Los Pujol buscan apartar de su caso los indicios contaminados por la ‘policía patriótica’

La familia Pujol ha asistido, sin hacer ruido, a las declaraciones contradictorias de mandos de la policía que han evidenciado irregularidades en la obtención de pruebas del caso que les afecta. La defensa del expresident quiere explotar ahora, en su favor, la decisión del juez José de la Mata de imputar al ex número dos de la policía, el comisario Eugenio Pino, y de excluir de la causa, por estar "contaminado", el pendrive con información sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola en el extranjero. La familia pretende que esos datos no puedan utilizarse, ni siquiera si se hallan otras fuentes de prueba. Y consideran que toda la instrucción está viciada desde su origen.

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Todos los miembros de la familia —el expresident Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y los siete hijos de la pareja— permanecen imputados en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y fraude fiscal. La Fiscalía Anticorrupción y el juez De la Mata indagan el origen del patrimonio que ocultaron, durante más de tres décadas, en Andorra. No creen que la versión de la familia sea cierta —un legado del abuelo Florenci Pujol— y sospechan que parte de esa riqueza procede del cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública.

La defensa se ha opuesto a las decisiones de mayor calado adoptadas por el juez, como el envío de comisiones rogatorias a Andorra (la única aceptada), Suiza y Liechtenstein. También ha rechazado las entradas y registros en casas y empresas de los hermanos y se ha opuesto a las medidas cautelares sobre miembros de la familia. Pero no ha pedido el archivo de la causa, abierta desde finales de 2012, ni ha solicitado la nulidad de las diligencias policiales. Pero la aparición sorpresiva del pendrive y sus consecuencias ha abierto una nueva vía para lograr que la causa adelgace y que al menos algunos indicios queden fuera del procedimiento.

El juez desconfió desde el inicio de los documentos citados en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía de abril de 2016. Esos documentos figuraban en una unidad de memoria que, sin embargo, no le fue entregado hasta el pasado febrero. Contienen datos sobre una sociedad controlada por Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig —hermano del exdirigente de Convergència Felip Puig—, pero también sobre negocios del primogénito en países como Senegal, Gabón, Panamá o Marruecos hasta 2002.

En el auto en el que pide la imputación de Pino, el juez subraya que los documentos del pendrive quedan "definitivamente excluidos" y "no podrán ser utilizados" en la causa. Pero eso no significa que los datos que contiene no puedan obtenerse por otras vías. Esa es la batalla que pretenden dar los Pujol. Lo que el lápiz desveló "no puede ser sanable por medios de investigación alternativos", según fuentes de la defensa

Cadena de custodia

De la Mata excluyó el uso de los documentos en 2016. Primero de forma temporal y más tarde, cuando surgieron dudas sobre la cadena de custodia, de forma definitiva. Pero dejó la puerta abierta a que los agentes pudieran hacer nuevos informes sobre las cuestiones del dosier si los datos se obtenían "exclusivamente" con "fuentes de información cotejables, alternativas e independientes". De forma paralela, abrió una investigación para averiguar la procedencia y ha acabado pidiendo la imputación de Pino por prevaricación y falso testimonio.

La defensa no revela su estrategia. Fuentes cercanas a los Pujol, sin embargo, creen que la "contaminación" afecta a toda la instrucción. Esas fuentes aluden tanto a las declaraciones que originaron las diligencias —de Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol hijo, y del empresario Javier de la Rosa— y al pantallazo con las cuentas y saldos de miembros de la familia Pujol. Esas maniobras "evidencian que se han obtenido por la dudosa actividad de la policía".