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Cádiz, pozo de precariedad laboral

La provincia ha encadenado 10 de los últimos 14 años coronando el 'ranking' del desempleo

Un gaditano vende el pescado que consigue todas las mañanas en el muelle.

“En Cádiz no hay futuro”. Esta afirmación, repetida como un mantra por los jóvenes de la provincia, sale esta vez de la boca de Israel Rodríguez y María Jesús González, de 29 y 28 años, que llevan desde 2013 sin un contrato de trabajo. Él tiene unos cuatro años cotizados y ella poco más de uno. Esta pareja, con dos hijos de cinco y tres años, es de “Cai, Cai”, de la capital, concretamente de La Paz, barrio ahora conectado con Puerto Real por el flamante puente de La Pepa. Esta pareja pone dos rostros a la tasa de paro de 38,32% que la provincia registró en 2015, 16 puntos más que la media nacional. No es un dato coyuntural: 10 de los últimos 14 años Cádiz ha coronado el ranking nacional de desempleo.

Ambos han trabajado siempre en la hostelería, aunque cada vez ha ido siendo más difícil. “En 2011, justo el día siguiente del nacimiento de mi primer hijo, me llamaron para trabajar. Estuve 20 meses en una cafetería, hasta que el dueño tuvo que cerrarla. Fue la última vez que tuve contrato”, lamenta Israel Rodríguez. El gaditano vio una oportunidad y se encargó del negocio cerrado gracias a un préstamo de varios proveedores, pero nunca consiguió afrontar los 9.000 euros mensuales que le costaba llevar la cafetería. Siete meses aguantó. “No se puede decir que no lo haya intentado”, apunta.

I. Rodríguez y M. J. González, gaditanos desempleados. ampliar foto
I. Rodríguez y M. J. González, gaditanos desempleados.

Con el cierre del local, la familia tuvo que dejar su casa, meter su vida en un trastero y los cuatro se refugiaron en la casa de los padres de él: “Allí vivimos tres familias en 60 metros cuadrados: mi hermana, mi cuñado y sus tres niños en una habitación; mis padres, en otra; y nosotros cuatro, en otra”, cuenta. Ninguno de los dos ha tirado la toalla, pero son realistas: “Con un contrato de hostelería puedes cotizar cuatro horas y trabajar ocho, nueve, diez, o doce”, resume Israel Rodríguez, haciendo referencia a los contratos de media jornada de empleados a tiempo completo que algunos empresarios de hostelería usan como escudo para evitar las sanciones de las inspecciones laborales.

“Lo veo todo muy negro”

Jesús, que no indica su apellido, tiene 29 años y solo ha cotizado una semana en toda su vida. Este gaditano ayuda todas las mañanas a descargar los barcos en los muelles de la capital a cambio de algunas cajas de pescado que él vende a las vecinas, por lo que consigue llevar a casa entre 15 y 30 euros al día. Vive con sus dos hijos y su novia en un piso que puede pagar gracias a una ayuda social del 90% del alquiler. Aparte de lo que gana con el pescado, no entra otro ingreso en casa. “Cuando sea viejo voy a tener que seguir vendiendo pescaíto. Lo veo todo muy negro, aquí no hay futuro”, afirma, resignado, ante la certeza de que a este ritmo no optará a alguna posibilidad de jubilación.

Trabajas doce horas, cotizas cuatro

“En las situaciones en las que hay mucha economía sumergida hay mucho empleo precario y mucho incumplimiento de la legislación laboral”, sostiene Jesús Cruz, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Este académico pone de relieve la dificultad para un trabajador de poder demostrar que trabaja más horas de las que cotiza, pero una vez superado este escollo, explica que hay tres vías: la judicial (para reclamar las horas no cotizadas), la administrativa (a través de una reclamación de inspección de trabajo) y la sindical (para reclamar colectivamente el cumplimiento de la legislación). Cruz afirma que la economía sumergida no solo repercute en el trabajador que no llegará a tener jubilación, sino también en la sociedad en su conjunto porque “reduce el desarrollo económico de la provincia”. Cádiz tiene una puntuación de 0,913 en el Índice de Desarrollo Humano, el más bajo de España (la media nacional es de 0,950). Este indicativo de Naciones Unidas mide el bienestar de la sociedad con base en tres pilares: vida larga y saludable, educación y condiciones de vida dignas. El académico sostiene que el estancamiento permanente del empleo en los últimos lustros está directamente relacionado con los bajos índices de bienestar.

“Las administraciones ven esto como un colchón, una garantía de que esto no vaya a estallar en un conflicto social”, explica Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA). Esta agrupación estimó en 2014 que la economía sumergida en Cádiz representa el 29,3% del PIB provincial: “En España en general hay una baja conciencia fiscal y todos los casos de corrupción que están saliendo últimamente tampoco ayudan a subir este nivel. Pero sin duda es el incremento desmesurado del empleo lo que ha provocado el aumento de la economía sumergida. En una provincia como Cádiz, con tanto desempleo de larga duración, esto se recrudece”.

Cádiz no solo está hundida en términos de desempleo: en la provincia hay una empresa por cada 21 gaditanos, mientras que en el resto del país hay una por cada 14 españoles. Si se amontona la deuda pública de todos los ayuntamientos de la provincia, cada gaditano tendría que pagar 1.400 euros al erario público. Son los más endeudados del país, 730 euros por encima de la media. 30 de los 44 municipios de la provincia están entre los 1.000 más endeudados del país. En España, a pesar de la crisis, el número de empresas con respecto a hace diez años se ha mantenido (ha aumentado un 0,39%). Cádiz es la quinta provincia que ha perdido más proyectos empresariales, concretamente el 6,28%. Entre los casos más sonados, el traslado de Delphi a Tánger, que dejó a 1.800 trabajadores en la calle y el cierre de Visteon en El Puerto de Santa María, que dejó a otros 400 operarios.

Conflicto laboral sumergido

María Yanitza García es una bomba de energía, un cóctel de hartazgo combinado con buen humor. Esta ubriqueña de 47 años de origen venezolano lleva los ocho últimos años ofreciendo asistencia a personas dependientes. En su trayectoria laboral ha sufrido reducciones de las horas de contrato (afirma que algunas compañeras suyas llegan a hacer tres o cuatro horas semanales, frente a las 39 horas que especifica el convenio) y retrasos de pagos “constantes”. “Muchas veces hemos tenido que comprar guantes de nuestro bolsillo, o la gasolina para llegar a un usuario, porque la empresa no los ponía a tiempo”, relata Oliva Gilibert, vejeriega de 51 años y compañera de la ubriqueña.

Cádiz no es una de las provincias con más denuncias por asuntos laborales. Según indica a este diario Ildefonso Villán, jefe de sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, esto tiene sentido: “Si la economía es mayoritariamente negra y hay poco trabajo con contrato, es lógico que haya menos demandas sobre cuestiones legales”. La tasa de litigiosidad laboral de la provincia es de 6,20%, 1,2 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

M. Y. García y O. Gilibert, auxiliares de personas dependientes y sindicalistas. ampliar foto
M. Y. García y O. Gilibert, auxiliares de personas dependientes y sindicalistas.

García siente que la han querido despedir por estar al frente de 140 trabajadoras como sindicalista de UGT: “Han sido varios años de lucha constante. Debido a los impagos, muchas compañeras tenían que ir a Cáritas y a impedir desahucios”, relata, y añade, enérgica: “Las mujeres piensan que por meterse en la lucha sindical va a haber represalias. Pues es verdad. Pero yo les doy ánimos. Les digo que tenemos que luchar”.