Expertos piden que las forales aporten a la financiación autonómica

Un grupo de académicos, en el que participan cuatro de los expertos del comité de sabios nombrados por el Gobierno para reformar la financiación autonómica, reclama que hay que buscar fórmulas para que las comunidades de régimen foral, País Vasco y Navarra, se incorporen a la financiación del mecanismo de solidaridad interterritorial.

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Los expertos subrayan que no plantean cambiar la esencia del cupo vasco ni el concierto navarro, sino únicamente buscar fórmulas para que estos territorios participen en el sistema de financiación aportando al mecanismo de solidaridad como lo hacen el resto de autonomías. Y eso, precisan debe hacerse "respetando su asimetría financiera de raíz constitucional, por cierto, sin parangón en países federales".

Lo sostienen en el informe Nivelación interterritorial y estimación de necesidades de gasto, un título tras el cual estos académicos plantean el debate sobre qué limite debe tener la solidaridad entre las comunidades: el nudo gordiano de la discusión de la próxima financiación, que debe aprobarse este mismo año. Insisten en que "debe descartarse la extensión a otros territorios este agravio comparativo", la excepcionalidad del País Vasco y Navarro, "a otras comunidades".

El informe propone, además, aclarar el papel de Canarias, que también tiene un tratamiento diferenciado dentro del modelo de financiación, para mejorar la transparencia de los recursos que recibe.

¿Limitar la solidaridad?

Los expertos han realizado una encuesta a medio centenar de académicos de distintas universidades de toda España y otros expertos de reconocido prestigio. Y aunque el resultado muestra que existen diferencias sobre algunas cuestiones también revela un gran consenso en algunos capítulos. Precisamente uno de los puntos en los que casi todos están de acuerdo es en la necesidad de corregir las diferencias del sistema foral. Pero también "existe práctica unanimidad sobre la existencia de un desequilibrio vertical entre ingresos y gastos en contra de las comunidades". En román paladino: el Estado ha transferido las competencias de gasto más intensamente que las tributarias.

Pero el meollo del estudio es cuál debe ser el grado de solidaridad entre las comunidades. Algo que en el argot académico denominan nivelación horizontal. El dilema que plantean los expertos es que hay que decidir si la solidaridad debe reducirse a los servicios fundamentales de sanidad, educación y prestaciones sociales o, por el contrario, debe igualarse la financiación en todas las competencias transferidas, incluidas la seguridad, el medioambiente o la vivienda.

El informe elaborado por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (RIFDE) analiza "los principales problemas relativos a las diferencias de financiación en términos de población ajustada —se tiene en cuenta la población en edad escolar, el envejecimiento, la dispersión geográfica, la insularidad, etc.— así como la reordenación que se produce y que suele ser fuente de agravios y reivindicaciones".

Agravios

Estos agravios surgen porque analizando el modelo se percibe que, por ejemplo, Baleares, Madrid y Cataluña, que son aportadores netos al sistema y tienen más capacidad fiscal, quedan relegados tras el reparto de los diferentes fondos que componen el actual sistema de financiación, aprobado en 2009 por el Ejecutivo socialista de Zapatero.

Siguiendo con el ejemplo, si Madrid es la comunidad con más recursos per cápita descendería al octavo puesto en recursos por población ajustada (teniendo en cuenta la edad de la población y otras cuestiones geográficas para la determinación del coste de los servicios públicos). Baleares, por su parte, pasa desde la segunda posición en riqueza por habitante antes del reparto a la décima tras recibir los recursos del sistema de financiación. La mayoría de los más de 50 profesores y catedráticos que han participado en la encuesta "considera arbitrarias o discutibles las diferencias actuales en la financiación per cápita que proporciona el sistema". Se refiere a algunos casos de comunidades que son de las que más capacidad tienen antes del reparto y se mantiene entre las ganadoras después de la distribución de dinero del sistema de financiación.

Condicionantes políticos

El estudio dedica un capítulo especial a los condicionantes políticos que afectan a la reforma de la financiación. Hace hincapié en el panorama político "más fragmentado e inestable, tanto en la arena estatal como en las autonómicas, con los partidos tradicionales más debilitados, recluidos coyunturalmente en menos territorios y con algunos problemas internos". Algo que hace poco propicio, en opinión de los académicos que se logren grandes acuerdos como el de la financiación autonómica. Otra de las circunstancias que ponen de relieve "es el viraje en la posición política del gobierno catalán, desde un planteamiento de avance federal del sistema a otro soberanista". Los expertos recuerdan que Cataluña ha liderado siempre los debates en las sucesivas reformas de la financiación. "El modelo español, complejo desde su génesis, ha visto reforzado el influjo del enrevesado carácter de la descentralización financiera, las dudas sobre el compromiso general con la equidad y la mayor fragmentación del sistema de partidos español", señala el informe.