La UDEF sortea el ‘pendrive’ del ‘caso Pujol’ con documentación intervenida al asesor fiscal del clan

El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía incorporado al sumario del ‘caso Pujol’ no sólo evita utilizar documentación contenida en el polémico ‘pendrive’ que salpica a la llamada ‘policía patriótica’, sino que incluso consigue sortearlo con la información recabada en uno de los registros realizados por orden judicial durante la ‘Operación Hades’, desarrollada en octubre de 2015. El documento policial en el que la policía recopila todos los indicios recabados sobre las supuestas maniobras de Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercé Gironés, para blanquear y evadir 14 millones de euros con operaciones financieras en Argentina y Uruguay hace referencia en numerosas ocasiones a la documentación intervenida en el despacho de abogados CET Consultores de Economía y Tributaos, propiedad del asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté. La UDEF hace referencia en catorce ocasiones a datos intervenidos en el registro de dicho bufete y en siete, al propio consultor. De éste, que hasta el momento ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional, apunta a la existencia de “responsabilidades penales”.

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El documento policial está fecha el pasado 7 de marzo, cuando el juez José de la Mata aún investigaba el origen de la memoria informática ante el temor de que contaminase la causa, pero aún no había decidido apartar su contenido del proceso. Por ello, los agentes que redactaron el informe ya destacaban en el segundo párrafo del mismo qué “fuentes de información” habían utilizado para elaborar el mismo: archivos de contabilidad de Iniciatives Marketing e Inversiones, una de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola; los movimientos financieros facilitados por el BBVA sobre cuentas corrientes, datos mercantiles obtenidos de fuentes abiertas, “referencias aparecidas en medios de comunicación públicos de Argentina” y, sobre todo, la documentación intervenida en el despacho Joan Anton Sánchez Carreté.

La UDEF detalla que en el registro de la sede CET Consultores de Economía y Tributos en el barcelonés Paseo de Gracia se incautó “toda la información de las cuentas corrientes andorranas” de la familia Pujol y que “al parecer fue solicitada por este despacho al And Bank”. La policía resalta que para conseguir dichos extractos bancarios, la consultora tuvo que pagar 3.285 euros por cada una de las diez cuentas. El informe llama la atención a que aún no ha podido determinar “quién y cómo se hizo cargo de estos importes, dejándonos no obstante de nuevo la idea del funcionamiento de la familia Pujol Ferrusola como una organización criminal”.

El informe vuelve a hacer referencia en varias ocasiones a la información intervenida en la consultoría durante la ‘Operación Hades’ al detallar la operación que permitió a Jordi Pujol Ferrusola hacerse con el control de parte de la sociedad que se hizo con el puerto argentino de Rosario. En los equipos informáticos del bufete se localizaron cuatro documentos en formato pdf en los que se recogían los movimientos accionariales de una de las empresas implicadas en esta operación. También se encontró la memoria y balance de la sociedad que gestionaba dicha instalación, Terminal Puerto Rosario SA, con datos sobre el origen del dinero con el que se financiaría la inversión, así como cinco contratos de préstamo por un valor cercano a los 2 millones de dólares suscritos entre Inter Rosario Port Services, la empresa utilizada presuntamente por Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironé para canalizar su participación en este negocio argentino, e Iniciatives Marketing i Inversions, propiedad del primogénito del expresidente de la Generalitat.

En otro punto del informe, la policía apunta precisamente a que “los gestores de CET Consultores de Economía y Tributos pudieran haber alterado los archivos contables [de la empresa Inter Rosario] en fechas recientes”. Se refieren, en concreto, al “Balance de Situación del año 2011, que se había depositado en septiembre de 2012” y que según la UDEF contiene sustanciales diferencias en cuanto a la contabilidad que se aportó en el requerimiento judicial”. Así, mientras que el supuestamente manipulado apunta a inversiones de 1,9 millones de euros, la contabilidad eleva esta cifra a más de 3,7 millones. También se encontró un documento privado de reconocimiento de deuda de Jordi Pujol Ferrusola con el empresario argentino Gustavo Shanahan, clave en toda la operación.

El informe policial destaca el valor de los emails del propio Sánchez Carreté intervenidos en la sede de su consultora y que los agentes consideran “evidencias” de las inversiones bajo sospecha de las que hasta ese momento sólo se habían encontrado referencia en informaciones periodísticas. “Estos correos se incluyen en este informe, bajo la íntima convicción por parte del Instructor policial de que no han sido excluidos en base a resolución de su juzgado”, se detalla en el documento policial en clara referencia al polémico pendrive.