Ciudadanos exime a Díaz de responsabilidades políticas en la formación

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha señalado como responsables políticos del presunto fraude en la formación, las irregularidades detectadas en las subvenciones otorgadas para cursos a parados, a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los consejeros competentes de esa materia. En sus conclusiones de la comisión de investigación celebrada en el Parlamento sobre el caso, y al contrario que el PP y Podemos, Ciudadanos exime de toda responsabilidad a la actual presidenta del Ejecutivo autónomo, Susana Díaz. Tras la decisión de Ciudadanos, el PSOE andaluz es el único partido del Parlamento que no pedirá responsabilidades políticas por este fraude.

A preguntas de los periodistas, Marín ha asegurado que su partido no comparte con el PP y Podemos que Díaz tenga responsabilidad en el fraude y que se equivocan al decir que la presidenta paralizó los cursos de formación. "Fue Griñán quien lo hizo en 2012, ella continuó esa decisión", ha añadido el portavoz, quien ha matizado que a Díaz sí se le puede achacar "la tardanza en volver a poner en marcha los cursos y en solucionar el problema". Aún así, Marín ha considerado que la decisión de paralizar el programa de subvenciones fue "coherente y acertada" porque se requería "parar, fiscalizar y exigir responsabilidades".

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Ciudadanos, cuyo apoyo permitió la investidura de Díaz como presidenta, concluye que sí tienen que responder los máximos responsables del Gobierno andaluz entre el periodo 2002 y 2012 y sus consejeros con competencias en esta materia. Si bien, Marín ha aclarado que su partido no dice que Chaves y Griñán "se hayan llevado nada". También ha considerado que, posiblemente, esas responsabilidades políticas ya estén "amortizadas" porque ambos ya dejaron su cargo público. A mediados de junio de 2015, Griñán formalizó su renuncia a su escaño de senador del PSOE y dos semanas después Chaves renunció a su escaño como diputado. 

La Cámara autonómica, donde los socialistas se encuentran en minoría con 47 de los 109 diputados, debatirá sobre las conclusiones de la comisión de investigación con un denominador común mayoritario: hay responsabilidades políticas del Gobierno andaluz en el fraude.  Así, el PP exige responsabilidades a Díaz, a Griñán, a Chaves y a otros 32 cargos de la Junta. Los populares concluyen, como sostenía antes de que se iniciaran los trabajos de los grupos en el Parlamento, que “hay hechos más que evidentes que demuestran la responsabilidad política de la Junta de Andalucía y la pérdida de dinero público”.

A Díaz le atribuyen responsabilidad por “falta de colaboración con los trabajos de la comisión”, “ocultar información fundamental”, paralizar la formación profesional para el empleo durante cinco años, “participar de forma activa en la recepción de fondos de formación profesional para el empleo para el PSOE andaluz a través de los alquileres de las sedes con UGT”; “faltar a la verdad al ocultar relaciones familiares con la formación" y “permitir que no se actúe con diligencia” para la recuperación y reclamación del dinero defraudado.

En este sentido, Podemos va más allá y, según el portavoz de esta formación en la comisión de investigación, Juan Ignacio Moreno Yagüe, Díaz "no debería seguir al frente de la Presidencia del Gobierno andaluz". Por su parte, IU reclamará responsabilidades directas a la cúpula de la Consejería de Empleo y subsidiarias al Consejo de Gobierno por el fraude detectado.

El secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, defendió el lunes que no ha habido menoscabo de fondos públicos y que se trata de un "escándalo inventado". Según Cornejo, las comparecencias han "desmontado la teoría de la conspiración del PP" y han demostrado que se aplicaba la normativa de forma rigurosa. También defendió que las excepciones para reclamar justificaciones eran perfectamente legales.

La inversión total de la Junta en formación en la década de mayor inversión (2002-2012) asciende a 2.896 millones. Según los datos facilitados por la Consejería de Empleo a finales de mayo, el Ejecutivo andaluz reclama en firme 90 millones y otros 51 están en periodo de alegaciones por parte de las compañías. De estos, se han recuperado 7,6 millones.