País Vasco y Andalucía siguen adelante con sus oposiciones a profesor

A medida que pasa el tiempo se reducen las posibilidades de que en 2017 más comunidades que el País Vasco y Andalucía se sumen a convocar oposiciones docentes. La falta de seguridad jurídica para hacerlo está haciendo que cada vez más regiones se unan a las que aplazan la decisión de convocar a los miles de aspirantes que llevan años preparándose.

El presidente de CSIF, Mario Fernández, espera llegar a un acuerdo con Administraciones Públicas para fijar la tasa de reposición en la reunión que tienen prevista para el día 22 por la tarde. Una cita que dé garantías al proceso, pero que cree que quizás llegaría tarde para que el resto de comunidades pueda convocar oposiciones en 2017, habida cuenta de que la mayoría de las OPE de Educación se convocan en junio y julio. Otra cosa es que se reserven las plazas de 2017 para 2018.

"En este momento solo hay certeza de que País Vasco y Andalucía van para adelante en 2017", ha explicado Fernández. Madrid, Cataluña y Baleares, han dicho que sí pero no está del todo claro que lleguen a tiempo, y La Rioja, las dos Castillas, Cantabria y Asturias se han mostrado a favor de esperar, tal como ha recordado el presidente del CSIF. Los sindicatos estiman que hay más de 50.000 plazas en juego en 2017. El Gobierno habla de 150.000 previstas para toda la legislatura.

La clave para fijar el número de plazas está en la tasa de reposición. Es el porcentaje de vacantes de funcionarios públicos que se cubren de aquellos que se marchan (por jubilación o enfermedad, principalmente). El Gobierno fija esa tasa —que en 2016 fue del 100%— dentro de los presupuestos. Pero no solo. Se puede hacer también mediante Real Decreto Ley, como ya han solicitado algunas comunidades al Gobierno para intentar ponerlas en marcha cuanto antes. Ocurrió a finales de 2011.

El PP aprobó entonces un real decreto de medidas urgentes en el que establecía precisamente una tasa de reposición del 10%. El número de profesores que trabajan en precario, los interinos, es del 20%, según datos del Ministerio de Educación. Preguntado a este respecto, un portavoz del Ministerio de Educación señala que aprobar esa medida “corresponde a Hacienda”. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado este viernes que "si hubiera Presupuestos Generales del Estado sería mucho más sencillo". El de Hacienda, Cristóbal Montoro ha reiterado que hasta que no haya presupuestos no se va a tomar ninguna decisión. Fijar una tasa de reposición mediante real decreto desbloquearía también el resto de oposiciones pendientes, como las de jueces y fiscales.

El departamento vasco de Educación ya ha convocado para 2017 una Oferta Pública de Empleo de 740 plazas, "el máximo permitido", para profesorado de Educación Infantil y Primaria. En cuanto a la distribución de las plazas, 227 serán para Educación Infantil, 252 para Educación Primaria, 57 para Inglés, 37 Educación Física, 36 para Música, 105 para Educación Especial Pedagogía Terapéutica, y 26 para Educación Especial Audición y Lenguaje. 

La Junta de Andalucía convocará este año oposiciones para docentes “sí o sí”, según confirmó la presidenta, Susana Díaz, en el Parlamento autonómico. La oferta de empleo público se eleva a 2.486 plazas. La Administración autonómica esgrime que tiene competencias plenas en Educación, que se trata de un servicio esencial y que la convocatoria no afecta ni a las limitaciones de plazas impuestas por el Gobierno central ni al cumplimiento del déficit.

El Tribunal Constitucional, tras un recurso del Gobierno central, suspendió en septiembre de 2012 las oposiciones para 2.389 profesores en Andalucía, a las que se inscribieron 33.154 personas.

Además de Andalucía, Cataluña tenía previsto, aunque los sindicatos lo ponen en duda, aprobar unas 2.000 plazas para finales de año. Baleares, por su parte, también tenía previstas 250 plazas desde 2016 que podría llegar a doblar hasta 500 si se soluciona el asunto de la tasa de reposición.

En el extremo opuesto están las que ya han anunciado que no convocarán este año. Son siete regiones: Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón, La Rioja y Navarra y este viernes por la tarde se ha sumado también Murcia, según los datos recabados por este periódico. A ellas se suma Comunidad Valenciana, que ya había fijado previamente su convocatoria en 2018 sin que esté relacionado con este asunto.

Y quedan otras cinco más en compás de espera pendientes de las negociaciones del Congreso de los Diputados y que sopesan, además, si es buena idea convocar en sus regiones cuando no lo han hecho las del entorno, lo que puede provocar un efecto llamada. Son Madrid, Cantabria, Canarias, Asturias y Galicia.