La justicia obliga a cambiar el nombre de Guadiana del Caudillo
El alcalde popular del municipio extremeño recibió un premio de la Fundación Francisco Franco
El Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Badajoz ha estimado este jueves un recurso del PSOE para que se cambie el nombre de la localidad de Guadiana del Caudillo(2.500 habitantes). La sentencia, con fecha del 29 de noviembre, también obliga a la elaboración de un catálogo de vestigios relativo a la Guerra Civil y la dictadura franquista para su retirada posterior. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para lo que tiene un plazo de 15 días desde su notificación. Sus responsables consideran que la denominación es “sustancial” al municipio “desde su origen” —fue fundada por colonos a finales de los años 40 del siglo pasado—, “no afectar” a la Ley de Memoria Histórica y “ser contrario libertad ideológica consagrada en la Constitución”.
El fallo judicial se conoce poco después de que el alcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, recibiera un premio de la Fundación Francisco Franco el pasado 2 de diciembre junto a Juan Antonio Morales, secretario provincial del PP en Badajoz y diputado autonómico, y Ana Rivelles, alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo). El secretario general del PP de Extremadura, Fernando Manzano, ha señalado que, de haberlo sabido, "hubiera impedido" la asistencia de los miembros del PP en su autonomía a dicho acto. El vicepresidente de la Fundación, Jaime Alonso, explica que se les dio el galardón "por defender, con honestidad y valentía, la verdad histórica, el respeto al pluralismo ideológico e histórico y el imperio de la ley como norma orientada al bien común y no como instrumento totalitario para borrar, imponer y prohibir el conocimiento de la realidad hispana".
El grupo municipal socialista presentó el pasado 29 de abril una moción en la que instaba al Consistorio a seguir los trámites necesarios para la eliminación del término "caudillo" del nombre del municipio y, en definitiva, a cumplir con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Rafael Lemus, secretario general socialista en la provincia de Badajoz, ha celebrado lo que considera una sentencia pionera, ya que entiende que puede sentar un precedente y jurisprudencia en relación con otras localidades cuyo nombre está vinculado al del dictador Francisco Franco. Respecto al recurso del Ayuntamiento gobernado por el PP, Lemus ha observado que "un partido que dice que es democrático no tendría que recurrir la sentencia. [...] Hacerlo es un comportamiento inaudito dentro de la convivencia democrática de este país". Isabel Rodríguez, portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, preguntará en la sesión de control de la semana que viene a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, del PSOE, señaló en octubre que aquellas localidades de la provincia con reminiscencias franquistas en su nombre no recibirán subvenciones de esta institución en 2017. En la provincia, además del caso de Guadiana del Caudillo, está Villafranco del Guadiana, pedanía de la ciudad de Badajoz. El abogado Eduardo Ranz también ha presentado ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un escrito en el que anima a que se retiren las ayudas públicas a una docena de localidades de España en cuyo topónimo aparece el término "caudillo".
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