Un testigo protegido desvió con datos falsos durante nueve meses la investigación de Seseña
El hermano del empresario que finalmente ha sido imputado dirigió las pesquisas hacia el cuñado de ambos
El 15 de junio de 2016, más de un mes después de que se iniciara el incendio de Seseña, la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real recibió la llamada de una persona que dijo ser Juan Carlos M. P. Esta persona aseguró saber quién estaba detrás del suceso: el empresario Javier R., cuñado suyo y para el que había trabajado, y Eitor S., un empleado de este de origen brasileño. También apuntó a que ambos habían contratado -"a través de un empresario de Alcázar de San Juan y otro de Valencia"- a las personas que habían encendido el fuego que desató la catástrofe medioambiental la noche del 12 al 13 de mayo.
Todo ello ligado, recalcaba esta persona, a una planta de reciclaje de neumáticos para "sacar gasoil, metales y negro de humo" que poseía su familiar. En su testimonio, aseguró que le costaba hablar porque los dos señalados le habían amenazado "con mandarle una banda de latinos". Días después, remitía a los agentes un mensaje de SMS: "Tengo mucho miedo y no sé qué hacer. Por favor, llámeme mañana".
El 23 de agosto, y tras un informe del Seprona, el juez decidía concederle la condición de testigo protegido. Una medida que convertía su identidad en secreta, salvo para el magistrado, los investigadores y la fiscalía. En el sumario empezó a ser citado entonces como TP-01, sin referencia alguna a su verdadera identidad. Sus declaraciones llevaron a la Guardia Civil a centrar a partir de ese momento buena parte de sus pesquisas para identificar a los autores del incendio en las dos personas señaladas por Juan Carlos M. P., a los que se les pinchó el teléfono por orden judicial y se les rastreó sus negocios en busca de pruebas contra ellos.
Sin embargo, la investigación sobre ambos no dio resultado, pese a que los agentes volvieron a interrogar al testigo protegido para recabar nuevos datos y aclarar aquellos que había dejado confusos en sus primeros testimonios. Finalmente, el 25 de mayo pasado, nueve meses después, la Guardia Civil consideró que su testimonio no era veraz y remitió un informe al juez para solicitar que se le retirara la protección jurídica.
En este documento policial, incorporado al sumario y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los investigadores aseguraban haber comprobado "la falta de concreción y continuidad en lo manifestado [por el testigo protegido] sobre datos básicos, relevantes y esenciales", además de reflejar sus sospechas de que tras la denuncia latía la "animadversión clara" que tenía hacia el marido de su hermana, de cuya empresa había sido despedido. En este sentido, recordaban que Javier R. había sufrido "coacciones pidiendo dinero" y había recibido correos electrónicos con amenazas. Con el otro empleado señalado había tenido, incluso, un enfrentamiento físico.
Llamadas telefónicas
Los agentes destacan también que la investigación iniciada gracias a la identificación de un móvil que recibió llamadas en la zona del siniestro en las horas previas a que se descubriera el incendio y que era propiedad de su hermano Javier -el empresario que finalmente fue detenido y es por ahora el único imputado por suceso de Seseña- reveló que hubo "connivencia" entre ambos sobre la denuncia contra el cuñado de ambos. Los agentes detallan que en las conversaciones telefónicas intervenidas se observaba como el ahora imputado daba indicaciones a su hermano sobre lo que tenía que declarar para inculpar al cuñado de ambos.
El documento policial también destaca que, "tras meses de investigación", los investigadores no habían podido "acreditar" las acusaciones contenidas en la cambiante e inconcreta declaración del testigo protegido. "No hay indicio alguno -se lee en el informe- de la supuesta conversación que afirmó que existió en diciembre de 2015 en un bar, en la que indicó que Eitor [el empleado brasileño de su cuñado] dijo que conocía a unos latinos" que supuestamente provocarían el incendio. Tampoco del supuesto preacuerdo que Javier R. habría alcanzado con una empresa pública para conseguir un contrato para la reutilización de los neumáticos de Seseña.
La Guardia Civil también considera relevante la existencia de "un fuerte conflicto familiar y también económico" entre él y su hermano con su cuñado, motivado por el negocio ruinoso de un vertedero también de neumáticos en Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Por todo ello, los agentes concluían que Juan Carlos M. P. "era consciente y sabía que lo que estaba informado en lo relativo a la autoría del incendio sobre Javier R. y Eitor S. no era cierto". Y reclamaron que se le retirase la condición de testigo protegido. Un día después, el juez ordenó que dejara de ser TP-1.
Recibos, charlas de Whatsapp y otras pistas fallidas
Los expertos advierten de lo complicado que es esclarecer un fuego. Las llamas borran las pruebas. Durante este último año, según refleja el sumario, los investigadores del Seprona han seguido decenas de pistas que finalmente resultaban fallidas. Como el recibo de una retirada de efectivo de un cajero que se encontró junto al vertedero de Seseña. O una conversación de Whatsapp en la que un chico de un instituto cercano se jactaba de haberle prendido fuego a los neumáticos. Los agentes le interrogaron y el chaval reconoció que “era una broma”, que él no lo hizo. También se siguió el rastro —que no condujo a nada— de un anónimo que hablaba de una pareja sospechosa en una gasolinera cercana.
De nada sirvieron las cámaras de seguridad del vertedero. Llevaban meses sin funcionar. Y el guarda trabajaba solo hasta las cuatro de la tarde. Los agentes han intentado reconstruir la situación de este vertedero, que estaba en un limbo legal. Dos semanas antes del fuego, Bruselas envió un escrito a España en el que pedía explicaciones sobre el vertedero y advertía de lo que finalmente ocurrió; del riesgo de un incendio.
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