Sanidad estudia indemnizar a las víctimas de la talidomida

José Riquelme, presidente de Avite, enmarca las reuniones —ya ha habido una, la siguiente está convocada para el 17 de mayo— en la puesta en marcha de las conclusiones de una proposición no de ley que aprobó el Congreso en noviembre del año pasado y que es consecuencia del pacto de gobierno que firmaron Ciudadanos —defensor de la proposición— y el PP.

El primer objetivo es determinar cuántos y quiénes están afectados por la talidomida. Oficialmente, el medicamento estuvo en el mercado pocos años (de 1957 a 1961), pero los afectados afirman que la retirada del producto no fue completa. Por eso Riquelme afirma que van a pedir que el grupo sea “amplio en los plazos”.

Ya en 2010 hubo un intento por parte del Gobierno de reconocer y reparar a las víctimas, pero solo 24 personas lograron la ayuda. El problema es que es casi imposible encontrar pruebas físicas (recetas, cajas de medicamentos) de que la madre tomó el fármaco hace 60 años. Pero los afectados, y expertos como Claus Knapp, el médico español que descubrió la relación entre el medicamento y las malformaciones, señalan que estas —llamadas focomelias— son tan características (faltan huesos enteros de las extremidades) que se puede reconocer a los pacientes sin mucho problema.

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Avite afirma que cuenta con unos 300 socios, pero puede haber otros afectados que no estén inscritos (y podría ser que alguno de los socios en verdad no fuera víctima de la talidomida, admite Riquelme). En cualquier caso, calcula que no van a ser muchos (no más de 600).

La segunda fase sería indemnizar a los afectados. Pero Riquelme cree que no vale con una cantidad de pago único, como las que se dieron en 2010, sino que haría falta establecer pensiones, “como las que reciben los afectados en el resto de Europa”.

En la proposición no de ley se menciona que se negociaría con el laboratorio Grünenthal, fabricante del producto, para que este “asuma y contribuya económicamente a la reparación del daño causado”. Se haría al margen de los tribunales; los afectados perdieron en el Supremo en 2015 el intento de ser indemnizados por la farmacéutica porque el caso estaba prescrito. La situación de estas personas en España es única en la UE. En los demás países cuentan con pensiones e indemnizaciones (muchas de ellas pagadas por Grünenthal). Pero la gran diferencia fue que, en la época de los nacimientos, el franquismo impedía que se supiera qué había fallado y, mucho menos, que se buscaran responsables, ya que ello habría implicado a las autoridades, lo que era inadmisible. Cuando los afectados se movilizaron ya habían pasado 40 años. Y ese abandono es el que se trata de solucionar ahora.