Un juez declara responsable a la Junta en el fraude de la formación

El juez Javier Romero, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, ha abierto la vía para que la Junta de Andalucía abone el dinero desviado en el fraude de los cursos de formación. Romero ha decidido declarar al Gobierno andaluz responsable civil subsidiario, una decisión inédita entre los 18 juzgados andaluces que investigan estas ayudas públicas.

Esto implica que, en última instancia, el Ejecutivo autónomo debería abonar el dinero defraudado si tras una condena los empresarios se declaran insolventes. Ello a pesar de que el dinero revierta en sus propias arcas. De momento, la propia Junta estima que el fraude asciende a 72 millones.

El juez ha resuelto definitivamente la petición que la Junta realizó hace un año, cuando el magistrado no aclaró si consideraba al Gobierno andaluz perjudicado o responsable civil subsidiario, avanzó la cadena SER. La aclaración ha llegado ahora tras las declaraciones en comisaría, el pasado 10 de marzo, de los últimos detenidos en la Operación Eduende, iniciada por la policía hace dos años en Málaga.

Estos últimos detenidos fueron cuatro cargos del Gobierno andaluz: el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva, Eduardo Manuel Muñoz; el secretario general de ese servicio, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación, José Ángel Gil Flores, y el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, Manuel María Velázquez.

A pesar de que estos cargos aún no han prestado declaración en sede judicial, el instructor ya ha decidido que la personación de la Junta en el caso será como responsable civil subsidiaria.

La Junta de Andalucía está personada como acusación en otros procedimientos judiciales sobre el fraude de los cursos de formación abiertos en la comunidad.