto, las actuaciones realizadas que son firmes no podrán ser revisadas. Esa es la verdad y lo demás son juicios de valor. Otra cosa distinta de la verdad es el ruido que quieran hacer ustedes”, respondió Rajoy, intentando reducir el asunto a un mero error de forma.

Sin embargo, la sentencia, aprobada por unanimidad de los magistrados, incluía frases de reproche al Gobierno por la amnistía, tal y como le hizo ver Robles. El tribunal habla de “la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos los ciudadanos de concurrir al sostenimiento de las cargas fiscales” y de “legitimar como una opción válida la conducta de quienes de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar”. Tanto Rajoy como Montoro hicieron caso omiso de esos reproches para argumentar que tuvieron que hacerlo porque “España en aquel momento estaba en una situación límite, al borde de la quiebra y del rescate”.

No dimite

“No me gustó hacerlo, pero no fue un error” y “la sentencia sólo dice que el vehículo normativo utilizado no fue acertado”, aseguró Montoro defendiendo esta y otras “medidas impopulares” adoptadas entonces por la “situación gravísima” y “el estado de emergencia”, como los recortes sociales o la subida de impuestos. La alternativa, dijo, hubiera sido el rescate, la bajada de pensiones y la bancarrota. De todo eso tenía la culpa José Luis Rodríguez Zapatero por la herencia que le dejó, afirmó.

“Cuantas más veces se levante usted a pedir mi dimisión, menos me puedo ir, es evidente”, dijo el ministro para dejar claro al diputado socialista Pedro Saura que no tiene intención de dimitir, pese al varapalo del Constitucional.

Unidos Podemos, a través de Alberto Garzón y de Rafael Mayoral, pidió también la dimisión de Montoro. Juan Carlos Girauta y Francisco de la Torre, portavoces de Ciudadanos, reprocharon que se hayan acogido los Pujol, Rodrigo Rato o Bárcenas, entre otros, mientras se apretaba a la clase media. Girauta también aseguró que la sentencia contiene “un reproche moral por legitimar la insolidaridad”, pero no pidió la dimisión del ministro, con el que negocia el techo de gasto, previa de los Presupuestos de 2018.

Montoro puntualizó en varias ocasiones que en las filas del PP solo hay un dirigente que se acogió a la amnistía, en referencia Rato, y señaló en los pasillos que “hay más casos en el grupo socialista” de dirigentes acogidos a la amnistía “que también están en los tribunales”. No dio nombres.

Según su relato en la comisión, basado en el criterio de utilidad y el mal menor, lo que él llama regularización fiscal ponía “el cebo atractivo” de reducción de impuestos para que afloraran dinero oculto 30.000 propietarios de 40.000 millones de euros, que pagaron 1.200 millones y que luego han seguido pagando impuestos. Hacienda ha realizado desde 2013 un total de 3.943 actuaciones inspectoras entre quienes se acogieron a la amnistía fiscal. Por esas inspecciones, siempre según sus datos, hay una deuda instruida de más de 279 millones de euros, de la que se ha liquidado un total de 212 millones.

El ministro anunció su intención de estudiar la prohibición en el futuro de nuevas regularizaciones extraordinarias, cambiando la ley tributaria. Varios portavoces le hicieron ver que otra reforma legal podría anularla.