El hilo de la Púnica que llevó a la Guardia Civil hasta las ‘cocinas’ de Madrid

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Unas misteriosas iniciales. Las palabras en inglés “in” y “out”. Y diversas cifras. Las anotaciones manuscritas encontradas en una agenda intervenida a Francisco Granados en octubre de 2014 es el punto de arranque de la compleja investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desembocó en el informe fechado el pasado 1 de marzo que salpicaba a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el supuesto amaño de las adjudicaciones de 2009 y 2011 de sendos contratos para que el empresario Arturo Fernández gestionara las cocinas, el comedor, la cafetería de la Asamblea de Madrid.

Aquella anotaciones pudieron ser descifradas gracias a la colaboración de uno de los principales implicados de la trama, el constructor David Marjaliza, quien detalló que las cifras distribuidas en dos columnas de aquella agenda recogían el supuesto pago de comisiones ilegales por parte de empresarios y su entrada en la caja b del PP madrileño. Marjaliza también puso nombre a dos grupos de iniciales: “JLM” era el empresario Javier López Madrid y “BG”, Beltrán Gutiérrez, quien había sido gerente del PP de Esperanza Aguirre hasta su implicación en el caso de las tarjetas black. Con estos datos sobre la mesa, el juez Eloy Velasco abrió una pieza separada secreta, la número 14 del sumario de Púnica, para investigar la existencia de una caja B de los populares madrileños.

"La premisa inicial de la que parte esta línea de investigación -se lee en un informe de la Guardia Civil en referencia a dicha agenda- es el hallazgo de un elemento documental relativo, a juicio policial, a la campaña de 2011 que revelaría supuestos pagos efectuados por distintos empresarios al que era secretario regional del PP y jefe de campaña, Francisco Granados, quien a su vez entregaría la mayor parte de ese dinero al entonces gerente del partido y administrador electoral, Beltrán Gutiérrez". Por ello, el siguiente paso que dio la UCO fue registrar las viviendas y lugares de trabajos de Javier López Madrid y del propio Beltrán Gutiérrez. Fue, precisamente, en el domicilio de este último en el que la Guardia Civil localizó dos pendrive que se han revelado claves para el avance de las investigaciones.

En ellos, los agentes encontraron contabilidades para el pago de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, así como información sobre el sistema de empresas interpuestas, desvío de fondos públicos y pagos a través de una fundación del partido con las que los populares conseguían superar de manera muy significativa el tope de gasto electoral. "El análisis de la documentación incautada a Beltrán Gutiérrez revela numerosas irregularidades de la normativa electoral y de financiación de los partidos políticos y ha evidenciado una contabilidad b de gastos e ingresos relacionados con la celebración de numerosos comicios electorales", recalca la Guardia Civil en uno de sus informes. En estas maniobras, la UCO señala como pieza clave la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), "directamente vinculada" al PP y que en la "ingente documentación" intervenida aparece como pagadora de numerosos gastos electorales de los populares.

"La costatación de que a través de la cuenta corriente de Fundescam se estaban librando pagos correspondientes a gastos electorales de la campaña electoral del 2007 del PP de Madrid hizo fijar la atención de los agentes de la unidad investigadora en la cuenta corriente de la citada fundación y en la declaración tributaria reflejada en el modelo 347 de la AEAT", señala un informe de la Guardia Civil que a continuación destaca que estas pesquisas revelaron que "la inmensa mayoría" de las salidas de fondos desde los depósitos bancarios a nombre de Fundescam tuvieron precisamente como fin pagar la campaña.

Por ello, la UCO se centró "a partir de entonces en determinar las fuentes de financiación de Fundescam" y, por tanto, saber quiénes figuraban como donantes sobre todo por un detalle: "Las aportaciones efectuadas en la cuenta corriente de la fundación cesaron tan sólo una semana y media después de los referidos comicios electorales (27 de mayo de 2007), y en el resto del año no se efectuó ninguna aportación más, lo que podría indicar la relación directa de las aportaciones recibidas con la celebración de unos comicios electorales", apuntan los documentos policiales.

Al analizar esa lista de donantes preelectorales, la Guardia Civil encontró en un lugar destacado con una entrega de 60.000 euros al empresario Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco que englobaba una extensa trama de empresas, muchas de ellas dedicadas a la hostelería y con adjudicaciones públicas. Los agentes también lo relacionan con otra donación, esta de 100.000 euros que aportó la patronal madrileña cuando él era el vicepresidente de la misma.

“La investigación, una vez constatadas dichas aportaciones, ha centrado sus pesquisas en determinar posibles tratos de favor a los empresarios que efectuaron las importantes aportaciones económicas al PP de Madrid a través de la citada Fundación, por parte de Administraciones públicas ubicadas donde esa formación política logró ganar esas elecciones [de 2007] y, por ende, tuvo responsabilidades de gobierno durante los cuatro años siguientes”, recalca en un informe la UCO.

Entre otros, los contratos analizados fueron los que el Grupo Cantoblanco Colectividades SL consiguió para gestionar los servicios de cafetería, cocina y comedor en la Asamblea de Madrid, y que fueron licitados en 2009 y 2011, “es decir, a partir de la fecha en la que se produjeron las aportaciones económicas” que reflejaban las cuentas de Fundescam. Los agentes destacan que es en ese momento cuando descubren que “personas que pertenecían al Patronato de la fundación y al PP de Madrid cuando el empresario hizo las aportaciones económicas, tuvieron una participación directa en esos procesos de licitación”. Se refieren, como más adelante indican, a Cristina Cifuentes, quien al ser entonces vicepresidenta de la Cámara autonómica, era integrante del órgano de contratación y del comité de expertos que estudió las ofertas presentadas.

Un experto de la UCO en contratación pública concluyó que el concurso presentó hasta seis supuestas irregularidades que, en su opinión, suponían sendos “indicios de una adjudicación decidida de antemano en los referidos contratos y permiten asociar un nexo causal evidente respecto a la consecución de adjudicación por parte de la empresa Grupo Cantoblanco con fecha posterior a efectuarse las importantes aportaciones económicas a la Fundación Fundescam”. Las anotaciones de Granados llevaban así a la Guardia Civil hasta las mismas cocinas de la Asamblea de Madrid.