Dejen de investigarnos, estamos trabajando

“Me pongo en contacto con usted para poner en su conocimiento la angustiosa situación en la que actualmente se encuentra el Ayuntamiento de Colmenar Viejo”. Miguel Ángel Santamaría Novoa, alcalde del PP de este municipio madrileño de 47.445 habitantes, inicia así la carta que el pasado 22 de marzo envió a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. La misiva tiene cuatro páginas que recogen las quejas de este regidor ante las pesquisas del ministerio público, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El juzgado número 3 de Colmenar Viejo investiga —nueva denominación del imputado— a este político por presuntos delitos de prevaricación urbanística tras cuatro querellas de la fiscalía madrileña.

Santamaría se presenta en la carta enviada a la fiscal general del Estado como una víctima de una “serie incesante de denuncias anónimas”. Y cita 36 de ellas que originaron la apertura de diligencias previas. “Prácticamente la totalidad de la actividad de este Consistorio se encuentra inspeccionada por la Fiscalía”, se queja el alcalde, que también ocupa un puesto de vocal en el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid a propuesta de la presidenta regional Cristina Cifuentes.

El regidor atribuye a las investigaciones un parón en la gestión municipal. “La situación en el Ayuntamiento empieza a ser límite. Prácticamente estamos empleando todos nuestros recursos en preparar los expedientes que nos requieren [los juzgados] y a defendernos de las acusaciones. Esto conlleva que no nos ocupemos de los asuntos cotidianos”, recoge el documento. En su opinión, tres funcionarios —de un total de 289 trabajadores municipales— instigan las denuncias contra él.

Santamaría aconseja a Madrigal que el ministerio público no malgaste esfuerzos indagando delitos —según él— inexistentes. “La Fiscalía tampoco está sobrada de recursos para dedicarse a casos que únicamente buscan desestabilizar la institución por unos intereses concretos y personales de algunos”.

El regidor concluye con una declaración de inocencia: “Si me atrevo a escribirle y a exponerle la situación del Ayuntamiento de Colmenar Viejo es porque mi conciencia está tranquila”. Y pide reunirse con Madrigal para profundizar en el contenido de esta misiva que lleva el cuño oficial del Consistorio. El político acaba reconociendo la singularidad de dirigirse por carta a la fiscal general del Estado. “Ruego que me disculpe si considera inapropiado el haberme puesto en contacto con usted”, añade.

Santamaría ha reconocido a este periódico la veracidad del documento. “Hemos enviado más de 45 expedientes a la Fiscalía”, lamenta. Entre esta documentación figura el contrato que el Consistorio firmó con la empresa vinculada a la trama Púnica Waiter Music para la contratación del cantante Loquillo en las fiestas patronales de 2014. "No es corrupción. A los chavales les gusta este artista y por eso le contratamos", argumenta.

Bajo el radar de la fiscalía también estuvieron expedientes urbanísticos, licencias de ocupación y una subvención a la Cruz Roja. El protagonista de esta historia se muestra “tranquilo” y dice que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya archivó cuatro querellas por “hechos idénticos”.

Junto con Santamaría, el juzgado número 3 de Colmenar Viejo también investiga a su antecesor en el cargo, el popular José María de Federico, y a una decena de concejales.