Rajoy acepta con matices los seis requisitos de Rivera para negociar

La reunión de la ejecutiva con la que el líder del PP arañó una semana más al ultimátum de Rivera — “Solo negociaremos con candidatos que confirman fecha para su investidura”, había dicho el presidente de Ciudadanos— concluirá hoy con la escenificación del cierre de filas en torno a Rajoy. El Comité Ejecutivo delegará en él la negociación a partir de mañana de los “matices”, “concreción” e “implicaciones legales” de los seis requisitos de Ciudadanos, según fuentes de la dirección. El PP se esforzará en dar el mensaje de que es “generoso”, acepta la propuesta y se sienta a concretarla, lo que implicaría constituir una comisión negociadora.

Los vicesecretarios Pablo Casado, Andrea Levy y Fernando Martínez-Maillo, así como el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, o el del PP andaluz, Juan Manuel Moreno —todos miembros de la ejecutiva—, creen que las condiciones son “asumibles”, pero exigen matices y concreción. El Gobierno ha elaborado un informe jurídico sobre las medidas, especialmente sobre las que obligarían a modificar la Constitución o los estatutos de autonomía.

Reforma de la ley electoral.  El PP cree que Ciudadanos busca reformar la ley para “beneficiarse a sí mismo”, pero está dispuesto a dialogar sobre cambiarla. Se acogen, no obstante, a la dificultad de la reforma para no dar un sí rotundo a este requisito. “La reforma de la ley electoral se ha hecho siempre con el apoyo de los dos grandes partidos, es decir, el PP y el PSOE, y habría que concretar de qué forma se busca esa proporcionalidad que pide Ciudadanos”, explica Maillo. “Rivera es plenamente consciente de que todo esto no puede hacerse de un día para otro”.

El PP comparte la necesidad de cambiar el voto rogado para los residentes en el extranjero —llevaba en su programa una promesa similar a la que ahora exige Ciudadanos—, y el debate sobre las listas abiertas está presente en el partido. Nuevas Generaciones y líderes regionales como la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, han abogado por instaurar listas abiertas y primarias. El PP también descarta que la limitación de mandatos vaya a ser un problema. “Es un pacto no escrito. Ni Aznar ni Zapatero superaron los ocho años”, dijo Casado.

Aforamientos y suspensión de imputados. La cúpula del PP no espera hoy en el Comité Ejecutivo a Rita Barberá para opinar sobre dos condiciones que podrían afectarle directamente: la supresión de los aforamientos y la suspensión del cargo público para los imputados por corrupción —ella no lo está, pero un juez y la fiscalía así lo han solicitado al Supremo—. En cualquier caso, la exalcaldesa de Valencia puede terminar siendo una de las piezas que finalmente se cobre simbólicamente Ciudadanos porque el propio PP cree que su situación es “muy difícil”. La hoy senadora tiene abierto un expediente en el PP, que espera a la decisión del Supremo para actuar en la misma línea que con los concejales valencianos investigados, a los que ha suspendido de militancia. El PP teme, no obstante, que Barberá se resista y se atrinchere en el Grupo Mixto como hizo el diputado Pedro Gómez de la Serna, investigado por presunto cobro de comisiones ilegales.

El PP recuerda que en su programa incluían la promesa de reducir los aforamientos, pero insisten en que para suprimirlos es necesario modificar la Constitución y los estatutos de autonomía, para lo que, de nuevo, son necesarios más votos que los suyos.

Comisión de investigación. Al PP le gustaría que la comisión parlamentaria sobre su presunta financiación ilegal que exige Ciudadanos se extendiera a otros partidos y fuera genérica sobre la corrupción, pero sabe que, en cualquier caso, el resto de fuerzas políticas podría forzarla simplemente porque juntos tienen más votos que el PP. De hecho, el PSOE presentó el pasado viernes en el Congreso la solicitud para crear una comisión de investigación “sobre la financiación ilegal y otras tramas de corrupción que afectan al PP”. Cifuentes está convencida de que se convertirá en “un juicio universal contra el PP”, pero opina que “es mejor colaborar que oponerse”.

Indultos por corrupción. El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón indultó a siete funcionarios o cargos públicos por delitos de corrupción, pero el PP acepta ahora sin reparos este requisito. Afirman que ya estaba en la oferta negociadora que enviaron a PSOE y Ciudadanos en febrero.

Resuelto el trámite del Comité Ejecutivo Nacional —en el que nunca se ha tomado una decisión en contra del líder —, Rajoy tiene previsto reunirse esta misma semana con Rivera. Tras su última reunión declaró que la fecha del debate de investidura, la condición primera de Ciudadanos, se pondría después de la ejecutiva.