Una nueva martingala de incierto final

Martingala: proceso caracterizado por no tener deriva. Este puede ser el resultado si no lo remediamos de la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica cuyo camino hoy se inicia. Un representante por comunidad, además de Ceuta y Melilla. Más los nominados directamente por el Gobierno central. En RIFDE, red de expertos liderada desde la Universidad de Vigo, nunca hemos sido tantos.

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Se espera que elevemos una propuesta. Mejor si consensuada, aunque espero no a golpes de eufemismos donde cada cual entienda algo diferente. Mejor si acaso con votos particulares, siempre más informativos. La propuesta será elevada después al Consejo de Política Fiscal y Financiera: aquí manda el Gobierno (51% del voto). Y si éste consigue el acuerdo político, para lo que le costará rascarse el bolsillo con nueva financiación, pasará a redacción legal, ya sin comunidades ni expertos. Una brecha en la que la letra pequeña puede tergiversar principios aceptados de federalismo fiscal. Acuérdense si no del juego de los anticipos, arma de destrucción masiva contra algunos políticos autonómicos.

Ante este escenario, ¿tiene lógica lo de expertos “representantes de”? ¿No es acaso la financiación un asunto de Estado, un puzle del que hoy depende parte de la gobernabilidad de España, la consolidación fiscal y los equilibrios macroeconómicos? ¿No debiera ser una comisión de unos pocos, digamos menos, expertos nombrados por el Parlamento, “a propuesta de”, y no “en representación”, de las comunidades autónomas y del Gobierno central? ¿Seremos los espadachines autonómicos evaluados en casa propia por el tamaño del botín conseguido? ¿Nos tocarán más de cinco minutos de intervención por turno, a cada uno de nosotros, para no perder el tren de vuelta de la capital?

Y, sin embargo, pese a todo lo anterior, valdrá la pena intentar esta posible martingala, que ya veremos dónde deriva. Esperemos que no en el tradicional gallinero de reivindicaciones incompatibles sobre quién tiene mayores necesidades de gasto, pelea revestida de medias verdades académicas y un ministerio que, sobrevolando el nido de cuco, apacigüe la contienda con fondos, subfondos y la vaselina de nuevos recursos para ablandar aceros. Valdrá la pena participar si somos y son capaces de reconocer y entender el hecho de que no todas las comunidades tienen igual pretensión política (no nos subroguemos aquí los expertos en una tarea que no nos corresponde) y voluntad de autogobierno. Lo dicen todos los datos al respecto: en 2009 el Centro de Investigaciones Sociológicas realizó una encuesta en la que preguntaba a los ciudadanos de las diferentes comunidades en qué posición creían que estaba el actual Estado de las autonomías y en qué posición les gustaría que estuviera. Tenían que valorarlo en una escala de cero (máximo centralismo) a diez (máxima descentralización). En todas las autonomías menos en cuatro, la descentralización deseada obtenía una valoración inferior a la observada en ese momento, es decir, ¡se prefería menos descentralización! Las excepciones eran Baleares, Cataluña, Navarra y el País Vasco. Además, en Cataluña y en el País Vasco era donde la distancia entre los dos valores era mayor.

Queda claro que una propuesta que no ofrezca un encaje a forales y catalanes es pantomima. Creo sinceramente que lo mejor sería recuperar dos vías de financiación: la más basada en capacidad —y responsabilidad fiscal— y otra más vinculada a dar respuestas conjuntas a las necesidades fiscales de modo más garantizado. También fue esta diferencia reconocida en la letra y el espíritu del pacto constitucional. Nacionalidades y regiones, comunidades del artículo 151 y 143, vía rápida y vía lenta.

Abramos pues las dos vías de nuevo. La de la capacidad fiscal, más autonomía, más responsabilidad, más riesgo financiero. Acomodemos en ella a las comunidades vascas, que ya tienen aquellas prerrogativas, pero que en ausencia de encaje compartido se ahorran la solidaridad. Veamos si este guiño de comprensión para con las comunidades históricas aleja a Cataluña de la ruptura. Y dejemos que aquellas otras comunidades que buscan garantías de gestión de gasto para atender sus necesidades fiscales por la vía de las transferencias centrales, sin asunción de mayores responsabilidades fiscales, vivan en paz sin arrastrar con sus aspiraciones otras voluntades no compartidas. Que sean vías abiertas, que no condenen a un estatus para siempre. Pero quien quiera cambiar de vía sepa que ello no es gratis y que su acomodo no ha de forzar el encaje —café para todos— de las demás.

Si lo conseguimos, los trabajos de la comisión, los esfuerzos de comprensión de un diálogo académico culto, habrán valido la pena.