La juez ordena más pruebas sobre los flujos de dinero del ático de Ignacio González

La juez de Estepona (Málaga) que investiga las operaciones de compraventa del ático de lujo que tiene el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en este municipio ha ordenado nuevas pruebas para intentar aclarar los movimientos de dinero alrededor de la vivienda, supuestamente comprada por el expolítico y su esposa, Lourdes Cavero, en diciembre de 2012 a la sociedad Coast Investors LLC, radicada en Delaware (Estados Unidos). Las pesquisas incluyen una petición a la Seguridad Social para que facilite una vida laboral del matrimonio entre 2008 y 2013 y una comisión rogatoria al país norteamericano para conocer los flujos de la cuenta bancaria de la mercantil en la que se habrían ingresado los fondos tras la compra del dúplex.

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El paso dado por el Juzgado de Instrucción 5 de Estepona se produce pocos días después de recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía que aprecia “suficientes irregularidades y lagunas de información” en las sucesivas compraventas y arrendamientos del inmueble de la Costa del Sol. Coast Investors, constituida en marzo de 2008, compró la vivienda dos meses más tarde a un particular por 750.000 euros. La operación la suscribió su representante, Rudy Valner, quien supuestamente alquiló el ático al matrimonio González-Cavero en junio de ese año. El expresidente madrileño y su esposa habrían comprado la casa en diciembre de 2012.

La policía expresó sus dudas sobre los movimientos de dinero que rodean todas estas operaciones y propuso una serie de diligencias a la instructora del caso, que en estos momentos se centra en los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. González, Cavero y el empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, declararon como investigados en abril del año pasado por estos hechos. Las acusaciones personadas en el procedimiento vinculan el ático con un supuesto soborno al ex alto cargo del PP. El informe de la UDEF también precisa que en estos momentos aún no puede determinar el origen de los fondos con los que se adquirió la casa en 2008 ni poder establecer, por tanto, su posible “ilicitud”.

Fuentes judiciales han explicado que la comisión rogatoria para las autoridades de Estados Unidos se está traduciendo ya. La propia policía advirtió de la urgencia de esta medida porque la información que se pide, centrada en la compra de 2012, podría no estar disponible a partir de finales de año por “la política de conservación de datos” en este país. Las fuentes recuerdan que la anterior petición de auxilio internacional no pudo cumplimentarse porque se refería a las cuentas de Coast Investors de 2008 y los datos no estaban disponibles al haber pasado más de cinco años.

La juez también ha ordenado remitir distintos oficios a las entidades bancarias vinculadas a las cuentas desde las que supuestamente se abonaban los gastos cuando la vivienda estaba alquilada por el matrimonio, entre junio de 2008 y diciembre de 2012. Esta diligencia persigue aclarar otras sospechas de los investigadores. En su informe, fechado el 7 de febrero, apuntaban que “no queda acreditado” que los pagos por ese arrendamiento “se abonaran en tiempo y forma”.

Existen dudas sobre si se habrían pagado todas las facturas del alquiler, una “apariencia descuidada” que, para la UDEF, puede deberse a que falte documentación en la causa, aunque también a que “no exista realmente correspondencia entre facturas y transferencias, tratándose de una simulación, en la que se efectuarían ciertos pagos al objeto de dar apariencia de verosimilitud”.

El matrimonio González-Cavero defiende que disfrutó del ático en régimen de alquiler entre junio de 2008 y diciembre de 2012, fecha en que lo compraron por 771.000 euros (sin deducir gastos, 741.000 una vez descontados). Esta cantidad se habría cubierto con el finiquito que Cavero, propietaria del 80% del inmueble, recibió en mayo de 2011 tras más de 25 años en la patronal del sector eléctrico, que ascendió a 713.475 euros brutos. La pareja ha aportado esta documentación a la causa. Tanto el alquiler como la compra fueron suscritos con Coast Investors, una sociedad cuya actividad, según la policía, solo está vinculada a esta vivienda de Estepona a pesar de que su objeto social es “adquirir intereses sobre bienes inmuebles en el país de España”.