El CSN debe difundir los informes que cuestionan el almacén nuclear

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debe difundir varios informes internos —declarados confidenciales por este supervisor— que cuestionan la idoneidad del emplazamiento elegido para el almacén de residuos radiactivos de Villar de Cañas (Cuenca). Así lo establece una resolución del Consejo de Transparencia, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la reciente Ley de Transparencia. Entre esa documentación del CSN está el análisis de una prestigiosa consultora que concluía que "el emplazamiento previsto es inadecuado".

El presidente en España de la asociación Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, pidió al CSN en octubre de 2015 información sobre el proceso de autorización del Almacén Temporal Centralizado (ATC), una obra millonaria proyectada para acoger residuos nucleares. Tres meses antes, el pleno del CSN —con cuatro votos a favor y uno en contra— había informado favorablemente de la "idoneidad del emplazamiento" para esta instalación, cuya construcción aún no ha comenzado. Ese visto bueno se dio a pesar de que algunos técnicos del CSN cuestionaban los suelos elegidos.

Transparencia Internacional solicitó al CSN varios informes que contenían las dudas sobre los terrenos. Pero el CSN se negó a facilitar esa documentación. Ante esa respuesta, en diciembre, esta asociación se dirigió al Consejo de Transparencia, un organismo independiente creado en 2014 para mediar cuando existan discrepancias en la aplicación de la nueva Ley de Transparencia.

Este consejo emitió el 24 de febrero pasado su resolución sobre el caso, que está firmada por su presidenta, Esther Arizmendi Gutiérrez. En ella se da la razón en parte a Transparencia Internacional y se insta al CSN a que en el plazo de 15 días entregue algunos de los informes solicitados. Se trata de los estudios sobre la geotecnia y la hidrogeología del emplazamiento de Villar de Cañas y el análisis realizado por la consultora externa URS sobre las condiciones de los suelos.

EL PAÍS accedió a parte de las conclusiones de URS hace algo más de un año. Esta consultora señalaba que la "excepcionalidad de las condiciones de expansividad potencial que presenta el terreno de cimentación" podría hacer imposible asegurar la estabilidad de las edificaciones previstas. El único de los cinco miembros del pleno del CSN que se negó el pasado julio a dar el visto bueno al emplazamiento —la socialista Cristina Narbona— emitió un voto particular en el que advertía: "Los tres informes independientes encargados a la consultora URS (considerada una de las más prestigiosas empresas globales de ingeniería, con amplia experiencia en más de 150 países) certifican los numerosos y graves problemas identificados en los terrenos seleccionados".

Pero, hasta ahora, esos análisis, como el resto del expediente del ATC, estaban declarados confidenciales por la dirección, lo que implica —además de la prohibición de su difusión— que solo se manejan copias en papel y numeradas. Ahora, el Consejo de la Transparencia obliga a facilitárselos a la asociación que dirige Lizcano. Pero su pronunciamiento no es vinculante. Si el CSN se niega a dar esa información se podría iniciar un proceso judicial.

Nota informativa oculta

Sin embargo, el Consejo de la Transparencia no da completamente la razón a los denunciantes. La asociación había reclamado más documentación que en la resolución se indica que no debe facilitarse, ya sea porque no es competencia del CSN o porque admite que es "información auxiliar o de apoyo", según se apunta en el escrito.

Es el caso, por ejemplo, de la nota informativa que los técnicos del área de Ciencias de la Tierra del CSN emitieron en julio de 2015. En ese escrito, al que también tuvo acceso EL PAÍS en julio, se alertaba de las "características desfavorables" del emplazamiento. Los técnicos planteaban la "duda razonable" sobre si se habían evaluado rigurosamente los recursos que se necesitan para paliar las carencias de la parcela.

La nota fue ocultada por la dirección técnica del CSN a los cinco miembros del pleno al considerar que no tenía "trascendencia técnica". En julio de 2015, se acordó que la dirección técnica presentara un informe sobre esa nota y las circunstancias de este caso. Debía haberse presentado en el pleno, algo que aún no ha ocurrido. Pero el Consejo de la Transparencia da la razón al CSN, que no quiere facilitar la nota oficialmente al considerar que se trata de "información auxiliar o de apoyo".