El juez de Púnica revisa facturas que suman 16 millones por la caja b del PP

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La reciente Operación Lezo no ha impedido que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, haya seguido trabajando en el otro gran sumario que acorrala al PP de Esperanza Aguirre por su presunta financiación irregular: el caso Púnica.La semana pasada, el magistrado ordenó a la Comunidad de Madrid que remitiera a la Audiencia Nacional toda la información que tuviera sobre los 16,5 millones de euros que se gastó el Ejecutivo regional para promocionar el Plan Regional de Inversiones de Madrid (conocido como Prisma) durante los años 2006 y 2007, etapa en la que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, controlaba como consejero de Presidencia la millonaria partida dedicado a dicho plan.

Velasco quiere conocer los expedientes de contratación, las memorias y los certificados de ejecución de los trabajos, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Toda la documentación se ha incorporado a la única pieza del sumario que aún permanece bajo secreto, la referida a la supuesta caja b del partido, y en la que están imputados, entre otros, el que fuera gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, y el empresario Javier López Madrid, también investigado en la Operación Lezo.

Gastos sin justificar

Los gastos ahora bajo sospecha en el caso Púnica fueron remitidos en 2010 por la empresa pública del suelo, Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA, ya investigada por otros gastos dentro del sumario, a la Comunidad de Madrid para que esta se hiciera cargo de la abultada partida. Sin embargo, la Intervención del Ejecutivo regional se negó en 2015, ya con Cristina Cifuentes en la presidencia, a validarla, al considerar que buena parte de los gastos que incluían no estaban convenientemente justificados.

La partida ha sido en los últimos meses objeto de debate en la Asamblea de Madrid por los conceptos e importe de gran parte de los trabajos reflejados en ella. Así, 5,9 de los 16,5 millones fueron destinados a “consultorías y asistencias para la tramitación de licitaciones”, y ahí se incluyeron los sueldos de una veintena de trabajadores contratados para llevar a cabo el plan de inversiones.

La siguiente gran partida es la destinada a actos de propaganda de las obras. Las facturas que el juez Velasco quiere investigar suman 3,3 millones en este concepto, que incluye los actos de colocación de primeras piedras. Hay, por ejemplo, una factura de 28.232 euros para la primera piedra de la comisaría de policía de Alcalá de Henares con la presencia de Esperanza Aguirre; otra por 29.000 euros para un acto similar con la residencia de mayores de Navas del Rey; y 35.000 euros más para dar publicidad a una obra del Plan Prisma en Serranillos del Valle. En total, solo en este tipo de celebraciones la Comunidad gastó 782.000 euros.

Más elevada es la partida dedicada a dar a conocer las obras: 2,5 millones en “campaña publicitaria instituciones”. En ella se incluyen 852.000 euros por la realización de un “vídeo estereoscópico en tres dimensiones” y los 500.000 euros gastados en la creación y mantenimiento de una web. También 28.072 euros invertidos en traer urgentemente desde China en avión 10.000 paraguas y bolígrafos de propaganda.

Junto a todo ello, otros gastos como 65.000 euros en teléfono, otros 78.000 en “útiles y herramientas de escritorio”, 96.027 en “supermercados, suministros higiénicos, farmacia, consumibles informáticos y bebidas (agua y café)” y 289.000 en el alquiler de plazas de garaje para empleados y el arrendamiento de oficinas.

No es la primera vez que Arpegio y algunas de estas partidas aparecen en el sumario de Púnica. En julio de 2016, Velasco ya reclamó a la Comunidad de Madrid que le entregase de manera “urgente e inmediata” toda la información del periodo 2006-2011 referido a 22 consorcios urbanísticos y un sinfín de contratos de obras públicas del Plan Prisma. Entre ellos, los adjudicados por 9,8 millones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (Dusa).

Entonces el magistrado ya apuntaba la sospecha de que todos estos contratos se licitaron de manera supuestamente irregular “bajo la esfera de dominio de Francisco Granados”, unas veces “en persona” y otras “por delegación”. El empresario David Marjaliza señaló en su confesión a Jaime González Taboada, entonces vinculado a Arpegio y hoy consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes, de cobrar comisiones por estas obras. Taboada siempre lo ha negado.

En el sumario también se investiga a la Fundación de la empresa pública por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto organizado por Waiter Music, una empresa de la trama.