Indulto de lujo para la fábrica que no quería nadie

El mandato de Mariano Rajoy deja una gran sorpresa para sus paisanos. Por obra y gracia de un inesperado cambio legal y tras la renuncia de Gobierno y Xunta de Galicia a endurecer los exámenes ambientales, Pontevedra se prepara para una realidad que el PP defendía hace nada como un imposible: que la fábrica de pasta de papel con la que la dictadura franquista sepultó uno de los bancos marisqueros más ricos de Galicia siga 60 años más, hasta 2073, funcionando sobre litoral público. El Gobierno en funciones de Rajoy acaba de prorrogarle a la multinacional Ence la concesión en dominio público marítimo-terrestre que expiraba dentro de dos años y no solo lo ha hecho por el máximo posible que establece la ley sino que improvisó una excepción reglamentaria para salvarla de la evaluación ambiental exhaustiva que marca la normativa.

Ence, la empresa que se hizo con la pastera estatal en los años noventa y que cuenta con tres excargos de Medio Ambiente del PP en su consejo, fue una de las grandes beneficiadas por los retoques de la Ley de Costas que impulsó el Gobierno de Rajoy en 2013 sin haberlos siquiera mencionado en su programa electoral. Su concesión junto a la ría de Pontevedra iba a expirar sin remisión en 2018, pero la reforma le permitió prorrogar el permiso si obtenía un informe ambiental favorable de la Xunta. Aunque por entonces el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo proclamaba que el desmantelamiento de la factoría era “irrenunciable” y que el visto bueno solo se le daría imponiéndole un estricto catálogo de exigencias, Ence obtuvo hace pocos meses la bendición autonómica con un documento que se limita a certificar que la instalación cumple lo que ya cumplía, es decir, los límites de vertidos y emisiones al aire que le marca la autorización ambiental de la que venía disfrutando.

La fábrica levantada en la década de los cincuenta siempre ha estado en el epicentro político. El rechazo al indulto es mayoritario en la corporación municipal salida de las urnas en mayo. Contra la permanencia de Ence en la ría están alineados el Bloque Nacionalista Galego (BNG), partido más votado y sobre el que recae la alcaldía desde 1999, el PSOE y la Marea de Pontevedra, mientras que PP y Ciudadanos están a favor.

En el caso de los populares, el cambio de Rajoy en la Ley de Costas los pilló subidos públicamente al carro anti-Ence y con la expulsión de la factoría en su programa electoral. “No cabe la posibilidad de mantener Ence en la ría”, sentenciaba Feijóo en 2009. “No vamos a decir una cosa y a hacer la contraria”. Con Rajoy ya como presidente, el consejero de Medio Ambiente de la Xunta advertía fieramente a la empresa de que el traslado en 2018 era “absolutamente irrenunciable”. Sin darse por aludida, Ence siguió realizando inversiones millonarias en la planta pontevedresa. La empresa explica que mantuvo esta inyección de dinero porque “la competitividad existente en el sector global de la celulosa hace que resulte imposible mantener una posición sólida en el mercado si no se realizan inversiones de forma continua”, aunque añade que la de Pontevedra es la factoría que ha recibido menos fondos en los últimos años por la incertidumbre de la concesión.

Justo dos meses antes de que la nueva ley fuese publicada en el BOE, Ence nombró consejera a Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente con José María Aznar y consejera electiva del Consejo de Estado. Con una retribución que en 2014 alcanzó los 68.000 euros anuales, Tocino se incorporaba así a un consejo de administración donde se sientan otros dos excargos de Medio Ambiente del PP. El más veterano es Pascual Fernández Martínez, secretario de Estado de Aguas y Costas entre 2000 y 2004, que llegó a Ence un año después de que la victoria del PSOE en 2004 le dejase sin despacho en el Gobierno. Solo en 2014 Fernández cobró de esta empresa 84.000 euros, 12.000 más que Carlos del Álamo, exconsejero de Medio Ambiente de la Xunta con Manuel Fraga.

El presidente de la Asociación en Defensa de la Ría de Pontevedra, Antón Masa, considera que la presencia de excargos del PP en el consejo de Ence es el rastro de una “connivencia política” que, asegura, ha permitido a la empresa tener “una Autorización Ambiental Integrada que es ilegal porque permite, entre otras cosas, contaminar más de lo que establece la legislación”. Ence esgrime que “en todos los casos” la presencia de exministros, exconsejeros o exsecretarios de Estado “tiene que ver con sus conocimientos y experiencia” y destaca que Tocino se ha incorporado 13 años después de dejar la cartera ministerial.

Cuando el BOE publicó el 30 de mayo de 2013 la modificación legal que permitía la prórroga a la fábrica pontevedresa, la contundencia del Gobierno de Feijóo a favor del traslado se transformó en promesa de mano dura. “Lo que tiene que tener claro Ence es que su permanencia en la ría no va a ser ‘sí o sí’ y por supuesto en ningún caso será como hasta ahora”, afirmaba el consejero de Medio Ambiente, mientras Feijóo instaba a reflexionar sobre la cantidad de empleos que desaparecerían con la fábrica. La planta pontevedresa, con 366 trabajadores, asegura que de su actividad dependen 5.000 empleos en Galicia, sobre todo del sector del eucalipto con el que fabrica la pasta de papel.

Pero la severidad ambiental tampoco ha sido la anunciada. La Xunta ha emitido un dictamen favorable que se limita a acreditar que Ence cumple con las exigencias legales y los requisitos que le marca su Autorización Ambiental Integrada, renovada en 2013. Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente admiten que se trata de un informe ambiental “igual al de cualquier empresa” y alegan que la competencia para requerir contraprestaciones a la empresa por seguir disfrutando del litoral público es del Ministerio de Medio Ambiente. Desde el departamento ministerial, por su parte, explican que su función se limita a “conceder una prórroga a una concesión anterior y, por tanto, comprobar si las mismas condiciones anteriores que se requerían se cumplen”.

A falta de nuevas exigencias por parte de la Administración, la empresa ha presentado un documento con mejoras por 60 millones de euros que promete ejecutar en ahorro de agua, integración paisajística y eliminación de olores, entre otras cosas, un compromiso de inversiones que le ha supuesto un plus de una década más de ocupación del litoral público sobre el tope inicial de 50 años.

El alcance del informe ambiental de la Xunta sobre Ence sufrió una mutilación. El proyecto inicial del reglamento del Gobierno central que desarrolla la reforma de la Ley de Costas, al que ha tenido acceso este periódico, establecía que en el caso de la celulosa ese dictamen autonómico debía determinar “los efectos que la ocupación [del litoral público] tiene para el medio ambiente” e incluir “en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente”. La versión que salió publicada en el BOE eximía, sin embargo, a Ence de esta evaluación exhaustiva por contar la fábrica pontevedresa con una autorización ambiental integrada. El cambio introducido por el equipo de Rajoy dio vía libre para que la pastera siga operando en la ría de Pontevedra hasta 2073 sin ninguna exigencia ambiental extra.