El Ejecutivo no cerrará las centrales de carbón y deja su final en manos del “mercado”

España aumentó el pasado año en un 3,2% los gases de efecto invernadero que expulsa a la atmósfera. Mientras, en el resto del mundo las emisiones de CO₂ relacionadas con la generación de energía y la industria se estancaron. Ese estancamiento internacional se debe a que China y Estados Unidos redujeron el uso del carbón. Y en España el carbón también fue la causa de que aumentara los gases de efecto invernadero: las eléctricas usaron un 23% más de este combustible que en 2014 para producir energía. 

Más información

La quema de carbón para generar electricidad creció un 23% en 2015

EDITORIAL Prosperidad sin más emisiones

El ministro de Energía ha rechazado que el Gobierno vaya a decretar un cierre de las centrales de este tipo, como le ha pedido desde Marrakech Greenpeace. Esta organización propone un "cierre progresivo" de estas térmicas en España que terminaría en 2025.

"No vamos a hacer un cierre del carbón", ha advirtido Nadal. El ministro ha dejado el declive de esta fuente de energía en manos del "mercado". Nadal ha vaticinado que los precios del carbón, el aumento de las energías renovables en el sistema español y el mercado de compra de derechos de emisiones —que obliga a las centrales a pagar un canon por cada tonelada de CO₂ que emiten a la atmósfera— harán que haya "una menor utilización" de este combustible.

Minas no rentables

Lo que sí hará España es cumplir en 2018 con el cierre de las minas nacionales que no sean rentables. Eso podría llevar al fin de algunas de las centrales que dependen directamente del carbón nacional, unas diez de las 25 térmicas de España, según cálculos de la especialista de Greenpeace Tatiana Nuño. La duda está en qué se hará con el resto de centrales, que usan carbón de importación; este, debido al descenso de su uso en China y EE UU, está muy barato.

Sobre el papel, el planteamiento de Nadal —esto es, que será el propio mercado el que desincentive el uso del carbón— podría funcionar. Pero fuentes del sector energético explican que el problema está al bajar a la realidad: el canon que pagan las centrales como penalización por las emisiones está por los suelos. La tasa "está ahora en unos seis euros por tonelada de CO₂", advierten. Con ese coste tan bajo, a las eléctricas les compensa pagar por usar carbón.

Este mercado de derechos de emisiones es europeo. Algunos miembros de la UE han decidido imponer cánones adicionales para desincentivar el uso de los combustibles más sucios.

Isabel García Tejerina, ministra de Medio Ambiente, defiende que España sí ha reducido las emisiones de gases en los sectores que no están dentro del mercado de carbono, los llamados difusos, que incluyen el transporte, la agricultura o las edificaciones. Tejerina y Nadal serán los encargados esta legislatura de aprobar una ley de cambio climático, que deberán consensuar con otros partidos en el Congreso. Esa ley recogerá los esfuerzos que tendrá que hacer España en los próximos 15 años. El Gobierno debe trasladar a la norma nacional los objetivos que la UE ha fijado para todos sus miembros y que están incluidos en el Acuerdo de París contra el cambio climático.