El Consejo de Estado también pone pegas a las reválidas educativas

Hasta 335.991 alumnos de ESO y otros 229.332 de Bachillerato, según datos del Ministerio de Educación, harán las reválidas el curso que viene por primera vez. Durante cuatro días (hasta cinco en las comunidades con lengua cooficial), se enfrentan a una evaluación que, a partir de 2018, deben aprobar forzosamente para obtener un título y pasar de ciclo. La prueba de Bachillerato sustituye a la Selectividad. Los que no aprueben en 4º de ESO solo podrán matricularse en FP básica. Los que no saquen al menos un cinco en la evaluación de 2º de Bachillerato no podrán ir a la Universidad, sino a Formación Profesional de grado superior.

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Hasta 12 comunidades autónomas rechazan la prueba a la que el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes y algunas amenazan con recurrir el decreto que las regula. Un portavoz de Educación responde que se han producido hasta nueve reuniones oficiales para debatir su contenido en los últimos dos años. Asociaciones de familias de la escuela pública y los principales sindicatos de enseñanza también se oponen al examen. A las críticas se suma una de las regiones gobernadas por el PP, Castilla y León.

El último trámite que pasó el decreto de las reválidas antes de ver la luz fue la revisión del Consejo de Estado, que también planteó dudas de fondo, aunque no cuestiona que la medida haya sido aprobada por un Gobierno en funciones, como critican sus detractores. Su informe, que se acaba de hacer público, es preceptivo pero no vinculante.

2,3 millones de euros

El principal órgano consultivo del Gobierno, según la Constitución, reclama conocer el coste de las reválidas, después de que Educación le indicara que esta prueba “no supone incremento o disminución del gasto público por sí mismo”. El Ministerio de Hacienda había pedido lo mismo. A preguntas de este periódico, un portavoz de Educación señala que la de secundaria costará 2,3 millones de euros, como recogía el anteproyecto de la LOMCE y que la de Bachillerato no supondrá un coste adicional porque se compensa al suprimir la Selectividad.

El consejo también pide al Gobierno que aclare cómo es posible que un alumno se pueda presentar al examen final de ESO con dos asignaturas suspensas y obtener el título sin haberlas superado, un aspecto que no aclara el texto final publicado el 30 de julio en el BOE.

En otro punto del documento donde alude a la tramitación seguida hasta aprobar el decreto, se añade: “Llama sin embargo la atención el poco número de asociaciones afectadas que han intervenido en el procedimiento”. Entre las alegaciones, hubo organizaciones que pidieron la participación del Consejo General de la Formación Profesional. El Consejo de Estado admite que no tenían por qué convocarlo, pero “habría sido conveniente conocer su parecer, dado que el proyecto afecta a alumnos que hayan dirigido su formación —o vayan a dirigirla— al ámbito profesional”.

Educación señalaba además en los documentos enviados al órgano consultivo que las evaluaciones tendrían un efecto “muy positivo” sobre las familias al facilitar información sobre el progreso de sus hijos y garantizar su participación. El consejo replica que estas afirmaciones “no aparecen respaldadas en estudios que hayan sido incorporados al expediente”.