El juez sospecha que el 'caso Lezo' alcanza a los Teatros del Canal
El juez se refiere al exdirector general del Canal, Ildefonso de Miguel, que fue hombre de confianza de Ignacio González
El auto que envía a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sostiene que el exdirector gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, “habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal”. La sospecha surge debido a “una conversación grabada entre los hermanos González”. El coste del edificio pasó de los 49,9 millones iniciales a 76 y se inauguró cuatro años más tarde de lo previsto. El juez también ha encontrado “numerosos indicios” de que el hermano y el cuñado de González “se beneficiaron” de contratos vinculados al polémico campo de golf de Chamberí.
La construcción de los Teatros del Canal, en un solar del ente público situado en la esquina de las calles Cea Bermúdez y Bravo Murillo (distrito de Moncloa) soportó un proceso de construcción largo y tortuoso. La obra se inició en 2002 con un presupuesto de 49,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses. Nada de ello se cumplió. La infraestructura se inauguró en septiembre de 2008 con un sobrecoste del 52% (hasta los 76 millones de euros). En 2004, fecha en la que las salas se deberían haber abierto, se planteó un modificado de la obra debido a que la indefinición del proyecto.
El Gobierno de Esperanza Aguirre llegó a rescindir el contrato del arquitecto, Juan Navarro Baldeweg, porque decían que la construcción tenía “importantes defectos”. Posteriormente, se le volvió a contratar. En el acto de inauguración de la obra Canal de Isabel II gastó 1,2 millones de euros. Eran otros tiempos que ahora se vienen encima.
El juez Eloy Velasco se refiere a esta obra en una breve pero contundente frase del auto que envía a prisión al expresidente Ignacio González. El ex director gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, habría cobrado “algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal”. De Miguel —investigado en la Operación Lezo— fue gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009, y hombre de confianza de González. Le acompañaba en el viaje a Colombia en el que ambos fueron espiados para la elaboración de un dosier sobre su patrimonio. De Miguel compareció ante la comisión parlamentaria que estudia el endeudamiento de la Comunidad de Madrid en marzo pasado y negó que se hubieran producido irregularidades en los contratos del Canal.
En el mismo auto el juez sostiene que en el polémico campo de golf de Chamberí promovido por el Canal de Isabel II, existen “numerosos indicios” que apuntan a que tanto Pablo González como José Juan Caballero, hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid, “se beneficiaron económicamente” de contratos vinculados a esta instalación deportiva. Los hechos habrían ocurrido cuando González era presidente del Consejo de Administración del Canal, cargo que ocupó de 2003 a 2012, añade el juez.
El documento sostiene también que fue González quien instó cuando era vicepresidente regional a declarar el complejo de “excepcional interés público” para legalizarlo, ya que se habían encontrado con la oposición del Ayuntamiento de Madrid por incumplimiento de la normativa. Es decir, concreta el juez, siendo González presidente del Canal de Isabel II, que era la promotora de la obra, tramita una comunicación a la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid de la que también era él responsable. Dos días después, el Consejo de Gobierno lo declara de interés general.
La oferta más cara
El proyecto continuó adelante y se adjudicó al consorcio Green Canal Golf, que obtiene la mejor puntuación a pesar de ser la oferta más cara. Lo consigue, indica el auto, con puntos que obtiene de criterios subjetivos que incluía el concurso público. Los pliegos fueron firmados por De Miguel. Todo ello lleva al juez a concluir que existió un “riesgo potencial de manipulación en la adjudicación del contrato”, que pudo permitir “orientar el procedimiento a sus intereses particulares”.
Dos meses antes del citado concurso (en agosto de 2006), el hermano y el cuñado del expresidente constituyeron una sociedad junto con José Antonio Clemente cuyo objeto mercantil era la explotación de instalaciones deportivas. La noticia saltó a los medios de comunicación, lo que “parece motivó” la disolución de la empresa en diciembre de 2006.
Posteriormente, aparece en escena la empresa Tecnoconcret, una sociedad “supuestamente dedicada a la ingeniería”, creada días antes de la publicación del contrato de construcción de las instalaciones en 2003, dice el juez. La mercantil se integra en el consorcio al que se había adjudicado la explotación del golf en 2008. En abril de ese año, el hermano y el cuñado de González adquirieron participaciones de la empresa.
Tecnoconcret continuó facturando al consorcio del golf cuando se desvinculó formalmente de él. Entre 2007 y 2012 el importe ascendió a 623.000 euros. Las investigaciones también han detectado importantes movimientos de dinero en efectivo.
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