Granados insiste en pedir que Aguirre declare como testigo en Púnica

Francisco Granados, exdirigente del PP de Madrid y único encarcelado por el caso Púnica, presentó este martes en la Audiencia Nacional un escrito en el que vuelve a pedir al juez Eloy Velasco que cite a declarar como testigo a la que fuera líder del partido regional y recientemente dimitida de todos sus cargos Esperanza Aguirre. Granados ya pidió el pasado 15 de marzo que Aguirre testificara en la causa junto a otras 24 personas, en su mayoría antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid, pero el magistrado lo rechazó por considerarlo "innecesario". Ahora, el ex secretario general de los populares madrileños insiste aunque con un número mucho más reducido de testigos: Aguirre y otros tres altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Jaime González Taboada, número 3 del ejecutivo de Cristina Cifuentes.

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En su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Granados destaca que el interrogatorio a Aguirre es "necesario" para que "manifieste el papel" que él tenía en el seno del Gobierno madrileño que ella presidía, así como "qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros". También pretende que la antigua líder del partido en la región aclare si él tuvo "la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la UCO" o la que pudo ejercer "en la aprobación del Plan general de Ordenación Urbana de Valdemoro, en los conciertos de colegios y cualesquiera otros asuntos urbanísticos" sobre los que recaen sospechas de amaño... Finalmente, pretende que Aguirre aclare si fue ella la que eligió a los altos cargos de la consejería de Presidencia que él encabezó durante los años de máxima actividad de la trama.

Granados también quiere que declare Jaime González Taboada, actual consejero de Cifuentes y que durante la etapa de Aguirre ocupó el cargo del director general de Administración Local y presidente del Consejo de Administración de Arpegio, la empresa pública del suelo investigada en el 'caso Púnica'. En su caso, el político encarcelado considera su testimonio "de un alto interés" ya que fue señalado en su confesión por el constructor David Marjaliza como una de las personas que supuestamente recibió comisiones a cambio de la adjudicación obras del Plan Prisma de inversiones públicas. Granados quiere que responda a las acusaciones de Marjaliza y, también, que sea preguntado por "la existencia de pagos o comisiones en la ejecución de dicho plan y [las] circunstancias de su nombramiento".

Los otros dos altos cargos de la Comunidad de Madrid que Granados propone como testigos son Eduardo Larraz Riesco, exgerente de la empresa pública Arpegio, y Pilar Rubio Izquierdo, directora de proyectos del Plan Prisma. Del primero, el ex secretario general del PP madrileño pretende que aclare si le dio "instrucciones de que se realizara alguna adjudicación" y para que confirme que su nombramiento "fue motivado por su relación" con Aguirre. A Pilar Rubio quiere preguntarle si él le dio indicaciones "que pudieran favorecer a determinadas empresas". Granados considera que tras reducir las primeras 25 comparecencias solicitadas a solo cuatro, el juez Velasco debe acceder a ello. En este sentido, recuerda que su anterior petición fue rechazada de plano por el magistrado solo dos días después de plantearla, precisamente, por el elevado número de testigos propuestos. Entonces, Velasco rechazó todas en una providencia en la que destacaba que "la gran cantidad de declaraciones solicitadas" eran innecesarias "en este momento procesal" e invitaba al político a "solicitarlas en la fase del juicio oral. Ahora, Granados insiste en que oír el testimonio de estos cuatro altos cargos porque lo considera "de especial interés" para su defensa.