Una juez abre juicio oral contra nueve personas por la formación en Andalucía

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha abierto juicio oral contra el empresario José Sivianes y otras ocho personas por un presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación que su compañía recibió del Gobierno andaluz entre 2010 y 2012. Según el auto, la entidad Formación Integral para el Empleo sumó en ese periodo más de cinco millones de euros para programas que presentan "numerosas irregularidades". La magistrada censura que el supuesto fraude fue posible gracias al sistema de control de la Junta de Andalucía, que se limitaba "a una comprobación formal del dinero empleado". Esta resolución ahonda en las diferencias entre los propios magistrados que investigan la causa de la formación sobre la responsabilidad de la Administración. 

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En su resolución, la juez señala que los nueve acusados lograron armar "un entramado documental" para justificar ante la Junta las ayudas recibidas para los cursos, cuyo coste real era un "70% menos" que el que la compañía declaraba a la Administración. Así, "gran parte del dinero defraudado se canalizó a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia, la duplicidad en las horas facturadas y operaciones de ampliación de capital que no son sino mecanismos ficticios". "De esta forma, si el coste real de la hora de clase de un docente era 20 euros, se facturaban a 80 euros. Y el mismo concepto se facturaba por duplicado", explica la magistrada. Asimismo, se facturaba el alquiler de equipos o mobiliario a un coste "notablemente superior" o productos inexistentes o no suministrados. En este sentido, el empresario utilizó para justificar las subvenciones con facturas falsas de dos sociedades, Vicafer Gestión y Bio Oil Doñana, que operan en el sector del aceite para mayoristas. Acusados de presuntos delitos de fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad en documento mercantil, la juez ha impuesto una fianza de 3 millones para Sivianes y su mujer, y de 20.000 euros para los otros siete acusados.

La magistrada señala en su escrito que estas irregularidades eran posibles gracias al sistema que la Junta tenía implantado para justificar las subvenciones. Según la juez, los beneficiarios "no estaban obligados a aportar a la Administración las facturas sino solo obligados a almacenarlas y, presentar, simplemente, un informe de auditoría externa que ellos mismos pagaban con cargo a las subvenciones obtenidas". Fernández censura que la Junta "se limitaba a una comprobación formal del dinero empleado, es decir, que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas".

La resolución de Fernández sobre el papel de la Junta pone de manifiesto las diferencias entre los instructores sobre este aspecto. El pasado junio, la magistrada del Juzgado de Instrucción 4 de Jaén, Carmen Ballesteros, archivaba la investigación sobre el fraude en esta provincia andaluza y aseguraba que "no existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta de Andalucía destina al pago de tales subvenciones [...] fueran malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia Administración". Al contrario, el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, Javier Romero, consideraba semanas antes al Gobierno andaluz responsable "por acción u omisión del despilfarro" de estos fondos públicos. El titular censuraba la "absoluta falta de control en todas las fases" por parte del Ejecutivo autónomo, al que recriminaba que permitiera la picaresca de estos empresarios, que inflaban sus facturas con los conceptos más disparatados. 

Desde que el supuesto fraude en la formación saltara hace más de dos años, más de una decena de juzgados de la comunidad continúan investigándolo. Durante este periodo, se han ido archivando o desgajando en piezas en función de las empresas o ayudas. Asimismo, el pasado julio, la Audiencia de Málaga ya condenó a un empresario a dos años y medio de prisión por un delito contra la Hacienda Pública y otro de estafa en dos cursos de formación.

Paralela a la investigación judicial, el Parlamento andaluz celebró antes de verano una comisión de investigación para analizar el papel del Ejecutivo en la gestión de estas ayudas. A la espera de que los partidos políticos presenten oficialmente sus conclusiones, solo los socialistas niegan que existan responsabilidades políticas. El PP y Podemos concluyen que deben responder tanto la actual presidenta, Susana Díaz, como sus antecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como una treintena de altos cargos. 

La inversión total de la Junta en formación en la década de mayor inversión (2002-2012) asciende a 2.896 millones. Según los datos facilitados por la Consejería de Empleo a finales de mayo, el Ejecutivo andaluz reclama en firme 90 millones y otros 51 están en periodo de alegaciones por parte de las compañías. De estos, se han recuperado 7,6 millones.