Los jueces tendrán que volver a concursar para mantener su plaza
El ‘Govern’ participará en el proceso de selección de magistrados
La Generalitat pretende controlar de forma exhaustiva qué jueces trabajarán en una hipotética Cataluña independiente. Consciente de que se trata de un cuerpo de funcionarios dependiente de la Administración General del Estado, la ley fundacional establece que “los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que pertenezcan a los cuerpos correspondientes al Estado español podrán concursar en las plazas que se convoquen”.
La clave es que la selección de estos jueces estaría profundamente politizada, según se desprende del borrador de la ley de ruptura al que ha tenido acceso EL PAÍS. En la práctica, el Gobierno de Carles Puigdemont tendría un papel fundamental en la decisión de qué magistrados formarían parte de la judicatura de una Cataluña constituida en Estado.
El proyecto de ley que manejan los independentistas fija que será la sala de gobierno del Tribunal Supremo de Cataluña —sucesora del actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña— la que propondrá “el nombramiento de jueces y magistrados después de los correspondientes procesos de selección”.
El borrador no aclara en ningún momento cómo sería este filtro de selección para un cuerpo de funcionarios que ya obtuvo su plaza mediante una de la oposiciones más difíciles que hay dentro del empleo público.
La ley de ruptura con España también reserva a la sala de gobierno del Supremo el poder de cubrir “las plazas de nueva creación y las correspondientes a los concursos de traslado y a las vacantes” que se produzcan.
La politización de la magistratura catalana tendría aún más agravantes, conforme al borrador de la ley. La norma redactada por los soberanistas establece que la comisión mixta formada por la sala de gobierno del Supremo catalán y por el Ejecutivo de Puigdemont participaría en los “procesos selectivos de jueces y magistrados en los términos que fije la ley”, sin precisar a qué norma se refiere.
La norma también asegura que los jueces que se integren en la justicia catalana conservarán sus “derechos económicos y profesionales”.
En los últimos meses, el temor se ha instalado en buena parte de la judicatura de Cataluña ante los movimientos de la Generalitat. Una preocupación que se ha extendido a numerosos juristas, que han firmado manifiestos advirtiendo de que una ruptura unilateral de Cataluña con España no tiene cabida en la Unión Europea.
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