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La UDEF sortea el ‘pendrive’ del ‘caso Pujol’ con documentación intervenida al asesor fiscal del clan

El último informe policial da relevancia a la información intervenida en el bufete de Sánchez Carreté

Jordi Pujol Ferrusola, en la Audiencia Nacional, en Madrid, en febrero de 2016.
Jordi Pujol Ferrusola, en la Audiencia Nacional, en Madrid, en febrero de 2016.

El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía incorporado al sumario del ‘caso Pujol’ no sólo evita utilizar documentación contenida en el polémico ‘pendrive’ que salpica a la llamada ‘policía patriótica’, sino que incluso consigue sortearlo con la información recabada en uno de los registros realizados por orden judicial durante la ‘Operación Hades’, desarrollada en octubre de 2015. El documento policial en el que la policía recopila todos los indicios recabados sobre las supuestas maniobras de Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercé Gironés, para blanquear y evadir 14 millones de euros con operaciones financieras en Argentina y Uruguay hace referencia en numerosas ocasiones a la documentación intervenida en el despacho de abogados CET Consultores de Economía y Tributaos, propiedad del asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté. La UDEF hace referencia en catorce ocasiones a datos intervenidos en el registro de dicho bufete y en siete, al propio consultor. De éste, que hasta el momento ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional, apunta a la existencia de “responsabilidades penales”.

El documento policial está fecha el pasado 7 de marzo, cuando el juez José de la Mata aún investigaba el origen de la memoria informática ante el temor de que contaminase la causa, pero aún no había decidido apartar su contenido del proceso. Por ello, los agentes que redactaron el informe ya destacaban en el segundo párrafo del mismo qué “fuentes de información” habían utilizado para elaborar el mismo: archivos de contabilidad de Iniciatives Marketing e Inversiones, una de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola; los movimientos financieros facilitados por el BBVA sobre cuentas corrientes, datos mercantiles obtenidos de fuentes abiertas, “referencias aparecidas en medios de comunicación públicos de Argentina” y, sobre todo, la documentación intervenida en el despacho Joan Anton Sánchez Carreté.

La UDEF detalla que en el registro de la sede CET Consultores de Economía y Tributos en el barcelonés Paseo de Gracia se incautó “toda la información de las cuentas corrientes andorranas” de la familia Pujol y que “al parecer fue solicitada por este despacho al And Bank”. La policía resalta que para conseguir dichos extractos bancarios, la consultora tuvo que pagar 3.285 euros por cada una de las diez cuentas. El informe llama la atención a que aún no ha podido determinar “quién y cómo se hizo cargo de estos importes, dejándonos no obstante de nuevo la idea del funcionamiento de la familia Pujol Ferrusola como una organización criminal”.

Quejas policiales a la falta de colaboración internacional

La UDEF se queja de manera reiterada de “las restricciones que sufrimos en cuanto a la información” que manejan, en referencia a la falta de datos sobre las cuentas corrientes utilizadas por Jordi Pujol Ferrusola y otros investigados en Argentina, Suiza y Liechtenstein. Los agentes recalcan que las autoridades de los dos estados europeos, a los que llega a tildar de “paraísos fiscales a efectos pragmáticos”, se han negado a tramitar “el auxilio judicial internacional tramitado” por la Audiencia Nacional. Un obstáculo importante ya que la policía considera que, por ejemplo,. “los fondos blanqueados a través de Suiza fueron importantes.

El informe vuelve a hacer referencia en varias ocasiones a la información intervenida en la consultoría durante la ‘Operación Hades’ al detallar la operación que permitió a Jordi Pujol Ferrusola hacerse con el control de parte de la sociedad que se hizo con el puerto argentino de Rosario. En los equipos informáticos del bufete se localizaron cuatro documentos en formato pdf en los que se recogían los movimientos accionariales de una de las empresas implicadas en esta operación. También se encontró la memoria y balance de la sociedad que gestionaba dicha instalación, Terminal Puerto Rosario SA, con datos sobre el origen del dinero con el que se financiaría la inversión, así como cinco contratos de préstamo por un valor cercano a los 2 millones de dólares suscritos entre Inter Rosario Port Services, la empresa utilizada presuntamente por Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironé para canalizar su participación en este negocio argentino, e Iniciatives Marketing i Inversions, propiedad del primogénito del expresidente de la Generalitat.

En otro punto del informe, la policía apunta precisamente a que “los gestores de CET Consultores de Economía y Tributos pudieran haber alterado los archivos contables [de la empresa Inter Rosario] en fechas recientes”. Se refieren, en concreto, al “Balance de Situación del año 2011, que se había depositado en septiembre de 2012” y que según la UDEF contiene sustanciales diferencias en cuanto a la contabilidad que se aportó en el requerimiento judicial”. Así, mientras que el supuestamente manipulado apunta a inversiones de 1,9 millones de euros, la contabilidad eleva esta cifra a más de 3,7 millones. También se encontró un documento privado de reconocimiento de deuda de Jordi Pujol Ferrusola con el empresario argentino Gustavo Shanahan, clave en toda la operación.

El informe policial destaca el valor de los emails del propio Sánchez Carreté intervenidos en la sede de su consultora y que los agentes consideran “evidencias” de las inversiones bajo sospecha de las que hasta ese momento sólo se habían encontrado referencia en informaciones periodísticas. “Estos correos se incluyen en este informe, bajo la íntima convicción por parte del Instructor policial de que no han sido excluidos en base a resolución de su juzgado”, se detalla en el documento policial en clara referencia al polémico pendrive.

El asesor fiscal que negó conocer la fortuna

No es la primera vez que el nombre de Joan Anton Sánchez Carreté, responsable de CET Consultores, aparece en la investigación del ‘caso Pujol’. En noviembre de 2014 compareció en calidad de testigo ante el juez Pablo Ruz, entonces instructor del sumario. En su testimonio, Sánchez Carreté aseguró que, a pesar de que gestionaba los asuntos fiscales de la familia desde 1983, nunca había tenido constancia de que la familia Pujol Ferrusola tuviera depósitos fuera de España. Incluso afirmó que se enteró de la existencia de una supuesta herencia “unas semanas antes” de que el expresidente de la Generalitat lo hiciera público, y porque éste le pidió “consejo”.
El asesor también compareció dos veces ante la comisión de investigación del Parlament de Cataluña. En la primera, rechazó responder. En la segunda, se escudó en “el secreto profesional y el derecho de defensa” para negarse a facilitar datos sobre su asesoramiento a la familia Pujol.
Ahora el informe de la UDEF le otorga un papel protagonista en las actividades de Jordi Pujol Ferrusola a la vista de los correos intervenidos en su bufete. Uno de ellos, fechado el 11 de noviembre de 2005, recoge los detalles de las reuniones mantenidas para levantar “un complejo de esparcimiento en Puerto de Rosario (Argentina), que consistió en un casino, un hotel de cinco estrellas y un centro internacional de convenciones”, y en el que participó el primogénito del expresident. Los agentes adjudican a Sánchez Carreté el “diseño estratégico” de la operación y, por ello, apuntan a que el consultor puede tener “responsabilidades penales” en los hechos investigados.

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