El Congreso aprueba debatir una ley de muerte digna sin incluir la eutanasia

La mayoría de los grupos parlamentarios han votado este martes a favor de que se admita a trámite la proposición de ley de Ciudadanos sobre muerte digna. El PP y el PSOE han apoyado la moción. Los socialistas, que ya habían presentado una iniciativa al respecto, afirman que el texto de Ciudadanos es muy similar al suyo, y también a uno que había preparado el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La iniciativa ha salido adelante con 315 votos a favor, 5 noes y 17 abstención, ya que finalmente ha contado con el apoyo del PP, PSOE, Unidos Podemos, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Compromís; la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); y el voto en contra del PNV y del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). Precisamente el País Vasco es una de las comunidades que tienen ley propia al respecto, como Andalucía, Asturias, Galicia, Canarias, Baleares, Navarra, Aragón y Madrid.

"Esta ley es necesaria porque defendemos la igualdad de todos los españoles, también para morir”, ha dicho el diputado de Ciudadanos Francisco Igea al presentar la iniciativa. Según el parlamentario, “más de 50.000 pacientes al año mueren sin unos cuidados paliativos de calidad porque sigue existiendo el ensañamiento terapéutico, quien cree que puede imponer el dolor a sus pacientes por sus creencias”. Igea también se defendió de las críticas de otros grupos por "plagiar" la iniciativa: "Sabemos que el mundo no empezó cuando nosotros llegamos al hemiciclo. Solo queremos aportar un poco más".

Pilar Cortés, del PP, ha apoyado la iniciativa por entender que "contribuye a la igualdad en la prestación de cuidados paliativos en las comunidades autónomas". La diputada popular ha defendido "el respeto a la autonomía del paciente" y el "derecho a unos cuidados paliativos de calidad".

El PNV ha votado en contra y ha acusado a Ciudadanos de "copiar literalmente la ley vasca". "No hagamos un concurso de sentimientos. Es un debate jurídico", ha declarado el diputado Joseba Andoni Agirretxea. "Casi todo lo que plantean en esta ley está ya contemplado", ha añadido.

Alberto Garzón, de Unidos Podemos, había presentado un proyecto en el que se recogía la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido, que fue rechazado y no se debatió.

La propuesta de Ciudadanos sigue el modelo de las leyes autonómicas. Los derechos de los pacientes en todo su proceso asistencial –también al final de su vida– ya estaban recogidos en la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que ya establecía aspectos como el valor del testamento vital y la capacidad del enfermo de rechazar un tratamiento, por ejemplo. Pero el caso de Inmaculada Echevarría en Andalucía, cuando tuvo que llevar su caso hasta la Junta cuando quiso que le quitaran un respirador en 2006 –lo que no consiguió hasta medio año después, ya en 2007– demostró que había muchas reticencias y que hacía falta detallar mejor los supuestos y posibilidades que se dan específicamente al final de la vida, y fue lo que llevó a cabo Andalucía con su ley pionera.

Diferencias con la eutanasia

Esa norma, al ser autonómica, no podía ir más allá de lo que fijan las leyes estatales. Y tampoco lo hace la propuesta de Ciudadanos. Esta refleja el derecho al paciente a recibir sedación al final de la vida (distingue entre dos niveles, una parcial y otra de pérdida de conciencia que denomina sedación paliativa y sedación en fase de agonía). Esta es la práctica más extrema a que se puede llegar legalmente, ya que supone dar medicación para calmar dolores u oros síntomas llegando hasta el punto de sedar por completo al paciente, incluso si eso supone acortarle la agonía por los efectos adversos no buscados de la medicación. No es ni eutanasia ni suicidio asistido, ya que en estos dos casos lo que se busca es directamente la muerte, bien mediante fármacos aplicados por un sanitario a petición del paciente en situación terminal (eutanasia) o facilitándole los medicamentos para que se quite la vida (suicidio asistido), que son delitos en España.

Este aspecto ya se considera una buena práctica médica que incluso la Iglesia católica acepta, igual que el renunciar a tratamientos o tecnología que prolongan la vida de un enfermo terminal que está sufriendo (como fue el caso del respirador de Inmaculada Echevarría).

También se establece el derecho a estar acompañado en el proceso final, a recibir cuidados paliativos iguales en todas las comunidades, a que estos sean domiciliarios y a que, si se muere en un hospital, se respete la intimidad del proceso, por ejemplo, asignando habitaciones individuales.

Respecto a los profesionales, queda claro que deberán evitar dar tratamientos desproporcionados (lo que se conoce como limitar el esfuerzo terapéutico) y que deberá atenderse la voluntad del paciente por encima de los criterios morales o éticos de los profesionales.

Con estos mimbres, la norma saldrá probablemente adelante, pero tendrá un efecto que Unidos-podemos y grupos como Derecho a Morir con Dignidad, que defienden que se legalice la eutanasia, critican: evitará que mientras se tramita y se estudia, se discuta ir más allá. Las asociaciones profesionales como los especialistas en paliativos defienden que con unos buenos cuidados la demanda de eutanasia desaparecería. Organizaciones como DMD afirman que en países como Holanda y Bélgica coexisten cuidados paliativos y eutanasia.