La Guardia Civil acusa al exalcalde de Chiloeches de prevaricación medioambiental

Al margen del incendio de agosto —que ya ha costado entre cinco y ocho millones de euros a las arcas públicas, según fuentes conocedoras de estos trabajos—, la investigación del Seprona por delitos medioambientales tiene dos patas. En la primera se investigan las irregularidades en el tratamiento de los residuos. En la segunda se trata de aclarar cómo pudo este complejo gestionar miles de toneladas de desechos durante años sin una autorización ambiental en vigor —competencia de la Junta de Castilla-La Mancha— ni licencia municipal —competencia del Ayuntamiento—.

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El actual Consistorio de Chiloeches clausuró el pasado junio las instalaciones, precisamente por no tener licencia. En agosto, cuando se incendió, Ahora Chiloeches —que gobierna la localidad— sostuvo que la planta "llevaba operando varios años, siempre en situación de ilegalidad".

Desde 2010

Un informe del arquitecto municipal del 25 de noviembre de 2010 al que ha tenido acceso EL PAÍS ya reconocía la ilegalidad de la planta. "La nave 1 tiene licencia de obras y de actividad", apuntaba el escrito. "El resto de naves (la 2 y 3) así como las edificaciones auxiliares (aparcamientos, casetas, depósitos y cobertizos de materiales) no cuentan con ningún tipo de licencia", añadía. El Consistorio, entonces del PP, intentó que los propietarios regularizaran las instalaciones, algo que no hicieron. En el escrito se reconoce que "el Ayuntamiento declaró la caducidad y archivo del citado expediente" de regularización. Y la planta siguió funcionando pese a no tener los permisos y ser ilegal.

El Juzgado de Instrucción 1 de Guadalajara, encargando del caso, ha tomado declaración este viernes a varios testigos. Entre ellos, al actual alcalde, Juan Andrés García. Según ha declarado, la última actuación municipal sobre la planta de residuos peligrosos se remonta a mayo de 2012. Fue un nuevo requerimiento para que regularizara su situación. "Desde entonces no había nada, ni inspecciones ni nada", ha explicado a EL PAÍS. Su equipo, al llegar al Ayuntamiento en 2015, investigó la planta, descubrió que carecía de licencia y la cerró.

Prevaricación medioambiental

Por permitir presuntamente que la planta operara la Guardia Civil acusa al exregidor del PP César Urrea de "prevaricación medioambiental", delito recogido en el artículo 329 del Código Penal. Urrea fue alcalde entre 2011 y 2015, año en el que fue desalojado por Ahora Chiloeches y el PSOE. Antes había sido edil de Urbanismo. Urrea ha rehusado este viernes ofrecer su versión a este periódico. Cuando fue interrogado por la Guardia Civil dijo que "no tenía conocimiento claro" de la ilegalidad de las instalaciones, según fuentes conocedoras de la investigación.

La Junta de Castilla-La Mancha también era consciente de las carencias de las instalaciones, ya que aquel informe del arquitecto municipal de 2010 fue remitido a esta Administración. A finales de 2014, tras un largo proceso administrativo, la Junta suspendió la autorización ambiental de la planta, una decisión que fue luego respaldada por el Tribunal Superior de Justicia. Pero siguió funcionando pese a carecer también de permiso ambiental. El viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio González, dimitió a mediados de este mes tras conocerse su relación con una de las empresas que gestionaba estas instalaciones.