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Imputados dos cargos de Feijóo por negar fármacos de la hepatitis C

El juez abre diligencias por prevaricación mientras la fiscalía ve indicios también de homicidio por imprudencia profesional grave

Protesta de enfermos de hepatitis C contra la Xunta en 2015.

Dos cargos sanitarios del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo han sido imputados por prevaricación administrativa por retrasar y negar costosos fármacos de nuevo cuño recetados a enfermos gallegos de hepatitis C, algunos de los cuales fallecieron antes de recibirlos. El juez Andrés Lago Louro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago, ha decidido abrir diligencias de momento solo por este delito, pese a que la fiscalía presentó una denuncia en la que acusa a estos dos responsables de la Consellería de Sanidade también de homicidio por imprudencia profesional grave por la muerte de más de media docena de pacientes. El ministerio público sostiene que el retraso en el suministro del Sofosbuvir, un fármaco que multiplica las esperanzas de curación de los afectados por esta enfermedad, se debió a razones presupuestarias y no médicas, según ha adelantado el diario.es.

La causa gallega que instruye Lago Louro es la primera que sale adelante en España tras las restricciones impuestas por la Administración del Estado en la prescripción de los nuevos y costosos tratamientos ante la indignación de los afectados y colectivos médicos. La fiscalía de Santiago presentó denuncia el pasado enero después de que la asociación médica Batas Blancas pusiese en su conocimiento la muerte de al menos tres personas a las que se les prescribieron los nuevos fármacos pero que nunca los recibieron. El ministerio público ya señaló entonces a los dos cargos ahora investigados por el juez: el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix Rubial, actualmente máximo responsable del área sanitaria de Vigo y peso pesado de la política sanitaria de Feijóo; y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo.

"Los recortes matan"

S. V.

La oposición al PP en Galicia ha coincidido en pedir el cese de los dos cargos imputados y una comparecencia urgente de Feijóo en el Parlamento gallego, mientras que BNG y AGE han añadido en sus demandas la dimisión del propio presidente de la Xunta por “presumir de ser el campeón” del déficit y no atender las necesidades de la población. El PSdeG ha acusado a Feijóo de “poner precio a la vida” de los enfermos de hepatitis C, mientras que AGE y BNG han subrayado que el caso es una prueba de que “los recortes matan”.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha defendido que los dos cargos acusados de prevaricación por el juez y de homicidio por imprudencia profesional grave por la fiscalía “hicieron el trabajo como tiene que hacerse”. Vázquez Almuiña ha negado que se restringiesen los fármacos por razones presupuestarias y han afirmado que los criterios fueron “clínicos”. “No se trata de burocracia”, ha dicho sobre el laberinto de controles que tuvieron que sufrir los pacientes para obtener la medicina recetada por su médico, “es tener la misma accesibilidad a todos los que lo necesiten [por el tratamiento]”.

El portavoz de la asociación gallega de enfermos de hepatitis C, Quique Costas, personada en la causa como acusación popular, no piensa lo mismo. La investigación de la fiscalía, incide Costas, ha constatado las denuncias que la plataforma realizó desde que comenzaron las restricciones de la Xunta con los nuevos fármacos. El colectivo pide que se depuren “responsabilidades políticas al más alto nivel”, algo que también reclama Evaristo Varo, hepatólogo representante de la asociación Batas Blancas, impulsora de la causa.

Preguntado por la acusación de la fiscalía durante un acto organizado por el diario El Mundo en Madrid, Feijóo ha quitado hierro al asunto. "Esa denuncia afecta a dos o tres pacientes", ha dicho, tras responsabilizar a los médicos de las decisiones sobre quienes recibían el tratamiento de la hepatitis: "Ellos son los que deciden". Feijóo ha asegurado, además, que los médicos dijeron sí en el 99% de los casos que llegaron a la comisión que establece si procede o no el tratamiento y ha rechazado que los recortes y la política de austeridad hayan influido en esas decisiones, informa Natalia Junquera. "Decir eso es un disparate". La fiscalía, ha zanjado Feijóo, "es libre para investigar lo que considere oportuno".

Cuando los médicos empezaron a prescribir los nuevos tratamientos a sus pacientes, la Xunta de Feijóo impuso a los enfermos de hepatitis C un laberinto burocrático para dar el visto bueno a su dispensación. Las prescripciones de los especialistas tenían que ser aprobadas no solo por la comisión de farmacia del hospital, sino también por la Comisión Autonómica y Central de Farmacia y Terapéutica. Según los médicos que denunciaron la muerte de pacientes por las restricciones, este órgano asesor formado por tres farmacéuticos y siete facultativos nombrados por el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, ahora imputado, no tenía siquiera entre sus funciones la “anulación o confirmación de un tratamiento si no es de uso compasivo”.

Los pacientes se vieron así sometidos a una angustiosa espera sin plazos establecidos y con largos silencios por parte de la Xunta. Batas Blancas sostiene que el Sergas impuso retrasos “deliberados” a los enfermos y denegó tratamientos a personas que cumplían los requisitos. Los médicos de esta asociación citan el caso de una mujer de A Coruña que falleció tras esperar seis meses por el dictamen del Gobierno de Feijóo.

El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha dicho este lunes en Vitoria que el plan de la hepatitis C "es un éxito también en Galicia", informa Pedro Gorospe. Alonso ha explicado que el plan pretendía llegar a 52.000 pacientes y que, a falta de recibir los datos de cuatro comunidades autónomas, ya se ha tratado a 46.000. "El plan es un éxito, también en Galicia, y está llegando a todos los sitios, en todas las comunidades", ha dicho el ministro, satisfecho con el comportamiento que están teniendo todas las autonomías, "sin distinciones". "Espero en que todo pueda ser oportunamente aclarado en Galicia", ha remarcado.

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